Las negociaciones por el segundo rescate de España han comenzado.
Serán duras; muy duras. Durarán unas semanas. Y si la mayor crisis de
las últimas décadas no se disuelve como un azucarillo con apenas 12
palabras de un banquero central (aquel ya célebre “haré lo que sea para
salvar el euro; y créanme, será suficiente” de Mario Draghi), lo más
probable es que Madrid no pueda librarse de solicitar ayuda a sus socios
y al BCE, ni los países del Norte puedan evitar rascarse el bolsillo.
Empieza un curso político crucial para España y Europa: la esperada
reunión de ministros de Economía de la zona euro en Nicosia, la capital
de Chipre, abrió este viernes oficialmente las citadas negociaciones con
un puñado de maniobras de distracción destinadas a evitar que todos los
ojos se posen en España, para prolongar cuanto sea posible el espejismo
de la tranquilidad en los mercados. En aras de esa ansiada calma,
Madrid prometió otra ronda de reformas. Y los socios europeos replicaron
que prepare otra dosis de tijera sin anestesia: más recortes.
El ministro español, Luis de Guindos, prometió “un nuevo plan
nacional de reformas”, que no concretó, para finales de mes; el
Eurogrupo tomó nota, pero además le exigió que tenga listos nuevos
recortes en el caso —probable— de que no pueda cumplir con los objetivos
de déficit para este año. El matiz es importante: las reformas son, en
principio, medidas menos dolorosas, destinadas a mejorar el potencial de
crecimiento; los recortes implican cortar por lo sano el gasto o elevar
impuestos, y pueden tener un coste político superior en una ciudadanía
fatigada por los continuos tijeretazos. Pero esa promesa española y la
exigencia en paralelo de sus socios son solo meros indicios de lo que de
verdad se cuece: ese segundo rescate español, con la consiguiente pelea
por las condiciones y demás.
El enésimo plan de reformas anunciado forma parte de la estrategia
española para obtener ese rescate en las mejores condiciones posibles.
España llegaba a Nicosia sabiéndose el centro del debate por su débil
situación bancaria, fiscal y económica. Madrid sabía que iba a ser
objeto de presiones para que España se convierta en el cortafuegos que
evite que la crisis de la deuda, cuando se reavive, alcance a otros
países. Guindos se defendió al ataque: presentó los avances de la
reestructuración bancaria y anunció ese plan reformista “con un
calendario completo, muy especificado”. Y trató de desvincular ese
anuncio de la presión del BCE, que solo comprará deuda en los mercados
cuando España pida otro rescate.
Pero ese vínculo existe. Vaya si existe. Las reformas que anuncia
España son en realidad imposiciones de Bruselas. Lo dijo con meridiana
claridad el vicepresidente de la Comisión Europea Olli Rehn: “El
Gobierno español tiene previsto adoptar un programa de reformas basado
en las recomendaciones de la UE”. Esas medidas “persiguen que España
cumpla con las condiciones impuestas en el primer rescate”, según
fuentes de la Comisión. “Si España cumple a rajatabla con todo lo
incluido en el memorando de entendimiento relativo a las ayudas
bancarias, puede jugar esa baza para tratar de que un segundo rescate no
comporte nuevas condiciones, más allá de ese calendario explícito que
el Gobierno español presenta como una idea propia”, según las mismas
fuentes.
El Gobierno, el BCE y la Comisión siguen jugando a amagar y no dar.
El presidente Mariano Rajoy nunca ha sido claro: un día apunta a la
posibilidad de pedir el rescate en la prensa extranjera, pero al día
siguiente viene a decir que necesita tiempo. Ese tiempo escasea: el
Eurobanco apuntó que Madrid “no debería tardar en dar los pasos
necesarios”, según su consejero Jörg Asmussen. Pero España cuenta con
que la nueva ronda de reformas y recortes permita una jugada a tres
bandas: por un lado, acercarse lo máximo posible al objetivo de déficit,
del 6,3% del PIB; por otro, adelantarse a una serie de exigencias de
cara a las condiciones del segundo rescate; y por último ir cumpliendo
con lo que ya estaba previsto en las condiciones de ayuda a la banca.
Fuentes europeas aseguraron que entre los recortes lo más probable es
que Madrid se decante por no revalorizar las pensiones y por alguna
medida relativa al desempleo. Entre las reformas los deberes impuestos
por Bruselas en su día pasan por el sector eléctrico (para acabar con el
déficit de tarifa, tal y como adelantó este viernes mismo el Consejo de
Ministros), las pensiones (adecuando la esperanza de vida a la edad de
jubilación), el mercado laboral (es previsible una nueva vuelta de
tuerca) y el proceso de liberalización (muy atrasado: tan solo ha habido
medidas en el comercio). La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, señaló en Madrid que el Gobierno trabaja en reformas ya
anunciadas como la de los organismos supervisores, la unidad de mercado,
el transporte o la educación. Esa lista no es exhaustiva: Grecia,
Irlanda y Portugal demuestran que, en un país rescatado, el apetito
reformista de sus acreedores es prácticamente infinito.
Fuente: elpais.com
