Xunta y Tribunal Superior de Xustiza pondrán en marcha un grupo de trabajo para preparar el mayor juicio de la historia de Galicia . Palexco es de los posibles escenarios para acoger la vista
Tras nueve años de instrucción, los casi 300.000 folios del procedimiento del Prestige llegaron ayer a la Audiencia de A Coruña procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Corcubión. Una vez recibida la causa, el tribunal provincial será el encargado de fijar la fecha de inicio del macrojuicio así como el lugar en el que se celebrará. En la recta final de año, ya resulta imposible que la vista oral arranque en 2011, lo que retrasará hasta el próximo año el inicio del juicio y la sentencia por la mayor catástrofe ecológica en las costas gallegas. En cuanto al escenario para la celebración del proceso, el mayor de la historia de Galicia y uno de los más importantes de Europa, una de las posibilidades que planteó en un principio la Consellería de Presidencia fue el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco).
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, acordaron ayer poner en marcha un grupo de trabajo conjunto para preparar el macrojuicio. Este equipo, según informaron al término de la comisión mixta Xunta y TSXG convocada ayer, tendrá que gestionar la intendencia preparatoria de la vista oral según las necesidades de organización del macroproceso, tales como el lugar donde se celebrará y los medios materiales y humanos necesarios.
1.200 millones de fianzas
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil que se incluye en la causa asciende a 1.264 millones. Esta cantidad corresponde a las fianzas fijadas por el juez a los cuatro imputados: el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, el primer oficial, Ireneo Maloto, y el entonces director de Marina Mercante, José Luis López-Sors, el único cargo político que será juzgado por el hundimiento del Prestige.
A través de la Interpol, fue localizado este año uno de los marineros imputados, Argyropoulos; mientras que Ireneo Maloto, que sigue por el momento en paradero desconocido, fue declarado hace unos meses en rebeldía por el juzgado de Corcubión, lo que permitirá celebrar el juicio sin él. En el caso de ser localizado, Maloto será juzgado por separado. En el proceso también están señalados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac); y como responsables civiles subsidiarios las entidades Mare Shipping Inc, Universe Maritime LTD y el Estado español.
La Fiscalía pide una pena de siete años de prisión por un delito contra el medio ambiente y cinco años de cárcel por daños en espacio natural protegido para el capitán. Al juicio, la Fiscalía gallega llevará su propia valoración de daños. Ante el descontento generalizado con las pruebas periciales que estima a la baja el daño económico que causó el hundimiento del petrolero, el Ministerio fiscal de la comunidad aportará un informe sobre el impacto económico y social del accidente marítimo. El estudio analizará las pérdidas ocasionadas en el sector pesquero y conservero, los espacios naturales, la actividad turística así como el impacto social de la catástrofe. En una primera estimación, la Fiscalía gallega preveía reclamar indemnizaciones por más de 2.200 millones para administraciones, entidades y particulares por los daños causados por la marea negra.
Una de las trabas fundamentales para fijar la fecha del juicio será una cuestión meramente logística: dónde y cómo celebrar el mayor juicio en la historia de la comunidad. El hecho de que no existan precedentes en Galicia de un juicio de estas dimensiones añade más dificultad a la organización de los detalles, que correrán a cargo de la Audiencia Provincial de A Coruña, responsable de resolver aspectos tales como elegir una sala que pueda dedicarse en exclusiva al proceso durante meses y reúna las condiciones de espacio y tecnología necesarias para poder albergar a todas las partes implicadas. Y es que las cifras de este macrojuicio. A las 2.090 partes personas en la causa hay que sumar los 2.300 perjudicados que reclaman daños por la vía civil. Entre ellos no solo figuran particulares, colectivos profesionales o empresarios afectados sino también varias administraciones, como el propio Estado francés y ocho de los municipios afectados por la marea negra en el país vecino, que renunciaron a seguir la vía judicial en su propio país para que se pudieran unificar las causas en España. Además, se estima que 30.000 letrados y cientos de testigos participarán en un proceso con más de 266.000 folios.
La reducida lista de responsables civiles y acusados por la catástrofe del Prestige -el entonces director de Marina Mercante, el capitán y dos marineros del petrolero- ofrece pocas garantías de cobrar los más de 2.200 millones de euros en indemnizaciones que reclama la Fiscalía por los daños que causó la marea negra a administraciones, entidades y particulares.
El hecho de que haya tan solo cuatro imputados en esta causa, en parte, se explica, por el propio Código Penal español, que hasta una reciente modificación solo permitía sentar en el banquillo a personas físicas. Aunque deben ser los tres marinos acusados y el exalto cargo de Fomento los que deben responder personalmente por los daños ocasionados, si no están en disposición de hacer frente a las millonarias indemnizaciones que reclaman las acusaciones, la ley prevé que las consecuencias de estos actos se puedan extender a la empresa o administración para la que trabajan.
Por eso, junto con los acusados, también deberán responder al pago de las indemnizaciones, aunque dentro de unos límites económicos ya fijados por ley, la aseguradora del Prestige, el Fidac, así la propietaria del buque, la compañía operadora y el Estado español. Lo que ocurre es que el entramado empresarial que se esconde detrás del petrolero no parece una opción fiable para conseguir indemnizaciones millonarias y en cuanto a la aseguradora, que sí sería solvente, no está personada en el caso y alega que la responsabilidad de su póliza se limita a 22 millones que ya depositó ante el juzgado de Corcubión.
Publicado el 01/12/2011 en www.laopinioncoruna.es
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