02.12.2011.- El Día Internacional de las personas con discapacidad coincide, este año, con la toma de posesión del nuevo gobierno. Supone, por tanto, una buena ocasión para exigirle un cambio en las políticas económicas y sociales y que, dejando a un lado los gestos y las declaraciones de apoyo genérico a las personas con discapacidad, se adopten compromisos claros y concretos para impulsar su empleo y su plena normalización en la vida social.
Se celebra este año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un marco de continuidad y agravamiento de la crisis económica, que cada vez tiene peores consecuencias en la situación del empleo y en las políticas sociales.
Aunque en España carecemos de estadísticas actualizadas de las tasas de actividad y paro de las personas con discapacidad (las últimas son del año 2008, en el inicio de la crisis), dado el intenso crecimiento del desempleo, sin duda ello habrá afectado de manera muy especial a este colectivo y más aún a las mujeres con discapacidad, invirtiendo el lento proceso de integración laboral que se había producido en la década anterior.
El aumento del paro y la precariedad laboral de las personas con discapacidad requieren nuevas y más amplias medidas de fomento del empleo, cuyo mejor y más eficaz diseño y desarrollo está vinculado a su inclusión en las negociaciones de los agentes sociales con el gobierno. El seguimiento y control por los agentes sociales del cumplimiento que en esta materia se pudieran lograr serían la mejor garantía para las personas con discapacidad.
El diagnóstico del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-2010, refleja claramente que las situaciones de pobreza y exclusión social de las personas con discapacidad, y sobre todo de las mujeres, están estrechamente relacionadas con las enormes tasas de desempleo o de la extensión del trabajo precario que les afectan. Cuatro años de crisis económica han incrementado con toda seguridad las situaciones de pobreza y exclusión del colectivo.
Por otra parte, una condición decisiva para avanzar en el empleo es conseguir la plena integración a lo largo de todo el proceso educativo. El deterioro del sistema público educativo que empieza a ser una realidad en diversas comunidades autónomas, que se está concretando especialmente en la reducción del profesorado y programas y medidas compensatorios, va a dificultar las medidas efectivas de apoyo a esa integración normalizada de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.
Los recortes en políticas sociales que se están sucediendo o anunciando en la mayor parte de las comunidades autónomas pueden frenar o paralizar los programas de accesibilidad que estaban permitiendo paulatinamente la normalización de las condiciones de vida y trabajo de las personas con discapacidad.
Esa política de recortes puede tener igualmente consecuencias muy negativas en las actuaciones de los servicios autonómicos de salud en ámbitos que ya de por si están muy descuidados, como la atención a la salud mental, la investigación y tratamientos de las llamadas "enfermedades raras", o en la necesaria ampliación del catálogo de prestaciones sanitarias, para incluir determinadas demandas de las personas afectadas.
El frenazo que en algunas comunidades autónomas se está produciendo en la gestión de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación de Dependencia y las carencias en su adecuada aplicación (tan solo el 1,74% de las prestaciones vigentes están vinculadas a la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, o el 0,10% en prestaciones económicas de asistencia personal, en contraste con un 46,08% en prestaciones económicas de cuidados familiares) afectan también a las personas con discapacidad y a sus familias.
Además, los recortes están incidiendo en crecientes impagos, en algunos casos de más de un año, a entidades que realizan servicios o tienen centros para personas con discapacidad con conciertos o subvenciones. Este inaceptable incumplimiento de las obligaciones públicas producirá, en el mejor de los casos, el deterioro de la calidad de la atención, y en otros la inevitable desaparición del servicio.
En este contexto, el gobierno ha aprobado recientemente la "Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020", acordada con el CERMI y en la que sólo en una primera fase de contacto estuvieron presentes los agentes sociales. El contenido de este acuerdo, mas allá de un diagnóstico, de unos principios generales y del enunciado de los objetivos de la estrategia Europea 2020 y del Programa Nacional de Reformas de España 2011, establece unas medidas estratégicas de carácter muy genérico, sin indicadores, sin calendario de aplicación y sin financiación específica, lo que cuestiona su validez y eficacia; y es un reflejo de la pérdida de peso de los objetivos sociales y del número de indicadores que en materia social ha sufrido la Estrategia 2020 y su equivalente estrategia española de economía sostenible.
Esta no es la estrategia que las personas con discapacidad requieren. No responde a las necesidades en materia de empleo, educación, salud, servicios sociales o accesibilidad, que deben encontrar acomodo en los distintos sistemas de Bienestar Social, que si ya eran notorias, la crisis económica y las políticas sociales que se están siguiendo están acentuando aún más.
Este año el día 3 de diciembre va a coincidir con la próxima toma de posesión del gobierno surgido tras las elecciones del 20 de noviembre. Es, por tanto, una buena ocasión para exigirle un cambio en las políticas económicas y sociales y que, dejando a un lado los gestos y las declaraciones de apoyo genérico a las personas con discapacidad, se adopten compromisos claros y concretos para impulsar su empleo y su plena normalización en la vida social.
Ese es en todo caso el compromiso de la Confederación Sindical de CCOO, incorporando en todas sus propuestas y en todos los procesos de negociación, las demandas de las personas con discapacidad.
