Publicado en www.gutierrez-rubi.es
#yoquierovotar, sí. Pero sobre todo, quiero redactar, participar, debatir. Hemos esperado -y aguantado- 393 meses desde su aprobación en referéndum… y ahora parece que en un mes debemos afrontar una reforma urgente de la Constitución Española. Hasta ahora, a pesar de que ha habido muchos argumentos y motivos, la única reforma constitucional, ha consistido en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo”, referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Fue en 1992. Sin referéndum.
Vaya por delante que creo que es una anormalidad democrática que la Constitución no se haya modificado hasta ahora. La mayoría de los países europeos hacen reformas frecuentes para mantener vivo y dinámico su texto fundamental. El formol es para los antiguos museos de biología, no para la política. Es un fracaso colectivo que no hayamos conseguido mayorías y consensos políticos para abordar y actualizar el texto a la realidad del siglo XXI y a la nuevas demandas sociales, a los nuevos contextos geopolíticos o a las aplazadas reformas de nuestro sistema de representación electoral o de nuestro modelo de Estado. La sacralización y petrificación del texto a través de su inmaculado respeto es un síntoma de debilidad y de miedo, más que un cuadro de garantías democráticas que se protege mejor con la inmovilidad que con la modernidad y la actualización.
En este contexto de crisis económica y de la política (post 15-M), a pocas semanas de las elecciones del 20N, y en un momento agonizante de la legislatura y del liderazgo del Gobierno, el presidente Zapatero propone una reforma que antes había rechazado y a la que el actual candidato socialista, también se había opuesto. Me muero por saber qué le dijo Zapatero a Rubalcaba para convencerle, la noche anterior a su propuesta, en una simple conversación. O las convicciones de ambos eran poco consistentes o los nuevos argumentos, las urgencias y los procedimientos son tan convincentes, extraordinarios y graves que reclaman una completa explicación a los ciudadanos. Y, evidentemente, un gran debate social y político. Si es urgente es porque es grave. Y si es grave es porque es imprescindible e inevitable. Y si es urgente, grave y necesario mejor que lo asumamos –y decidamos- entre todos y con todas las consecuencias.
La política democrática está en sus cotas más bajas de valoración, credibilidad y confianza. Hurtar el debate (los argumentos) y la decisión (el referéndum) a los ciudadanos puede ser una decisión equivocada. Pero sobre todo puede significar una ruptura -¿definitiva?- de la legitimidad democrática de un sistema de representación política cuestionado seriamente por la opinión pública. Los partidos que hoy son considerados el segundo problema de la sociedad van a tomar una decisión legal, y legítima desde el punto de vista de su tramitación parlamentaria, pero, pero que difícilmente será percibida como democrática. Tienen la autoridad y la legalidad, sí. Pero para esta decisión, en este momento y en este contexto, se necesitan auctoritas y legitimidad moral. Y no las tienen, suficientemente. Solo un gran debate y un proceso decisorio inclusivo, participativo y abierto podrían reducir la brecha entre la política formal y la ciudadanía.
Islandia, por ejemplo, ha seguido otra vía. Es cierto que la crisis económica y política ha obligado a este pequeño país a “refundarse”, a, casi, empezar de nuevo. A reinventarse. Y nada mejor que pensar, entre todos y juntos, la Constitución. Han decidido recurrir al crowdsourcing cívico para redactar un nuevo texto, a través de un extraordinario proceso de participación y debate que, con ayuda de la tecnología colaborativa, está abriendo la discusión a toda la ciudadanía sin un protagonismo exclusivo ni decisivo de las debilitadas fuerzas políticas.
Este proceso está favoreciendo la responsabilidad cívica y política de los islandeses en el destino común. Y explora nuevas formas de compromiso político, cívico e institucional mejor trabadas por el consenso social. Es un camino que puede reactivar las energías sociales, empoderar a los ciudadanos y fortalecer la transparencia y la ejemplaridad políticas. Además, si bien es cierto que nuestras democracias se sustentan sobre el principio y la base de representantes cualificados para dirigir y legislar, parece que esta afirmación y esta percepción ya no se corresponden con la realidad. Tampoco son suficientes para afrontar y resolver los retos de la situación económica y política actuales.
Esta reforma llega tarde, precipitada e incompleta. Pero deberíamos aprovechar esta oportunidad para un triple desafío:
Primero, para que la reforma sea un paso para la reconciliación entre la política y la ciudadanía. No para contribuir a su desagarro definitivo. Y para ello el debate y la participación parecen insubstituibles. La democracia representativa se quedó sin suficientes nutrientes y energías. Necesitamos dosis e injertos de democracia participativa. No se trata de quimeras, ni de sueños, ni de utopías, sino de un reto inaplazable.
Segundo, para que la reforma permita recuperar la credibilidad en nuestras instituciones, procedimientos y textos fundamentales. Paolo Flores d’Arcais decía que las leyes son el poder de los que no tienen poder. No redactemos y votemos la ley de leyes sin las personas, sin su participación, sin “su poder”. Tenemos tecnologías suficientes y transparentes para afrontar un desafío histórico. Esta crisis no es coyuntural, parece sistémica. Y necesitamos un revulsivo total. El modelo islandés, debe ser una experiencia a seguir, a considerar y a adecuar a nuestra situación. ¿Por qué no?
Tercero, para que la reforma permita una aproximación al texto jurídico final con más reflexiones, ideas y propuestas. España está en caída libre en materia de innovación. La creatividad social que puede resultar de un gran debate político en red y en las redes, junto con los desarrollos tecnológicos y la innovación de procesos y metodologías deben impulsarnos para recuperar el talento y la creatividad social. Necesitamos sorprendernos y reencontrarnos.
La Constitución 1.0 está agotada. No hagamos de esta reforma un trámite final y agónico, sino un reto nuevo e iniciático. Y si hay que tocarla puntualmente, incorporemos entonces en su texto el punto clave: reconocer Internet como un derecho humano básico, tal y como proponen las Naciones Unidas en su reciente declaración del pasado mes de junio. Esto, más que un techo de gasto limitante y resignado, sería una auténtica ventana abierta al futuro.
¡Viva la Constitución 2.0! Hagámoslo posible.
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