Publicado en www.farodevigo.es
Las apelaciones ante la sala de lo Social del Tribunal Superior tardan ya más de año y medio
La crisis ha transformado en los últimos tres años el panorama judicial de Galicia y del resto de España. Y aunque en el segundo semestre de 2010 se empezó a percibir en todo el país una disminución del volumen de casos derivados de la coyuntura económica, los juzgados gallegos siguen acumulando cientos de asuntos pendientes a la espera de una resolución. La excesiva carga de trabajo que soportaron ciertos órganos durante los últimos tres años explica por qué en ellos se agravó aún más la tradicional lentitud de la Justicia, algo que en los juzgados de lo Social y de lo Contencioso se tradujo el año pasado en un notable incremento del tiempo que, de media, tardó cada caso en resolverse.
Según el informe "La Justicia dato a dato" del Consejo General del Poder Judicial, los órganos que se ocupan de tramitar los asuntos sociales (que abarcan los litigios de corte laboral, como despidos, EREs...) son de los que más notaron el impacto de la crisis sobre su ritmo de resolución. Por término medio, los 28.582 asuntos que resolvieron el año pasado los juzgados de lo Social gallegos llevaban 7,3 meses en tramitación, cuando hace un año la respuesta se demoraba una media de 5,4 meses.
La situación empeora si se mira la duración estimada de los recursos resueltos el año pasado la sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). Los 18,1 meses que invirtió en pronunciarse sobre sentencias recurridas en primera instancia sitúan a Galicia como la comunidad en la que más se dilatan las apelaciones relacionadas con conflictos colectivos, despidos o reclamaciones de deudas laborales. El presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, admitió hace un par de meses su preocupación ante la entrada "todavía muy elevada de recursos" ante la sala de lo Social, destacando especialmente el número de despidos, un procedimiento que requiere una respuesta ágil y eficaz.
Pero no solo se dilatan los asuntos sociales. También los juzgados gallegos de lo contencioso-administrativo trabajaron el año pasado con más lentitud. Frente a los 14,2 meses de media que tardó la Justicia gallega en resolver estos casos en 2009, el año pasado la tramitación se disparó hasta los 20,3 meses, es decir, que la gente que recurrió a la Justicia para resolver conflictos con la Administración tuvo que esperar casi dos años. Los asuntos contenciosos, con todo, son mucho menos numerosos que los pleitos laborales –de hecho, los juzgados gallegos apenas ingresaron 14.143 casos nuevos frente a los 31.865 que recibieron los órganos de lo Social–.
A pesar de este balance, las únicas jurisdicciones en las que creció el año pasado la bolsa de casos pendientes fueron la Social y la Penal (en este caso, por el incremento de juicios relacionados con delitos de tráfico). Y es que la entrada en los juzgados gallegos de algunos asuntos civiles ligados a la crisis (como embargos por deudas, ejecuciones hipotecarias y procedimientos derivados de quiebras) cayó por primera vez en los últimos tres años, lo que permitió a los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción reducir en un 10,4% su pendencia. También redujeron el retraso los juzgados de lo contencioso (que acabaron 2010 con un 22% menos de asuntos pendientes).
Por otra parte, los presupuestos gallegos destinados a la Administración de Justicia sufrieron en 2010 un recorte del 5,4%, lo que sitúa a Galicia como la comunidad española que más aplicó la tijera a estas partidas. La memoria del Consejo General del Poder Judicial subraya que España destinó a sufragar la Administración de Justicia 82,3 euros por habitante, una cantidad que en el caso gallego se reduce a 35,6 euros.
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