Por RAQUEL BLÁZQUEZ MARTÍN e IÑAKI GONZÁLEZ VEGA
La Comunidad despilfarra cientos de miles de euros todos los meses en edificios judiciales dispersos e inadecuados, con costosos alquileres y servicios duplicados. Esto incide tanto en los costes como en la calidad
Publicado en www.elpais.com
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| Madrid. Juzgados de lo contencioso |
Hace unos días Europa Press se hacía eco de unas declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en las que (a título personal, aclaraba, pese a las responsabilidades que desempeña) abogaba por devolver las competencias autonómicas de Justicia al Estado, ya que, a su entender, su ejercicio es "caro y complicado", "no tienen ningún sentido" y han hecho que la justicia en Madrid se convierta en un "carajal".
Las distintas autonomías han rentabilizado la asunción de funciones sobre la justicia como vía para explicitar ante sus ciudadanos un modelo de gestión más eficaz y próximo a la sociedad o con un orden de prioridades adaptado a las necesidades del territorio. El modo en que se ejercen esas competencias dice mucho del lugar en que cada Comunidad sitúa valores claves para la convivencia social: el principio de igualdad, la tutela judicial efectiva, el derecho a la justicia gratuita.
La Comunidad de Madrid ha elegido, desde que recibió el traspaso de unas competencias que previamente reclamó, el lugar de la no política, el no lugar de la justicia. Las declaraciones del consejero tienen esa cualidad que aúna rotundidad y coherencia: al Gobierno autónomo no le interesa cómo funcionan los tribunales de su territorio ni cómo ello afecta a la vida de sus ciudadanos. Ni siquiera esta crisis económica, que judicializa conflictos inexistentes en épocas de bonanza y en los que se ven inmersos todos los sectores desfavorecidos, los de siempre y los que ahora acceden a esta triste categoría, le ha movido a una reflexión sobre cómo el mal funcionamiento de los juzgados empeora condiciones y calidades de vida ya de por sí suficientemente dañadas.
La próxima convocatoria de elecciones autonómicas debería permitir actualizar las propuestas electorales y también las demandas que los ciudadanos plantean a sus dirigentes más cercanos. El periodo preelectoral puede permitir que esa comunicación bidireccional política / ciudadanía se intensifique abriendo espacios de debate constructivo que permitan mejorar aspectos fundamentales para la convivencia. Por ello, antes de que se abra la caja de los truenos de la campaña, nos parece imprescindible fijar algunas prioridades que deberían trascender de la política de partido y convertirse en bandera de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid, que se ha erigido como escaparate de España en el mundo, espejo en el que quieren reflejarse otras ciudades, referente cultural, motor de la economía nacional, sin embargo gestiona sus competencias sobre la justicia con una indolencia y un desinterés que no tienen parangón en otras Comunidades y que permiten al consejero equiparar un servicio público esencial con un "carajal". La justicia es para esta Comunidad un tema menor que además ha servido de patio trasero para dirimir enfrentamientos dentro del partido gobernante en una intrincada puesta en escena mediática de seguimientos y zancadillas incomprensibles para el común de la ciudadanía.
Ya es suficientemente llamativo que esta Comunidad de la capitalidad del Estado, de la supuesta vanguardia y del empuje económico carezca de Consejería de Justicia: las funciones sobre esta materia son como el primo pequeño e incómodo de otra materia más estelar. No importa que sean cientos los órganos judiciales que tienen aquí su sede, ni que en ellos se diriman los asuntos judiciales de mayor trascendencia: probablemente los juzgados de guardia de Madrid sean los que sufran en España una mayor tensión laboral, del mismo modo que en los juzgados civiles y mercantiles se sustancian litigios que comprometen cifras astro-nómicas de las principales empresas que cotizan en Bolsa y el futuro de varios millones de consumidores.
Madrid, una Comunidad de servicios e infraestructuras abierta al mundo, dispensa a sus juzgados y tribunales la mínima atención. El hecho de que los juzgados abran sus puertas cada mañana y consigan prestar un servicio de una cierta (y en muchos casos estimable) calidad es un pequeño milagro solo posible gracias al esfuerzo y al voluntarismo de quienes trabajan en esta Administración.
Las reivindicaciones no pueden, pues, plantearse en términos de políticas conservadoras o progresistas, sino desde la perspectiva de las necesidades básicas de una Comunidad Autónoma que pretenda ser ejemplar. La justicia no es solo un problema de jueces y de funcionarios, sino ante todo una cuestión que afecta a cientos de miles de ciudadanos que requieren diariamente servicios adecuados. La tutela de sus derechos forma parte de los ejes básicos de un Estado de derecho que sin una adecuada gestión termina por diluirlos si no pueden ser protegidos de modo eficaz ante los tribunales.
Sobran razones para reivindicar una Consejería de Justicia con peso político, recorrido presupuestario y proyectos racionales que solventen, en el corto y medio plazo, las deficiencias más clamorosas.
Es urgente un plan de infraestructuras judiciales, un calendario con compromisos claros de creación de sedes judiciales estables, bien comunicadas e interconectadas. El publicitado proyecto de ciudad judicial de Madrid ha quedado en vía muerta después de varios actos inaugurales; la situación de crisis económica obliga a un ejercicio de austeridad, pero ello no impide exigir una planificación razonable que posibilite un horizonte cierto de cumplimiento del proyecto unido a un traslado gradual de servicios judiciales a las nuevas instalaciones a medida que se terminen. Madrid despilfarra cientos de miles de euros todos los meses en edificios judiciales dispersos e inadecuados por los que paga costosos alquileres y servicios duplicados. Esa dispersión incide no solo en los costes, sino también en la calidad: todo es difícil para los ciudadanos que deben acudir a ellos. La colaboración entre el Gobierno autónomo, las autoridades judiciales y los colegios profesionales debería facilitar la creación de una sede virtual que permitiera transitar por los distintos ámbitos judiciales, presentar documentos, recabar información sobre los pleitos o concertar citas con los servicios de orientación jurídica o con las clínicas médico forenses sin tener que deambular de un lugar a otro.
La selección y ausencia de formación de los funcionarios interinos responde a una absoluta falta de diseño que propicia que asuntos judiciales de enorme complejidad sean gestionados por personas sin conocimientos ni experiencia que solo responden ante su propia capacidad de voluntarismo.
El turno de oficio es uno de los peores gestionados y los afectados no son solo quienes ejercen la abogacía y tardan meses en cobrar sus servicios: la calidad de la justicia gratuita se devalúa progresivamente en un camino con pocas posibilidades de retorno y plagado de amenazas de recortar derechos ciudadanos.
Las peculiaridades de esta Comunidad obligan a demostrar una especial sensibilidad para abordar los temas sociales que tienen incidencia en la justicia: mayor vulnerabilidad de la inmigración, vivienda, derechos laborales, malos tratos, protección de menores o tutela de los consumidores tienen en Madrid una caja de resonancia mayor que en otras Comunidades. De ahí que sean imprescindibles planes estratégicos que permitan coordinar los tribunales con servicios sociales y asistenciales.
Por todo ello, y porque somos testigos directos de las dosis de entusiasmo que día a día empeñan muchos profesionales, funcionarios, jueces, secretarios, fiscales, etcétera, que, pese a todo, logran que los tribunales funcionen, esperamos que entre todos los responsables políticos creen un espacio serio, comprometido y creíble para la justicia en Madrid. Solo así será posible esa necesaria transformación que permita a quienes intentamos realizar con honestidad la función judicial dejar de entonar esa eterna balada triste por la justicia en Madrid.
Firman este artículo los siguientes jueces de Madrid: Raquel Blázquez Martín, Juzgado de Primera Instancia 84; Iñaki González Vega, Juzgado de lo Penal 20; José Félix Martín Corredera, Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo; Pascual Fabiá Mir, Audiencia Provincial, Sección 5ª; Mercedes del Molino Romera, Audiencia Provincial, Sección 7ª; Lourdes Menéndez González-Palenzuela, Juzgado de Primera Instancia 39; Begoña López Anguita, Juzgado de Instrucción 3 de Alcalá de Henares; Javier Martínez Derqui, Juzgado de Violencia sobre la Mujer 7; José Pablo Aramendi Sánchez, Juzgado de lo Social 33.
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