24.03.02011.- El Gobierno plantea para el personal funcionario los nuevos requisitos para poder acceder a la jubilación forzosa por la edad, pero además propone la práctica desaparición de los actuales mecanismos de jubilación voluntaria específicos del colectivo de funcionarios y sus sustitución por otro modelo distinto y basado en un incremento exagerado de los requisitos para poder jubilarse.
El Gobierno ha remitido a los sindicatos un documento sobre medidas "armonizadoras" del Régimen de Clases Pasivas del Estado con el Régimen General de la Seguridad Social. En dicho documento se establecen para este personal funcionario los nuevos requisitos para poder acceder a la jubilación forzosa por la edad, pero además se plantea la práctica desaparición de los actuales mecanismos de jubilación voluntaria específicos del colectivo de funcionarios y sus sustitución por otro modelo distinto y basado en un incremento exagerado de los requisitos para poder jubilarse (63 años de edad y 33 años de servicios) y en el establecimiento de coeficientes reductores de las pensiones después de un período transitorio (un 7,5% por cada año de adelanto respecto a la edad ordinaria de jubilación).
Se ha pretendido fragmentar la negociación de los compromisos recogidos en el Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero, anteponiendo una reforma sesgada y parcial de Clases Pasivas a los compromisos sobre la aplicación del Estatuto de lo Empleados Públicos y sobre los contenidos del Acuerdo Gobierno-Sindicatos de septiembre de 2009, poniendo en cuestión las reales intenciones del Gobierno en el Diálogo Social en Función Pública.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO exige que el tratamiento que se dé a los funcionarios públicos sea similar al que se dé al resto de los trabajadores y no se añadan más recortes a los que ya sufrimos el año pasado cuando los trabajadores de las administraciones y servicios públicos vieron roto el acuerdo que les garantizaba el poder adquisitivo y sufrieron una rebaja salarial de un 5% de media (para algunos trabajadores por encima de este porcentaje).
La decisión del Gobierno, adoptada en diciembre pasado, de declarar Clases Pasivas como colectivo a extinguir (al incorporarse todos los nuevos al Régimen General) debería permitir otros modelos de reforma. De la lectura del documento se deduce que el Gobierno no es capaz de modificar el actual estatus de los regímenes de seguridad social, por los costes que supone, y ha optado por intentar aplicar a los funcionarios solamente los aspectos más negativos del Régimen General de la Seguridad Social, pero no aquellos más ventajosos en este último régimen. Estamos ante una propuesta que, lo que pretende, es situar en una posición claramente desfavorable a los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas frente al conjunto de trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena.
Por ello exige la retirada del documento presentado por el Gobierno y el cumplimiento integro del reciente Acuerdo Social y Económico, por el que el Gobierno se compromete a plantear en los foros de negociación tanto la negociación del Régimen de Clases Pasivas, como el desarrollo del Estatuto Básico especialmente en los temas referidos a la jubilación parcial y la evaluación del cumplimiento de los acuerdos suscritos en el ámbito de la Función Pública y que el Gobierno rompió en mayo de 2010.
Es necesario iniciar un proceso riguroso de negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos representativos de los funcionarios que sea capaz de alcanzar reformas razonables, equilibradas y justas en el Régimen de Clases Pasivas. De persistir en la línea planteada en el documento del Ejecutivo, parece que este estaría apostando por la confrontación.
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