Publicado en www.lavozdegalicia.es
En el caso concreto de Galicia, la cuarta comunidad en número de jueces -10,7 por cada 100.000 habitantes-, hay cinco expedientados, y también es la cuarta en sancionados, después de Madrid (11), Cataluña (9) y Andalucía (8).
La mayor parte de las quejas formuladas por los ciudadanos españoles que acuden a los tribunales se deben a conflictos generados en el trato personal recibido cuando se acercan a la Administración de Justicia y muy pocas al que reciben de los jueces. Esta es una de las principales conclusiones del balance del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentado ayer.
Según los datos ofrecidos por su portavoz, Gabriela Bravo, por el presidente de la Comisión Disciplinaria, Pío Aguirre, y la jefa del Servicio de Inspección, Virginia García Alarcón, las 952 informaciones previas incoadas el pasado año dieron lugar a 47 expedientes disciplinarios, de los que solo 41 concluyeron en sanciones a jueces, lo que supone menos del 1% -exactamente el 0,8- de la carrera judicial, integrada por 4.600 jueces y magistrados.
En el caso concreto de Galicia, la cuarta comunidad en número de jueces -10,7 por cada 100.000 habitantes-, hay cinco expedientados, y también es la cuarta en sancionados, después de Madrid (11), Cataluña (9) y Andalucía (8).
Carga de trabajo
Las inspecciones realizadas durante el pasado año obligaron al CGPJ a aprobar 300 planes de refuerzo para aliviar la fuerte presión que los juzgados de lo mercantil y de lo social están sufriendo a consecuencia de la crisis.
En el plan de inspección para este año presentado por Pío Aguirre una de las prioridades será la elaboración de un estudio de la carga de trabajo que afrontan jueces y magistrados, con el objetivo de establecer nuevos indicadores con los que medir su trabajo.
Hasta ahora, la carga de trabajo de los jueces se establecía por el sistema de módulos, que fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo. «Se trata de construir un nuevo sistema de medición, preciso y realista, y así responder a una de las grandes demandas de la carrera judicial», explicó el presidente de la comisión disciplinaria.
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