Publicado en www.elcorreodigital.com
El Tribunal Superior tumba el decreto para euskaldunizar la Administración de Justicia
Dice que la lengua vasca sólo se puede exigir en puestos concretos y suprime la obligación de redactar los escritos en los dos idiomas oficiales
Los magistrados de la Sala, Ana Isabel Rodrigo, Ángel Ruiz y Luis Ángel Garrido Bengoetxea, también invalidan otros dos puntos del decreto que habían sido denunciados por la Administración central. Por un lado, consideran que, según la legislación vigente, las oficinas judiciales del País Vasco no tienen por qué contar con unidades bilingües para la tramitación de asuntos. Y, por otro, rechaza que el número de plazas con perfil de un juzgado dependa del censo de euskaldunes de la comarca.
El Gobierno de Patxi López anunció ayer que recurrirá la sentencia, a pesar de que tampoco está de acuerdo con que, en este momento, se establezca un perfil lingüístico preceptivo para todos los puestos del sistema judicial. El viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, explicó que «esa filosofía podría ponerse en práctica más adelante», aunque ahora la lengua vasca debe valorarse como un mérito.
No obstante, el Ejecutivo de Vitoria defiende que las oficinas judiciales cuenten con equipos bilingües para atender a los ciudadanos que deseen tramitar sus demandas en euskera. Y considera que los documentos y notificaciones han de redactarse también en ese idioma. «En Cataluña, las sentencias se dictan en catalán», resumió el viceconsejero. «Existe una demanda social para que la Administración de Justicia dé satisfacción al deseo de muchos ciudadanos de ser atendidos en los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma».
El Tribunal Superior, sin embargo, estima que el Gobierno vasco carece de atribuciones para decidir que los escritos de un procedimiento sean bilingües, pues la legislación procesal «es una competencia exclusiva del Estado». La Sala de lo Contencioso explica que con ese reparto de funciones se pretende salvaguardar «la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales».
Un problema
Igualmente, los magistrados entienden que el decreto del Ejecutivo autónomo vulnera la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando asigna un nivel de euskera a todas las plazas de la Administración de Justicia, incluso aunque no exija el conocimiento del idioma de inmediato, sino que conceda un plazo para conseguir el título. Según el Tribunal Superior, la legislación sólo contempla la lengua cooficial para cometidos «singularizados» de la Justicia «y no para todos los puestos de trabajo».
La sentencia de la Sala de lo Contencioso plantea un problema a la Administración vasca, ya que debe dejar resuelta la cuestión de los perfiles lingüísticos para acometer la modernización de los juzgados, un proceso que acaba de iniciarse precisamente ahora en los partidos de Getxo e Irún. Sin saber qué empleados tienen asignado un perfil lingüístico, el Gobierno autónomo no puede elaborar la relación de puestos de trabajo, un requisito necesario para llevar a cabo la reorganización de la oficina judicial.
El decreto de euskaldunización que ha echado por tierra el Tribunal Superior fue aprobado en julio de 2008 y tenía el respaldo de la mayoría de los sindicatos de la Administración de Justicia. De hecho, la normativa plasma los acuerdos que el entonces consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, había alcanzado con las centrales a comienzos de 2007 para poner fin a una larga huelga en los juzgados. Aquel pacto, firmado por CC OO, LAB, CSIF y UGT, en ausencia de ELA, estableció un calendario de subidas salariales; pero también abordó la reforma de los juzgados, en los que el 25% de los funcionarios ya tienen acreditado un perfil lingüístico.
Más de 400 funcionarios siguen cursos de euskera en los juzgados vascos
El decreto de euskaldunización del Ejecutivo de Ibarretxe contemplaba que, en un periodo de diez años, divididos en dos quinquenios, el 40% de la plantilla judicial tendría que hablar euskera, quedando exentos de obligación los jueces, fiscales y secretarios. La lengua vasca se iría extendiendo paulatinamente entre los funcionarios y los médicos forenses para convertirse en una herramienta de servicio, pero también de trabajo.
Cuando el consejero Azkarraga aprobó la normativa, la cuarta parte de los 2.000 funcionarios judiciales del País Vasco ya habían sacado un perfil lingüístico y 415 estudiaban euskera. La dificultad que planteaba el decreto es que los trabajadores de la Justicia pertenecen a cuerpos nacionales; es decir, aunque están transferidos al Gobierno vasco en los asuntos de personal, las convocatorias, traslados, etc., tienen que ajustarse a unos criterios de organización de ámbito estatal que inciden sobre los requisitos lingüísticos.
De hecho, el Tribunal Constitucional ya había dejado sin efecto en 2006 otro decreto del Gobierno de Ibarretxe que contemplaba la posibilidad de exigir el euskera a los jueces, fiscales y secretarios, colectivos que también forman cuerpos nacionales. La norma, aprobada en 2001 y recurrida por el Gobierno de Aznar, fue anulada por el Constitucional porque el Gobierno vasco no tenía competencias sobre los afectados. No obstante, el alto tribunal recordó que la Administración vasca sí tenía atribuciones sobre los trabajadores de los juzgados.
Dos años después de aquella resolución, Azkarraga aseguró que el decreto sobre la euskaldunización de la Justicia era constitucional. Sin embargo, el Tribunal Superior lo ha invalidado ahora.
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