Publicado en www.levante-emv.com
Como secretario de Estado negoció con los nacionalistas catalanes la reforma del Estatut y ahora, como ministro de Justicia, le toca lidiar con sus compañeros de profesión. Dos negociaciones, asegura, "completamente distintas", pero con una pauta de trabajo común: diálogo y discreción.
-¿Le satisface el funcionamiento de la Justicia en España?
-El funcionamiento de la Justicia en España es mejorable, pero soy razonablemente optimista porque creo que, con el esfuerzo de todos, vamos a ser capaces de cambiar las cosas. Lo podemos conseguir.
-La opinión pública, en general, considera que la Justicia es lenta, que está excesivamente burocratizada y que no es justa.
-Soy consciente de que los españoles consideran que la Administración de Justicia no es el mejor de los servicios públicos y que, en gran parte, tenemos una legislación del siglo XIX para un país del siglo XXI. Los retos que tenemos por delante son muchos. Sólo mediante un amplio acuerdo seremos capaces de conseguir esa Justicia de calidad que todos queremos.
-Desde que entró en vigor el Código Penal de 1995 se acometieron más de una veintena de reformas. Da la sensación de que se legisla a golpe de manifestaciones sociales y de que se endurecen las penas por la repercusión mediática de casos como fue el de Mari Luz.
-Una de las grandes presiones que tiene el legislador es la de la opinión pública, que se produce como consecuencia de algunos episodios muy llamativos y muy relevantes, pero excepcionales. En el Código Penal debe imperar siempre el principio de mínima intervención. Corremos el gran riesgo de que como consecuencia de sentimientos y de determinadas presiones mediáticas se olvide ese principio de mínima intervención y pasemos a un derecho penal muy vinculado a la noticia y, por tanto, poco reflexivo. Eso no es bueno en ningún país democrático.
-Algunas sentencias recientes ponen de manifiesto el excesivo corporativismo en la Judicatura. ¿Hay errores judiciales que no son castigados son la severidad que merece la falta cometida?
-Esa es una competencia que corresponde al Poder Judicial. Soy consciente, porque lo he hablado con su presidente, de la preocupación que existe y me consta que se están adoptando todas las medidas necesarias para impedir que cualquier veleidad corporativa pueda pesar sobre las decisiones que responsablemente tienen que tomar.
-¿Es partidario de la creación de juzgados específicos, bien en materia de corrupción, caso, por ejemplo, de Andalucía, o de narcotráfico, caso de Galicia?
-Es el diseño de la planta judicial la que nos dirá qué necesidades requerimos. Ello no impide que, excepcionalmente, haya que crear unidades de apoyo en determinados órganos judiciales para atender a supuestos excepcionales o a tipos de delincuencia concentrados en una parte del territorio.
-Muchos jueces piden el traslado de comunidades como la gallega al año de tomar posesión de sus juzgados por el tema del idioma. ¿Está previsto ampliar el periodo mínimo para pedir el traslado y evitar tanta movilidad?
-Hay lugares donde se produce esa movilidad, pero hay otros donde ocurre lo contrario. No creo que sea bueno que un juez de primera instancia permanezca mucho tiempo en el mismo lugar. No es bueno para él pero, aunque así lo decidiera, tampoco para la Administración de Justicia. Hay países, como Francia, donde se establece la posibilidad de que estén durante un periodo máximo en un sitio. Por la misma razón podríamos establecer la pauta de que tampoco es bueno que los jueces tengan una movilidad permanente. Estamos estudiando este tema y buscando soluciones para lo uno y para lo otro porque los efectos son dobles: jueces que se mueven muy rápido, de un tribunal a otro, pero también jueces que desean quedarse en un lugar.
-¿Esa movilidad sería mayor si además se exigiera el conocimiento de las lenguas cooficiales?
-No está previsto que se les exija. Otra cosa es la conveniencia de que quien juzga entienda a las personas que son juzgadas. La Constitución reconoce a los ciudadanos el derecho a utilizar su lengua cooficial ante los tribunales de Justicia. Pero los jueces y magistrados pertenecen a un cuerpo estatal y no tienen la obligación legal de conocer más que la lengua oficial del Estado, que es el castellano.
-¿Por qué surgen tantos jueces estrella, especialmente en la Audiencia Nacional?
-La función de la Audiencia Nacional, donde se plantean algunas dificultades a causa de eso que llama jueces estrella, no es la de juzgar sino la de instruir. Tenemos previsto reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, entre otras cosas, la función del juez instructor se ajuste a lo que ocurre en el resto de países de nuestro entorno: que el peso de la investigación la lleve el Ministerio Fiscal y que el juez actúe en la instrucción como un juez de garantías. No hay jueces estrella sino asuntos que, por su trascendencia, confieren al juez un papel muy relevante ante la opinión pública.
-Usted llegó al Ministerio en un momento convulso para la Justicia, ¿Es más complicada su tarea de ahora que la intensa negociación que mantuvo con los nacionalistas catalanes para la reforma del Estatut?
-Son negociaciones completamente distintas. Compararlas sería un error. Sí tienen en común una cosa: diálogo permanente, esfuerzo por el trabajo y la búsqueda de objetivos que coincidan con la demanda de la ciudadanía en cada momento.
-¿Qué pesa más en sus actuales negociaciones con los distintos sectores de la Justicia: su bagaje como jurista o su perfil de gallego ejerciente?
-Lo importante es tener un buen equipo. Sé además que cuento con el apoyo de otras muchas instituciones y personas. Existen elementos en los que ponernos de acuerdo para ofrecer a los ciudadanos un servicio público y una Administración de Justicia de calidad.
-¿Qué quiso decir con "poner el marcador a cero" cuando tuvo la primera reunión con las asociaciones de la judicatura?
-Que las negociaciones que hubiesen existido entre las asociaciones y el Ministerio, sus dimes y diretes, para mí dejaban de existir. Quiero trabajar con las asociaciones para buscar y encontrar soluciones pensando en el día de mañana.
-¿El Ministerio anterior cometió errores?
-En la gestión de Gobierno, todos cometemos errores. Pero al final son los ciudadanos quienes, con su voto, valoran la gestión política. Por eso mi mirada no se para en el corto plazo, ni está puesta en intentar evitar un paro pretendido para determinadas fechas. Tengo la mirada puesta en el final de la legislatura y en haber conseguido en este tiempo realidades tangibles para los ciudadanos.
-Hay jueces que cobran unos 2.700 euros al mes. ¿Garantiza este sueldo su independencia?
-Los jueces son independientes porque se han formado para serlo, más allá del salario que tengan. Es tan independiente un juez de primera instancia en el ejercicio de su función, que gana mucho menos, como un magistrado del Supremo. Es verdad que tienen responsabilidades distintas, pero uno y otro son independientes.
-¿Los jueces aupados por los Parlamentos autonómicos pueden instruir o juzgar causar en las que estén implicados políticos?
-La independencia de cada juez se predica en el ejercicio de su función. No tengo duda de que quien es juez y ha ejercido durante años esa profesión con absoluta dignidad, vaya a dejar de ser el mismo juez al día siguiente de ser designado por el Poder Judicial, por un Parlamento o por otros órganos políticos. Y, por poner también algún ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos donde el presidente nombra al Tribunal Supremo, probablemente el más importante del mundo, y a nadie, en su sano juicio, en EEUU se le ocurre cuestionar la independencia de ninguno de sus miembros.
Imprimir artículo
