Publicado en www.nortecastilla.es
- Los órganos de Primera Instancia, de lo Social e Instrucción son los más sobresaturados
- Justicia modificará la plantilla de ocho sedes para crear la nueva Oficina Judicial en noviembre
Con el esfuerzo de funcionarios, secretarios y jueces se logró desatascar los órganos judiciales de asuntos que fueron pospuestos por el paro de los empleados públicos. En la actualidad, la carga de trabajo supera ya al volumen de expedientes que se dejaron de tramitar en los días de huelga, que se inició en el mes de febrero del 2008 para reclamar la igualación salarial con los compañeros de comunidades con justicia transferida.
Los efectos de la crisis económica en Valladolid están retrasando la resolución de los pleitos en los juzgados de Primera Instancia, Mercantil, Social, de Instrucción y Penal. En los dos primeros ámbitos, por el aumento de las reclamaciones de deudas de impagados y concursos de acreedores, y en los de lo Social por el incremento de despidos o ejecuciones de regulaciones de empleo (ERE). De igual modo, las diligencias previas por hurtos, robos y otros delitos han crecido en los seis juzgados de Instrucción de la capital.
A modo de ejemplo, hasta el pasado lunes, el Juzgado de Instrucción número 2 había registrado más de 2.100 previas en menos de tres meses, cuando durante todo el año 2008 las diligencias alcanzaron las 7.000.
«Se recuperó el tiempo perdido en los 44 días de huelga, pero la crisis ha hecho que estemos peor que en el mes de febrero del 2008», dice un representante de UGT, que afirma que «la actual plantilla que tenemos ha quedado totalmente insuficiente para dar respuesta a los asuntos presentes que vienen marcados por la crisis».
Tanto desde el decanato de los jueces, como desde la Audiencia de Valladolid, se ha pedido hace meses la creación de nuevos juzgados en Primera Instancia, Social e Instrucción en la capital.
El gerente territorial de Justicia de Castilla y León, Arturo López Sacristán, coincidió en que la carga de trabajo ha aumentado con la recesión económica, de tal modo que está incidiendo de forma especial en los ámbitos Mercantil y Social. «Está claro que es necesario incrementar los recursos en estas dos jurisdicciones y por ello el 1 de abril entrará en servicio un juzgado Mercantil de Valladolid exclusivo», dijo López, agregó que en el ánimo del Gobierno está «el seguir creando más juzgados».
Aunque Justicia reconoce el esfuerzo de los empleados públicos después de la huelga, recuerda que el Gobierno de Rodríguez Zapatero destinó fondos adicionales para recuperar el tiempo perdido.
Tras la huelga, el ministerio que coupaba Mariano Fernández Bermejo clasificó en el mes de mayo del 2008 los juzgados en tres grupos por su volumen de carga.
En los órganos con mayor trabajo atrasado, el Gobierno propuso a los funcionarios trabajar por las tardes, entre los meses de mayo a septiembre, abonándoles un complemento económico de unos 1.300 euros por dicho periodo de cuatro meses.
Los sindicatos reconocen que este dinero de los planes de actuación «sirvió para compensar en parte» las pérdidas por los días de paro.
Nueva reorganización
Con el nuevo atasco, el Ministerio de Justicia rechaza que se vayan a reducir en los próximos meses las plantillas de los juzgados de Valladolid, tal y como sostiene Comisiones Obreras. Este sindicato denunció hace unos días una disminución del personal en los juzgados de Primera Instancia de la capital números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Solamente, el Juzgado de Familia número 3 se libraría de esta reordenación de plazas teniendo en cuenta el volumen de asuntos.
Por el contrario, otros órganos de Primera Instancia como el 11, 12 y 13, y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y el de Menores aumentarían su personal.
Para CC. OO., esta nueva decisión del Ministerio «es preocupante» porque no tiene en cuenta la entrada de asuntos durante el primer trimestre de este año 2009 en cada juzgado de Primera Instancia de la capital, en donde cada día han entrado 13 asuntos nuevos, una cifra que es casi el doble que la del 2008.
«De continuar esta tendencia, cada juzgado de Primera Instancia podría cerrar el año con una media de 3.000 asuntos, frente a los 2.000 con que se cerró en el 2008, o los 1.500 del 2007», dice el sindicato, que considera que estas medidas supondrían «un ataque directo a los trabajadores» por cuanto sería imposible llevar al día los juzgados.
Oficina judicial
Sin embargo, el gerente de Justicia de Castilla y León, Arturo López Sacristán, insiste en que esta apreciación no se corresponde con la realidad.
«Lo que se va a hacer es poner en marcha la nueva Oficina Judicial, que comporta un Servicio Común para todos los juzgados que descargará de trabajo procesos como las notificaciones. Es a partir de esta reorganización como los órganos unipersonales reducirán su plantilla porque la estructura se transforma», dice.
El Ministerio de Justicia tiene previsto que la nueva Oficina Judicial entre en servicio en el mes de noviembre en Valladolid. Sin embargo, el reciente relevo en la cúpula del Ministerio de Justicia, que ha supuesto la dimisión de Bermejo y el nombramiento de Francisco Caamaño, puede acarrear una modificación de los plazos.
PLAN DE RECUPERACIÓN
Plan de choque: Tras desbloquear el proceso de negociación, atascado según los sindicatos por culpa del anterior ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el Gobierno estableció un plan para recuperar el trabajo perdido durante dos meses.
Incentivos: El plan establecía un plazo (desde el 8 de mayo hasta el 8 de septiembre del 2008) para poner al día los expedientes y volver a señalar los juicios. Para ello, el Ministerio se comprometía a abonar a los funcionarios, que voluntariamente acudiesen por las tardes, un complemento de 1.300 euros por todo el periodo.
Crisis: Pese a que después del verano se logró reducir el volumen de trabajo, la crisis económica a partir de septiembre volvió a aumentar el número de expedientes.
Los sindicatos creen que hoy no sería posible un paro reivindicativo tan largo
- «La opinión pública no entendería ahora con la recesión nuestras reclamaciones salariales», dice un representante sindical de CC. OO.
«En primer lugar porque en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo no estaría bien visto y no tendríamos autoridad moral frente a la opinión pública. Y en segundo, porque el Ministerio de Justicia no aceptaría el incremento que reivindicamos por los recortes del gasto corriente que han sufrido algunos departamentos», asegura Alfredo Prádanos, de Comisiones Obreras. Prádanos mantiene que la huelga de hace un año «se hizo a tiempo», aunque no se lograse el cien por cien de la equiparación salarial.
En el acuerdo firmado por el entonces ministro Mariano Fernández Bermejo y los sindicatos mayoritarios, en mayo del pasado año, se recogía un incremento lineal de 190 euros al mes por cada funcionario, para igualar se con trabajadores de comunidades como Madrid, Andalucía, Navarra o Aragón. En estas autonomías, son sus ejecutivos los que tienen la capacidad para incrementar las retribuciones de su personal traspasado.
En julio de este año se completará la totalidad de dicho pago que se ha ido fraccionando. Los sindicatos se comprometían también en el acuerdo a mantener 'una paz social' hasta el 2010, pero reconocen ahora que algunos de sus compañeros de las autonomías con transferencias en Justicia siguen teniendo incrementos superiores, lo que agranda más la discriminación salarial en el todo el Estado.
Las consecuencias del paro fueron evidentes. Se paralizaron los permisos de presos, los viajes de menores al extranjero y certificados de defunción por la baja actividad del Registro Civil, o los juicios por demandas civiles y penales que no tuvieran causa con preso.
Según datos del Ministerio de Justicia, el 50% de los 505 funcionarios de Valladolid siguió de forma intermitente durante el primer mes los paros convocados, una cifra que fue bajando hasta el 30% en el mes de marzo.
Durante dos meses, la presencia de los empleados públicos fue masiva no sólo en la calle y sedes oficiales, sino también en actos políticos que coincidieron con la campaña de las elecciones generales.
A cada uno de estos funcionarios se les aplicó un descuento que osciló entre los 80 y los 60 euros diarios por cada jornada de huelga, lo que supuso que muchos vieran recortadas sus nóminas de un modo importante.
Hasta 3.500 euros
A modo de ejemplo, un oficial del Cuerpo de Gestión dejó de percibir en esos dos meses unos 3.500 euros por todos los días de la huelga, que han sido descontados por el Ministerio de Justicia de forma gradual hasta el pasado mes de diciembre.
En la escala más baja, un agente judicial vio también bajar su salario en unos 1.600 euros por una huelga que se secundó durante los dos meses.
Imprimir artículoDATOS DE LA HUELGA
Periodo: Comenzó el 4 de febrero y finalizó el 4 de abril del 2008.
Seguimiento: Durante las primeras semanas, la participación fue masiva. El Ministerio de Justicia estima, según los datos de los descuentos, que en el primer mes el 50% de los funcionarios secundó el paro.
Afectados: Alrededor de 9.000 funcionarios de Castilla y León, de los cuales 505 trabajan en Valladolid.
Reclamación: Estos empleados públicos reclamaban un incremento lineal para todas las categorías de 200 euros al mes, con los que pedían equiparse con sus compañeros de regiones donde la administración de justicia está traspasada. Lograron 190 euros.
Consecuencias: La huelga obligó a suspender juicios, retrasó declaraciones y paralizó expedientes.
