Fuente: elpais.es
El Gobierno vasco acordó ayer rechazar el requerimiento que le realizó la Abogacía del Estado para que derogue el decreto aprobado en julio pasado que reguló el proceso de euskaldunización en la Administración de Justicia.
No es la primera vez que la cuestión enfrenta a ambas administraciones. En 2002 se produjo una situación similar que terminó en el Tribunal Constitucional. Su pronunciamiento fue considerado "positivo" por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.
El decreto, que el Ministerio de Justicia podría ahora también recurrir a los tribunales, se aprobó en julio y establece que en 10 años el 42% de la plantilla judicial en Euskadi deberá acreditar el perfil que se le haya adjudicado: el 2 para auxiliares y agentes y el 3 (equivalente al EGA) para oficiales y forenses. La norma no atañe a jueces, fiscales ni secretarios judiciales. Las exigencias se fijarán dando prioridad a los servicios de más relación con el público, y según el índice de euskaldunes en la localidad de cada juzgado.
La euskaldunización de la Administración de Justicia lleva un retraso notable. Ya en 2001, el Ejecutivo se fijó tener la plantilla euskadunizada en un 40% para 2010. En la actualidad acredita el conocimiento del idioma un 25% de sus integrantes y aquel objetivo, elevado ahora en dos puntos, hasta el 42%, se remite a 2018.
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