CCOO denuncia la privatización de nuevo de la prestación de asistencia psicológica en las Oficinas de Atención a las Víctimas


28 de febrero de 2020


  • El Consejo de Ministros de 25 de febrero aprueba por Real Decreto la concesión directa de una subvención de 1.051.800 € para la atención especializada en las Oficinas de Atención a la Víctima.


EL MINISTERIO DE JUSTICIA CONTINÚA CON SU POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN: EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS, NUEVAMENTE, EL CONSEJO DE MINISTRO DE 25 DE FEBRERO HA APROBADO UNA CONCESIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA A LAS VICTIMAS DE DELITOS

CCOO exige al Ministerio de Justicia la creación urgente de 27 plazas de psicólogos de la Administración de Justicia para las Oficinas de Atención a la Víctima y su convocatoria a concurso de traslados entre el personal fijo de dicha categoría

El Consejo de Ministro el 25 de febrero, ha aprobado nuevamente por Real Decreto la concesión directa de una subvención de 1.051.800 Euros para la atención especializada en las Oficinas de Asistencia a la Victimas dependiente del Ministerio de Justicia, con lo cual se sigue con la misma práctica, de establecer Convenios de Colaboración con el Colegio de Psicólogos, para atender dichas Oficinas, a pesar de que, en varias sentencias de los Juzgados de lo Social, establecen que estos convenios suscritos entre el Ministerio de Justicia y el Colegio General de Psicólogos, se utiliza la figura del falsos autónomos, porque en la realidad trabajan exclusivamente para la Administración de Justicia.

Algunas sentencias ya firmes, consideran a estos trabajadores/as como personal laboral indefinido y por consiguiente pasarán a formar parte de la Administración de Justicia y del ámbito del IV Convenio, además, está siendo condenado el Ministerio de Justicia a pagar las diferencias retributivas entre estos trabajadores y los Psicólogos/as que prestan servicios con personal laboral, en el ámbito de aplicación del IV Convenio Único de la Administración General del Estado.

Estos Psicólogos/as, desde el inicio de su actividad, y de forma ininterrumpida, prestan sus servicios en las dependencias de los Juzgados de la Administración de justicia, siendo el mobiliario, los medios de trabajo, consumibles, servicios de telefonía y electricidad, propios del Ministerio de Justicia, siéndolo también, incluso, el correo electrónico que usan estos trabajadores. Además, la Administración de Justicia, ordena al señalado Colegio los cursos de formación a los que estos psicólogos/as debe asistir, así como el contenido e impartición de los mismos. Realizan, por imposición de la Administración de Justicia, un horario de trabajo fijo, acorde con las actividades judiciales de los Juzgados, sin que se pueda modificar o alterar el mismo. Toda la actividad de estos trabajadores/as, desde el inicio de su trabajo se desempeña bajo la coordinación y dirección de la Jefatura de Oficinas de Asistencia a las Victimas del Ministerio de Justicia.

Los contratos realizados por el Ministerio con este Colegio, es una mera formalidad legal para interponer al referido Colegio en su relación de trabajo, puesto que queda claro que estos Psicólogos/as, en realidad trabajan por cuenta de la Administración de Justicia.

Además, la colaboración del Colegio de Psicólogos es muy provechosa para el referido Colegio, porque ofrece con ello un servicio a sus colegiados a los que se le facilitaba obtener un puesto de trabajo, en la Administración Pública, saltándose los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito, así como el de publicidad, ya que todo queda restringido a las y los afiliados de este Colegio Profesional.

Los Tribunales están determinando que “la Administración de Justicia es la única responsable, la relación laboral que existe con el Ministerio y que la labor del colegio no va más allá de la mera designación de los psicólogos/as, actuando en promoción y defensa de los intereses de los colegiados, siendo indiferente que las facturas se emitan a su nombre, pues quien sufraga los servicios es la Administración, financiando el coste de la asistencia prestada".

Recordar que CCOO, en el momento en que se acordaron y aprobaron estas plazas de Oficinas de Atención a la Victima planteamos que dichos puestos de trabajo los desempeñaran el personal laboral fijo del Convenio, la Administración de Justicia aceptó la propuesta, pero nuevamente el Ministerio de Función Pública, la bloqueó y la rechazó, por lo que la Administración, contra la posición de CCOO y nuestra oposición activa, llegó a un acuerdo con el Colegio de Psicólogos y decidió privatizar el Servicio, sin que dichos trabajadores/as pasasen ningún proceso selectivo, ni cumpliesen con los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y tampoco con el de publicidad, que debe regirse en cualquier convocatoria de empleo público.

Nuevamente no hemos dirigido al Subdirector de Medios Personales, para exigirles que se creen las 27 de plazas de Psicólogos como Personal Laboral de la Administración de Justicia de todas las Oficinas de Atención a la Víctima y que sean urgentemente ofertadas en concurso de traslado, entre los Psicólogos/as de la Administración de Justicia y posteriormente si no se cubren, para promoción interna y a la oferta de Empleo Público.

También nos vamos a dirigir al Pleno de la Comisión Paritaria del IV Convenio, ya que el acuerdo de colaboración con el Colegio de Psicólogos, está sirviendo en realidad para efectuar contrataciones que se formalizan fuera de dicho Convenio, cuando existen psicólogos/as en la Administración de Justicia que pueden realizar dichas funciones.

CCOO exige que se deben cancelar de forma inmediata todos los Acuerdos con el Colegio de Psicólogos tanto el de la Oficina de Atención a la Victima como el Convenio de Colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la realización de informes periciales para los Institutos de Medicina Legal. Reclamaciones que lleva exigiendo CCOO durante años

La política de Ministerio de Función Pública es absolutamente despreciable pues, por un lado, privatiza un servicio Público, imprescindible para el ciudadano (la atención a la Víctima); otorgándole su competencia a un colegio profesional y hurtando a su vez a los derechos laborales de las y los empleados/as públicos (Personal Laboral) a concursar a esos puestos de trabajo.

Y ahora nos encontramos con una situación de la que solo el Ministerio de Justicia y Función Pública son los responsables, con la consecuencia gravísima para el personal laboral de la Administración de Justicia de esta categoría, psicólogos/as, si no se acepta la propuesta de CCOO de crear 27 plazas de psicólogos/as en la Administración de Justicia y se convocan a concurso de traslado inmediatamente.

El Ministerio de Justicia sabe que esa es la solución, esperemos que no dé la espalda de nuevo a las y los empleados públicos. Imprimir artículo