CCOO vuelve a solicitar a los grupos políticos que impidan la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil con su redacción actual


12 de septiembre de 2019


  

CCOO VUELVE A SOLICITAR A LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE IMPIDAN LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL CON SU REDACCIÓN ACTUAL PREVISTA PARA EL 30 DE JUNIO DE 2020

CCOO seguimos exigiendo una modificación de la Ley 20/2011 para que se garantice un Registro Civil totalmente público, atendido por personal de la Administración de Justicia, con oficinas generales en todos los partidos judiciales y con oficinas delegadas en todos los Juzgados de Paz

CCOO hemos remitido a los grupos políticos un exhaustivo informe en el que explicamos los avatares de la tramitación de esta Ley del Registro Civil desde su aprobación allá por 2011 y los motivos que justifican la necesidad de su modificación, como son:

  • El desarrollo de la aplicación para la implantación del Registro Civil Electrónico.
  • La necesaria definición de la Administración de la que dependa funcionalmente el Registro Civil.
  • La adecuada demarcación de las Oficinas Generales de Registro Civil.
  • El establecimiento de funciones de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil.
  • La concreción de normas de competencia en la calificación de los hechos registrales.
  • Y otras importantes modificaciones de la Ley 20/2011 y normas complementarias que se recogen en el propio informe.
Dado que dicha fecha de entrada en vigor se va aproximando, CCOO solicita a los grupos parlamentarios que promuevan o, en su caso, apoyen la modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, que permita su entrada en vigor de forma que se garantice que el Registro civil sea un servicio público integrado dentro de la Administración de Justicia, cercano, gratuito, accesible electrónicamente por las demás Administraciones y funcionarios públicos, con oficinas en todas las localidades y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia.

CCOO seguiremos presionando a los partidos políticos y al gobierno (en funciones o no) y cuando sea el momento oportuno no dudaremos en convocar las acciones y movilizaciones que sean necesarias, de común acuerdo con el personal de la Administración de Justicia y con el resto de organizaciones sindicales, políticas o de la sociedad civil que quieren sumarse a las mismas.
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