- CCOO ha conocido a través de los medios de comunicación el acuerdo entre el PP y el PNV sobre aspectos que atañen directamente al sistema público de pensiones y a los derechos de quienes ya perciben algún tipo de pensión. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2018 y 2019, es sin duda positivo, pero si no se corrige la reforma de 2013 en 2020 el problema se mantiene. Para CCOO el sistema público de pensiones requiere visión a largo plazo y el máximo consenso posible, más que improvisaciones motivadas por necesidades coyunturales.
Al parecer, el acuerdo se basa en un incremento de las pensiones del 1,6% tanto este año como el siguiente, el aumento de las bases reguladoras de las pensiones de viudedad hasta el 56% en este año y el 60% en 2019, y el retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta el año 2023.Para CCOO hay que resaltar, en primer lugar, que estas propuestas, si se confirman, se abren camino gracias a las movilizaciones que han tenido lugar a lo largo de estos meses en multitud de ciudades y en las que han participado centenares de miles de jóvenes y mayores en defensa de los aspectos básicos de la protección social. Sin su movilización no hubieran sido posibles las modificaciones anunciadas.
Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2018 y 2019 es positivo, sin duda, pero si no se corrige la reforma de 2013, el 1 de enero de 2020 el problema se mantiene intacto y volveremos al 0,25%.
Se anuncia también el aplazamiento de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023, frente a la intención inicial del Gobierno de hacerlo en 2019. Conviene recordar que en la mencionada Ley de 2011 no es hasta 2027 cuando debería procederse a la revisión de los parámetros fundamentales del sistema para financiar el impacto del incremento de esperanza de vida. La medida anunciada desplaza cuatro años el problema generado por la reforma impuesta en solitario por el PP en 2013, pero no corrige la regulación del factor de sostenibilidad que hemos rechazado. Por tanto, es una buena noticia que no se aplique en 2019, pero el problema sigue ahí, aún desplazado en el tiempo.
En cualquier caso, hay que aclarar algunos aspectos que se presentan como novedosos a pesar de estar pendientes desde hace tiempo. En concreto, la elevación hasta el 60% de la base reguladora en las pensiones de viudedad se incorporó en la Ley 27/2011 por la que se desarrollaba el Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones firmado en febrero de ese año en el ámbito del diálogo social. Se establecía entonces un proceso progresivo de elevación desde el 52% hasta el 60% que debía haber comenzado en 2012 a lo largo de ocho años. Nada se ha hecho hasta ahora y, por fin, parece que podría aplicarse esa medida con importante impacto para una parte de las pensiones de viudedad, percibidas muy mayoritariamente por mujeres.
Por último, CCOO insiste en la necesidad de que todas estas materias sean abordadas tanto en el marco del Pacto de Toledo como en la correspondiente mesa del diálogo social. El sistema público de pensiones requiere visión a largo plazo y el máximo consenso posible, más que improvisaciones al margen motivadas por necesidades coyunturales.
Es necesario equilibrar la estructura de ingresos de la Seguridad Social aumentar los procedentes de cotizaciones y la aportación desde los Presupuestos del Estado.
El gobierno participado del sistema de pensiones a través de un Pacto de Estado, con participación de mayorías parlamentarias amplias y el acuerdo con los interlocutores sociales, es la mejor garantía de mantenimiento del pacto intergeneracional que lo sustenta, trasladando a las distintas generaciones (actuales y futuros pensionistas; trabajadoras y trabajadores activos y jóvenes), la confianza en que van a ser tratados de igual forma. Imprimir artículo
