El próximo 2 de octubre entran en vigor la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que derogarán, entre otras, tanto la Ley 30/1992, como la Ley 11/2007, deben de suponer la efectiva implantación de la Administración Electrónica en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, y en las relaciones entre dichas Administraciones, fomentando, en todo caso, la dinamización y simplificación de los procedimientos y trámites administrativos.
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