Escrito de CCOO de Justicia a los partidos políticos sobre las reformas
necesarias en la Administración de Justicia.
CCOO SOLICITA A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS UNA REUNIÓN URGENTE PARA QUE SE PRONUNCIEN EN LA CAMPAÑA ELECTORAL
SOBRE LAS PRIVATIZACIONES, EMPLEO PÚBLICO E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Las actuaciones llevadas a cabo durante estos últimos
años exigen para CCOO un cambio radical de las
políticas públicas en el ámbito de los juzgados, tribunales, fiscalías, registros
civiles y otros servicios judiciales
En el escrito
que hemos presentado a los partidos políticos les hemos solicitado “con la mayor urgencia posible una reunión en
la que podamos hacerles llegar nuestra profunda preocupación por las más que
probables y probadas intenciones del Partido Popular de deteriorar aun más el
servicio público de la Administración de Justicia”.
CCOO ha traslado a los partidos
políticos la situación actual de la administración de justicia que se
caracteriza por:
·
Privatizaciones
encubiertas de servicios (actuaciones del Registro
Civil a favor de los Notarios, externalización de servicios como los de
atención al usuario de las nuevas tecnologías o de atención a la víctima, etc.)
e intenciones cada vez más evidentes de
privatizar los registros civiles e incluso los asuntos judiciales a través
de instituciones de mediación.
·
Una imposición
empecinada por parte del actual ministro y su equipo de los sistemas
informáticos en la administración de justicia sin la
necesaria participación de los trabajadores y las trabajadoras, sin planes
efectivos de formación de los mismos, sin los medios tecnológicos necesarios y
sin las garantías suficientes para preservar la igualdad de ciudadanas y
ciudadanos para acceder a la justicia. Se
han establecido plazos de implantación de imposible cumplimiento (el 1 de
Enero de 2016 para la utilización obligatoria de LexNet y el 7 de Julio de 2016
para la implantación obligatorio del Expediente Judicial Electrónico) a sabiendas de que no existen los medios
necesarios ni en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia ni en las
Comunidades Autónomas con competencias lo que supone una invitación al
incumplimiento de la legalidad vigente como así se está produciendo.
·
Una escasez de
medios materiales y personales que impide acometer el ingente trabajo de los
juzgados, tribunales, fiscalías y servicios de la Administración de Justicia, con un número de jueces, fiscales y demás personal
absolutamente insuficiente en términos absolutos y en términos comparativos
con otros países de nuestro entorno.
·
Precarización
de las condiciones de contratación de los trabajadores y trabajadoras de la
Administración de Justicia: aproximadamente 1 de cada 4 son personal eventual o
interino, superando el 50% de los puestos de trabajo en Baleares, Canarias
y Cataluña, mientras continúan sin
convocarse las Ofertas Públicas de Empleo suficientes para dotar todas las
plantillas de empleados públicos. Asimismo está
bloqueada la carrera profesional de los trabajadores y las trabajadoras.
Frente a esta situación que el Partido Popular ha
provocado y defendido en los últimos años de gobierno, desde CCOO de Justicia le hemos planteado a las principales
formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones:
1.
La permanencia de todos los servicios relacionados con la
Administración de Justicia en manos de los poderes públicos, frenando las
privatizaciones previstas por el Partido Popular y revirtiendo al ámbito de
lo público los servicios ya privatizados o externalizados. En concreto
solicitamos que el Registro Civil (cuyo futuro debe decidirse por el próximo
gobierno y parlamento antes de Julio de 2017) siga siendo público, universal,
gratuito y gestionado por personal de la Administración de Justicia.
2.
Una implantación de las nuevas tecnologías en la Admón. de
Justicia, consensuada, en plazos razonables, con los medios necesarios, con
planes de formación a los trabajadores y a las trabajadoras y con su
participación, aplazándose la fecha del 7 de Julio de 2016, prevista legalmente
para la entrada en vigor obligatoria del expediente judicial electrónico y con
una moratoria explícita de la implantación de LexNet.
3.
El aumento del número de juzgados y de funcionarios y
funcionarias de todos los cuerpos y del personal laboral y la convocatoria de
Ofertas de Empleo Público expansivas que permitan la profesionalización y
propicien la carrera profesional del personal.
