- La formalización se realizará mañana, 15 de diciembre, en la Oficina de Registro de la calle María de Molina nº 50, a las 12:30h.
- Esta denuncia del convenio, que afecta a casi 50.000 personas, obliga al Gobierno a iniciar la negociación de las condiciones de trabajo de su personal laboral en un plazo máximo de un mes.
Como se había anunciado, CCOO y UGT formalizarán la denuncia del III Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado, presentando el correspondiente escrito en la Oficina de Registro situada en la calle María de Molina nº 50 (Centro de Información Administrativa), mañana 15 de diciembre a las 12:30 horas.
Ambos sindicatos han acordado los objetivos principales para la negociación de este convenio, que afecta a casi 50.000 trabajadoras y trabajadores. Se refieren fundamentalmente a la devolución de los derechos sustraídos por las decisiones del Gobierno (empleo, salarios, jornada, acción social, formación, etc.); la recuperación del volumen de empleo perdido, para garantizar los servicios que la Administración del Estado debe prestar a la ciudadanía; así como del desarrollo de la carrera profesional y el sistema de provisión de puestos, acordes con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, o la adaptación de la clasificación profesional al Estatuto Básico del Empleado Público y al marco educativo.
La denuncia de este convenio, uno de los más importantes del país por el número de personas afectadas, tiene mucho que ver con la sensación que tienen trabajadoras y trabajadores de que el texto actual ha agotado su recorrido y precisa de una revisión y mejora en profundidad. Pero también, y sobre todo, es consecuencia de los reiterados incumplimientos del convenio vigente por parte del Gobierno y la imposición de un deplorable esquema de negociación que ha impedido su desarrollo.
De esta forma CCOO y UGT obligan al Gobierno a iniciar la negociación respecto de la regulación de las condiciones de trabajo de su personal laboral. Una negociación que no admite las tácticas dilatorias a las que están acostumbrados, pues la normativa impone su inicio en el plazo máximo de un mes.
No cabe duda de que con este acto se pone en funcionamiento un instrumento que debe servir de revulsivo en la negociación para la mejora de las condiciones de trabajo del conjunto del empleo público de la Administración del Estado.
Las principales reivindicaciones acordadas para la negociación de este Convenio —empleo, clasificación profesional, retribuciones o carrera profesional— son aplicables a todo el personal de la Administración del Estado, con independencia de que se trate de personal laboral o funcionario. Son aspiraciones del conjunto de las empleadas y empleados públicos y estas reivindicaciones deben impulsar también el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración General del Estado, a través de la negociación de la correspondiente Ley de Función Pública.
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Ambos sindicatos han acordado los objetivos principales para la negociación de este convenio, que afecta a casi 50.000 trabajadoras y trabajadores. Se refieren fundamentalmente a la devolución de los derechos sustraídos por las decisiones del Gobierno (empleo, salarios, jornada, acción social, formación, etc.); la recuperación del volumen de empleo perdido, para garantizar los servicios que la Administración del Estado debe prestar a la ciudadanía; así como del desarrollo de la carrera profesional y el sistema de provisión de puestos, acordes con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, o la adaptación de la clasificación profesional al Estatuto Básico del Empleado Público y al marco educativo.
La denuncia de este convenio, uno de los más importantes del país por el número de personas afectadas, tiene mucho que ver con la sensación que tienen trabajadoras y trabajadores de que el texto actual ha agotado su recorrido y precisa de una revisión y mejora en profundidad. Pero también, y sobre todo, es consecuencia de los reiterados incumplimientos del convenio vigente por parte del Gobierno y la imposición de un deplorable esquema de negociación que ha impedido su desarrollo.
De esta forma CCOO y UGT obligan al Gobierno a iniciar la negociación respecto de la regulación de las condiciones de trabajo de su personal laboral. Una negociación que no admite las tácticas dilatorias a las que están acostumbrados, pues la normativa impone su inicio en el plazo máximo de un mes.
No cabe duda de que con este acto se pone en funcionamiento un instrumento que debe servir de revulsivo en la negociación para la mejora de las condiciones de trabajo del conjunto del empleo público de la Administración del Estado.
Las principales reivindicaciones acordadas para la negociación de este Convenio —empleo, clasificación profesional, retribuciones o carrera profesional— son aplicables a todo el personal de la Administración del Estado, con independencia de que se trate de personal laboral o funcionario. Son aspiraciones del conjunto de las empleadas y empleados públicos y estas reivindicaciones deben impulsar también el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en la Administración General del Estado, a través de la negociación de la correspondiente Ley de Función Pública.
