CCOO de
Justicia propone a los partidos políticos medidas urgentes para atajar el
deficiente funcionamiento de los juzgados
CCOO apuesta por una Administración de Justicia
entendida como un servicio público, universal, gratuito, cercano a la
ciudadanía y atendido en exclusividad por empleadas y empleados públicos.
CCOO EXIGE A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES, UN COMPROMISO CLARO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS REGISTROS CIVILES, DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN Y DE CUALQUIER
OTRO SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Los poderes
públicos están obligados a dotar de recursos humanos y medios materiales
suficientes (medios personales, infraestructuras, edificios judiciales, medios
tecnológicos, etc.) a la
Administración de Justicia de forma que los Juzgados,
Tribunales, Fiscalías y otros servicios puedan desempeñar sus funciones
constitucionales con imparcialidad y celeridad.
En CCOO compartimos con la inmensa mayoría de la
opinión pública que los órganos jurisdiccionales de nuestro país no atienden
con la calidad ni con la eficacia suficientes las demandas ciudadanas y
manifestamos que es solo el esfuerzo personal de los trabajadores y la
trabajadoras de la
Administración de Justicia lo que está permitiendo un mínimo
funcionamiento de este servicio público abandonado a su suerte
históricamente por los sucesivos gobiernos.
Por último, creemos
que todos los partidos políticos deben asumir un serio compromiso de despolitizar
el Poder Judicial y sus órganos de gobierno, de tal forma que se garantice
la imparcialidad de los Juzgados, Tribunales y Fiscalías, especialmente en el
control judicial de los otros poderes e instituciones del Estado. Es
imprescindible, por tanto:
Ø
Una reforma del sistema para los nombramientos
de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional y del Tribunal de Cuentas.
Ø
La eliminación de todos los cargos de libre
designación en la
Administración de Justicia
siendo los criterios objetivos de antigüedad y los méritos profesionales
los únicos que han de tenerse en cuenta para la provisión de puestos de trabajo
mediante concursos públicos.
Con
estos criterios, la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO a iniciativa del Sector de Justicia ha
planteado a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones
generales del 20 de Diciembre:
1.- Una oposición frontal a cualquier tipo de privatización y la recuperación para el ámbito público de aquellos servicios que hayan sido privatizados, en concreto:
-
El mantenimiento de los Registros
Civiles públicos, gratuitos, cercanos a la ciudadanía y atendidos por personal
de la Administración
de Justicia, abandonándose definitivamente el proyecto
de su asignación a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
-
La derogación de todas las
disposiciones vigentes que han venido asignando a los Notarios y Registradores
de la Propiedad
determinadas actuaciones del Registro Civil, como los expedientes de
nacionalidad y de matrimonio civil.
-
La asignación en exclusiva de los
actos de comunicación y ejecución a las funcionarias y funcionarios públicos de
la Administración
de Justicia, impidiéndose su práctica a los Procuradores de los Tribunales
que, por un lado, actúan en estos casos como juez y parte y, por otra parte,
discriminan a las personas que carecen de medios para poder contratar a estos
profesionales privados.
-
La prestación de los servicios de
atención a las víctimas de delitos y de los equipos psico-sociales, que
asesoran a los juzgados de familia y de menores, por empleadas y empleados
públicos.
2.-
Un aumento significativo del número de Juzgados y Tribunales, de Jueces,
Fiscales y demás personal funcionario de los cuerpos generales y especiales de la Administración de
Justicia y personal laboral que nos acerque a la media de los países más
avanzados de nuestro entorno y que pueda garantizar la eficacia, calidad y
celeridad de la
Administración de Justicia.
En este sentido,
deben convocarse ofertas de empleo público que incluyan el 100 % de las plazas
vacantes con el objeto de alcanzar el objetivo de garantizar la estabilidad en
el empleo, porque no pueden permitirse cifras escandalosas que alcanzan el 30%
de personal eventual, en condiciones precarias, en puestos de trabajo y servicios
que son permanentes y estructurales.
3.-
Debe mantenerse la estructura actual de la planta judicial basada en la
existencia de partidos judiciales que garantizan un servicio público de la Administración de
Justicia cercano a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más
vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia machista.
4.-
La gratuidad total de todos los servicios de la Administración de
Justicia que serán sufragados con dinero público, eliminándose de forma
definitiva las tasas judiciales, el cobro de aranceles y las costas, como
mínimo en los procedimientos en materia de personal en defensa de sus derechos
por los trabajadores/as públicos.
Junto a estas medidas específicas de la Administración de
Justicia, CCOO ha propuesto también a todos los
partidos políticos el abandono de las políticas de recortes y la reposición de
todos y cada uno de los derechos en materia de servicios y empleo públicos, ya
que para CCOO sigue siendo irrenunciable:
- La
recuperación de la totalidad de las retribuciones recortadas desde 2010.
- La
recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
- La
recuperación del 100% de las retribuciones en caso de Incapacidad
Temporal.
- La
descongelación total de las Ofertas de Empleo Público.
- La
recuperación de las partidas presupuestarias destinadas a acción social,
formación profesional y productividad.
- La
recuperación total de los días de permiso.
- El
desbloqueo de los procesos de promoción profesional.
