- Los PGE 2016 no sirven para
combatir el paro y la pobreza,
los principales problemas el país.
- Los Presupuestos Generales del Estado para 2016, aprobados por el Consejo de
Ministros y que se ha encargado de glosar el presidente del Gobierno en su comparecencia
ante los medios de comunicación, no sirven para combatir el paro, la pobreza
y la creciente desigualdad que conoce nuestro país.
CCOO cree que los PGE para 2016
siguen pensando más en la magia estadística
de la macroeconomía, que en las
necesidades reales de las personas.
“De la crisis no saldremos hasta que
recuperemos los estándares de condiciones
de vida anteriores al inicio de la
misma”, recuerda el secretario general
de CCOO.
No se puede aceptar que los sectores y
colectivos más golpeados por la crisis
sean los grandes olvidados de la política
presupuestaria, y que en estos años hayan
crecido la desigualdad y la pobreza
sin que los PGE se propongan como
prioridad atacar esta situación. “Si no
se impulsa decididamente la actividad
económica y el empleo de calidad, si no
se combate la desigualdad y la pobreza,
y si no se avanza hacia una red de protección
social más robusta y eficaz, las
políticas públicas a los ojos de la ciudadanía
se quedan en mera declaración
de intenciones”, advierte Toxo.
Las políticas públicas a los ojos
de la ciudadanía se quedan
en mera declaración de intenciones
En este contexto de olvido de las políticas
sociales, CCOO considera imprescindible
y de urgente necesidad la ILP para la regulación de una Renta Mínima (prestación de ingresos mínimos,
según la propia definición de la iniciativa),
impulsada por CCOO y UGT, que
salga al paso de la situación de extrema
necesidad en la que se encuentran dos
millones de personas, y que nos proponemos
impulsar con fuerza a primeros
de septiembre.
Una ILP que debería ser
una de las primeras medidas a aprobar
en la próxima legislatura.
En opinión de CCOO, los PGE de 2016 tampoco
ayudan a despejar las insuficiencias
del sistema de Seguridad Social,
que tendría que revisar el sistema de
revalorización de las pensiones, limitar
el uso del Fondo de Reserva, activar
medidas transitorias para incrementar
los ingresos de la Seguridad Social y un
plan a medio plazo para que estos ingresos
aumenten de forma estructural
los recursos del sistema.
Tampoco se dan pasos hacia un modelo
retributivo más justo y eficaz, que
combata radicalmente el fraude, que
se dote de un IRPF donde aumente la
aportación de las rentas del capital,
que las grandes empresas –bancos incluidos–
paguen los impuestos que se
derivan de sus beneficios, o que el IVA
reducido se aplique a todos los consumos
básicos del hogar; o que logremos
recuperar progresivamente el gasto
público previo a la crisis.
Los PGE de 2016 deberían favorecer el crecimiento
y la creación de empleo, avanzar
hacia un nuevo modelo productivo de
calidad; prestar especial atención a
la rehabilitación urbana y de vivienda,
desarrollando un mercado de alquiler
de vivienda social y el mantenimiento
de las infraestructuras; reforzar la
atención a las personas dependientes
y/o personas mayores; mejorar y no
deteriorar el funcionamiento de los servicios
públicos, de la sanidad, la educación
y las políticas sociales; y poner en
marcha un plan de choque contra el
desempleo, garantizando la empleabilidad
(formación), y protegiendo mejor a
las personas.
En definitiva, estamos ante unos PGE
de marcado carácter continuista, solo
aderezados con guindas publicitarias
dirigidas a empleados públicos o rebajas
fiscales precipitadas y oportunistas
que debilitarán aún más la capacidad
del Estado para impulsar las políticas
públicas.
El anuncio del Gobierno a los sindicatos,
en la Mesa General de la Función Pública
y en la de la Administración General
del Estado, de que se propone incrementar
los salarios un 1% y devolver el
25% de la paga extraordinaria hurtada
a los empleados públicos, es un tímido
e insuficiente paso que se inscribe en
la campaña electoral, y de cuya consolidación
y voluntad de ampliación dudan
los sindicatos.
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