UNA GRAN MAREA AMARILLA RECORRE LAS CALLES DE MADRID DENUNCIANDO LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MADRID EN DEFENSA DEL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO PUBLICO INTEGRADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SERVIDO POR PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN.La manifestación impulsada por la plataforma de trabajadores/as de los Registros Civiles contó con el apoyo y la presencia de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia, colectivos ciudadanos, asociaciones profesionales del mundo de la Justicia y partidos políticos como IU y el PSOE. También participaron en la manifestación representantes de Podemos.
CCOO CONSIDERA IMPRESCINDIBLE MANTENER LA PRESIÓN PARA REVERTIR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, SECUNDANDO Y PARTICIPANDO DE FORMA MASIVA EN TODAS LAS ACCIONES QUE SE CONVOQUEN, ENTRE ELLAS LA RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PRESENTADA POR CCOO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL RC PARA LOGRAR LAS 500.000 FIRMAS Y QUE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE LA ILP LLEGUE AL DEBATE EN EL CONGRESO.
Además, continuando con las distintas iniciativas, que estamos llevando a cabo, CCOO presentó recurso contra la Orden JUS/147/2015, de 5 de febrero, por la que se crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de registro civil, y, con ocasión de las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo, CCOO, de nuevo, está promoviendo pronunciamientos de los Plenos municipales contra la privatización del Registro Civil y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.
Para CCOO, la manifestación de este sábado 11 de abril, impulsada por la plataforma del personal funcionario de los registros civiles de todo el territorio nacional y apoyada por la mayoría de las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia y por colectivos ciudadanos, asociaciones profesionales del mundo de la Justicia y partidos políticos, fue un gran éxito y supone un fuerte varapalo de la ciudadanía a la decisión del Gobierno, capitaneado por Mariano Rajoy, registrador de la propiedad, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá de privatizar el Registro Civil adjudicando su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles.
Y una clara demostración del éxito de la manifestación es la inmediata reacción del ministro de Justicia que, en la tarde del sábado, en un claro intento de desacreditar el clamoroso rechazo de la privatización del Registro Civil demostrado por la ciudadanía y por las y los trabajadores, lanzó un comunicado a los medios de prensa repitiendo una vez más su “mantra” preferido “el Registro Civil no se va a privatizar y este servicio seguirá siendo gratuito, público y cercano al ciudadano" sin aportar un solo dato o documento que garanticen la certeza de sus palabras.
Pero el Gobierno y
el ministro de Justicia, Rafael Catalá, siguen mintiendo cuando afirman que los servicios prestados por el Registro Civil en manos de los
registradores van a seguir siendo gratuitos en los mismos términos que en la
actualidad. Prueba de ello, tal y como viene denunciando CCOO, y números artículos de prensa, son el proyecto de Ley de tramitación de la
nacionalidad española por residencia, hoy en trámite en el Senado, que
establece expresamente que el Gobierno podrá establecer aranceles para
retribuir a los Registradores por todas las actuaciones derivadas de dichos
expedientes (tramitación del expediente, jura de nacionalidad, inscripción de
nacimiento y nacionalidad). O el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria,
que amplía la competencia en la tramitación de los expedientes a los Notarios,
y permite el establecimiento de aranceles para ello. Estos expedientes, que
constituyen más del 80 % de expedientes del Registro Civil, hoy son gratuitos y
mañana dejarán de serlo.
CCOO le pregunta al ministro de Justicia si
para él son un ejemplo de gratuidad los 4 millones de euros que el Ministerio
de Justicia va a pagar al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, tal y como consta en
la encomienda de gestión publicada en el BOE de 7 de abril, o las enmiendas propuestas por el Ministerio de
Justicia a un proyecto de Ley en tramitación en el Congreso, consensuadas con
el Colegio de Registradores, para el cobro de los libros de familia,
manifestaciones sobre vecindad civil, capitulaciones, cambios de nombre, etc.,
que han aparecido en diversos medios de comunicación.
En definitiva para CCOO el
Gobierno mantiene sus políticas de privatización de los servicios públicos para convertirlos en negocios privados en
manos de colectivos privilegiados aunque esto implique la destrucción de puestos
de trabajo e impida que la ciudadanía pueda acceder a estos servicios en
condiciones de igualdad.
Por eso, CCOO rechaza de plano que la privatización del Registro Civil suponga un modelo más
eficiente frente al actual y denuncia la falta de responsabilidad del
Ministerio de Justicia que no dota de medios personales y materiales a aquellos
Registros Civiles que puedan presentar alguna deficiencia o demora en su
funcionamiento para poder tener alguna justificación en su decisión de
privatizar este servicio público.
