CCOO
SIGUE PLANTEANDO INICIATIVAS PARA IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL
CCOO
EJERCE EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL Parlamento Europeo, PARA que SE establezca
que los Registros Civiles de los países de la UE DEBEN MANTENERSE EN EL
ÁMBITO PÚBLICO Y SERVIDOS POR FUNCIONARIAS/OS PÚBLICOS
CCOO expone en su petición que en España, desde su creación en 1871, el
Registro Civil ha estado a cargo del personal funcionario al servicio de la Administración de
Justicia
CCOO continúa trabajando para impedir que a partir del 15 de
julio de este año el Registro Civil salga de la Administración de
Justicia y se privatice, atribuyendo su llevanza a los Registradores
Mercantiles. Además de estar pendiente la aceptación a trámite y posterior
recogida de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa
Popular para paralizar la privatización del Registro Civil, CCOO ejerció ayer a través del portal del
Parlamento Europeo el derecho de petición contemplado en el artículo 227
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , a fin de que:
1º.- Que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la
necesidad de que los Registros Civiles de los países de la Unión Europea ,
como institución a cargo de los datos personales esenciales de los ciudadanos de
la Unión Europea ,
sean servidos en todo caso por funcionarios/as públicos integrados en
Administraciones públicas, en salvaguarda de los derecho a la intimidad y a
la protección de datos de carácter personal recogidos en los artículo 7 y 8 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE
y el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos.
2º- Que el Parlamento Europeo proponga la inclusión, en
el Proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y de Consejo relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, que se establezca de
forma expresa que en los Registros Civiles de los Estados miembros de la Unión Europea los
responsables del tratamiento de los datos contenidos en los mismos y todo el
personal que tenga a su cargo deban ser funcionarios/as públicos integrados en
Administraciones públicas.
CCOO solicita que, dado que en España a
partir del 15 de julio de 2015 la llevanza del Registro Civil va a corresponder
a los Registradores Mercantiles, y que en caso de ser aprobada esta
petición dicha llevanza sería contraria a la misma, se proceda a la
consideración y votación de su petición antes
del 15 de julio de 2015.
Para CCOO, la llevanza
del Registro Civil encomendada a los registradores mercantiles y sus
trabajadores/as, implicaría que los datos más personales de todos la ciudadanía
serán tratados por personal que no tienen la condición de funcionarias/os
públicos, por tanto no sujetos al deber de confidencialidad en el tratamiento
de datos personales lo cual puede suponer vulneración del derecho a la
intimidad al encomendar a particulares la llevanza del Registro Civil. No basta
con la titularidad pública del Registro Civil, de sus datos o de los programas
informáticos que lo gestionen, es preciso que quien sea responsable del
tratamiento de estos datos, quien los gestione y tenga por tanto la oportunidad
de registrarlos, modificarlos o cederlos tengan, desde el Registrador hasta sus
empleados/as, la condición de funcionarias/os públicos.
CCOO explica en su
petición que en España desde su creación en 1871 el Registro Civil ha estado a
cargo de la
Administración de Justicia, siendo sus responsables los
Jueces o Magistrados Encargados de los Registros Civiles municipales
principales o Central, y los Cónsules, respecto de los Registros Civiles
Consulares, y que los encargados del tratamiento de los datos incluidos en este
fichero son las y los funcionarios públicos de los Cuerpos al servicio de la Administración de
Justicia destinados en los Registros Civiles.
Una vez se admita a trámite esta petición por el Parlamento
Europeo explicaremos cómo todas las personas, organizaciones y colectivos
que lo deseen pueden adherirse a la misma, para hacer más fuerza ante el
Parlamento Europeo y que en caso de que prospere debería suponer la
paralización de la privatización del Registro Civil.
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