- Catalá anuncia una tercera encomienda de gestión de las nacionalidades a los registradores
- CCOO denuncia que Catalá formenta el deterioro del servicio público de la Administración de Justicia, infradotándolo de medios, para justificar así la privatización del Registro Civil
ccoo acusa a catalÁ de engañar a
la opinión publica ,
pues a pesar del rotundo fracaso de la gestión realizada
por los registradores en las anteriores encomiendas (expedientes con documentación
incorrecta, aumento de las denegaciones, expedientes remitidos a RC que no
corresponden por su tramitación inicial, resolución de expedientes más modernos
en perjuicio de los más antiguos, deficiencias en el escaneado de la documentación….), anuncia una tercera encomienda en detrimento
del servicio público del registro civil
†AHORA ES EL MOMENTO DE DAR UN GRAN IMPULSO A LA LUCHA EMPRENDIDA
POR CCOO PARA IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL. LA
INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR (ILP), PRESENTADA POR CCOO
EL PASADO MES DE DICIEMBRE, PARA GARANTIZAR EL
CARÁCTER DE SERVICIO PUBLICO Y GRATUITO DEL REGISTRO CIVIL Y QUE SE MANTENGA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, HA SUPERADO EL TRÁMITE DEL CONGRESO Y DEL SENADO Y HA SIDO REMITIDA A
LA JUNTA ELECTORALLA ENCARGADA DELA RECOGIDA DE
La política del Ministro de Justicia en materia de
Registro Civil es clara: hundir el servicio público del Registro Civil, infradotándolo de medios personales
y materiales, y ante las lógicas quejas de los usuarios ante el Defensor del
pueblo y otras instituciones, presentar como salvadores del Registro Civil a
los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles, los cuales deben asumir dicho
servicio público por el bien de la ciudadanía. Así lo sigue haciendo, tal y
como se deduce del anuncio publicado en la página web del Ministerio de
Justicia, en que Catalá anuncia una tercera encomienda de gestión de las
nacionalidades a los Registradores.
En un país civilizado lo ocurrido con la resolución de los
expedientes de nacionalidad española sería causa más que suficiente para el
cese fulminante de los responsables políticos del Ministerio de Justicia.
España no lo es.
Tal y como denunció CCOO, tras la finalización
del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) el 31 de diciembre de 2013, y estando
pendientes de resolver miles de expedientes y de recursos, por más que el
Ministerio de Justicia no deje de vender el éxito de dicho plan en que se
denegaron más solicitudes de nacionalidad y se requirieron más documentación
adicional que nunca, el Ministerio de Justicia asumió el 1 de enero de
2014 la tramitación y resolución de los expedientes de nacionalidad pero, en lugar de poner los medios necesarios,
infradotó el servicio que tiene que hacer la tramitación, y tan sólo alrededor de 70 personas son
las encargadas de tramitar y resolver
todos los expedientes, es decir, los expedientes
de 2010, 2011 y 2012 que no se repartieron para tramitarse durante el PIN,
20.000 recursos de reposición, un alto porcentaje de expedientes de 2013, la
totalidad de los expedientes de 2014 (que aún están todos ellos sin número de
expediente)... así que, a día de hoy, puede haber acumulados ya otra vez una
cifra cercana a 200.000 expedientes y alrededor de 20.000 recursos. La dotación de personal del
Ministerio, tal y como denunció CCOO,
resulta claramente insuficiente, demuestra una clara dejación de sus funciones por parte del
Ministerio de Justicia cuya obligación es dotar con los medios personales y
materiales necesarios el servicio para resolver en un plazo razonable las
solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, pero de esta manera abre
la puerta a la justificación para su externalización y, por tanto, para su
privatización.
Pero además el problema se ha
visto agravado porque el
registro y digitalización de los expedientes de nacionalidad realizado por
el Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad , ha ido
durante el año 2014 tremendamente lento, e incluso se paralizó durante al menos
4 meses, y en la actualidad están registrando los expedientes remitidos en
diciembre de 2013. Hasta que los expedientes no se registran y digitalizan no
se puede iniciar la tramitación de los mismos, que corresponde al Ministerio de
Justicia.
Ante el desastre creado de
nuevo por el Ministerio de Justicia, con Catalá a la cabeza, en lugar
de dotar de mejores medios al Ministerio de Justicia, o de permitir que
los Registros Civiles completen la fase de instrucción en lo que corresponde al
Ministerio de Justicia y elevar propuesta de resolución, lo primero que hace es, de
nuevo, cargar contra los actuales Registros Civiles. Y lo segundo es alabar a los
Registradores, como bálsamo de fierabrás que acabará con los males del Registro
Civil y de los expedientes de nacionalidad, aunque ello suponga la
privatización de un servicio público.
Y con ello Catalá avanza
en la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores,
privatización puesta en marcha en 2012 por
los entonces responsables del Ministerio de Justicia, con el Director General
de Registros y sus asesores que eran registradores a la cabeza, y del Colegio
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
CCOO vuelve a rechazar
la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) porque
supone privatizar la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes
de nacionalidad, siendo que el mismo o mejor resultado se puede obtener dotando
de más personal al Ministerio de Justicia para su resolución o modificado el
art. 222 del Reglamento del Registro Civil, a fin de permitir a los Registros
Civiles, instructores del expediente, la petición de los informes a Policía
Nacional y demás, elevando propuesta de resolución para su firma digital por el
Director General de los Registros y del Notariado. De esta forma los expedientes no
saldrían de los Registros Civiles y no habría habido la gran cantidad de
problemas derivados de la tramitación del PIN por personas desconocedoras de
esta materia.
Todo lo anterior demuestra claramente la incompetencia
del ministro de Justicia para hacer frente a sus responsabilidades y, por ello, para CCOO debería dimitir. El Ministerio de
Justicia se quiere quitar de encima a los actuales Registros Civiles por
mandato de Rajoy y regalarlos a los Registradores, utilizando cualquier excusa para ello, a pesar
de que sabe que al hacerlo está actuando en claro conflicto de intereses y
adoptando decisiones que huelen a presunta corrupción política.
CCOO llama a
los trabajadores y a las trabajadoras, y a la ciudadanía, a que se unan a esta
lucha, apoyando de forma activa la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que, tan pronto la Junta Electoral Central notifique su admisión a
trámite para proceder a la recogida de
firmas, CCOO trasladará a todos los colectivos
ciudadanos, profesionales, vecinales, de consumidores, partidos políticos y
sindicatos que compartan con nosotros la apuesta de un Registro Civil público,
gratuito y dentro del ámbito de la Administración de Justicia, para que, entre
todos, podamos conseguir las 500.000
firmas necesarias para que la iniciativa se debata en el Congreso como Proyecto
de Ley.
