- CCOO rechaza de nuevo la externalización de los expedientes de nacionalidad y exige la modificación del art. 222 del Reglamento del Registro Civil y permitir que sean los Registros Civiles los encargados de su tramitación.
- El Ministerio quiere firmar una nueva encomienda de gestión de los expedientes con el Colegio de Registradores de la Propiedad, lo que utilizará para justificar la privatización del Registro Civil.
- El Ministerio trabaja en un expediente digital de nacionalidad, que excluirá de su tramitación a los Registros Civiles y que dejará de ser gratuito.
CCOO ACUSA
AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE TENER PARALIZADA LA TRAMITACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD REMITIDOS POR LOS REGISTROS
CIVILES DESDE FINALES DE 2013, HACIENDO UNA CLARA DEJACIÓN DE SUS COMPETENCIAS
CCOO acusa al Ministerio de
Justicia, que en una clara dejación de sus funciones, tiene sin registrar y
digitalizar, y, por tanto, sin tramitar todos los expedientes de nacionalidad
remitidos desde los Registros Civiles para su resolución desde noviembre de
2013, y dota de insuficientes medios personales y materiales a los funcionarios
y funcionarias del Ministerio de Justicia que desde el 1.1.2014 están
tramitando los expedientes de nacionalidad, creando de nuevo un injustificable
atasco en su resolución.
Desde la encomienda de
gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de
El PIN acabó el 31 de diciembre de 2013,
con los resultados de todos conocidos (unos 400.000 expedientes resueltos,
incremento de denegaciones muchas de ellas de difícil justificación,
requerimiento de trámites absurdos, muchos expedientes pendientes de resolver,
fallos en las juras ante notarios, etc). Desde entonces, y aunque los
expedientes se siguen remitiendo al Centro de Digitalización del Colegio de
Registradores de Propiedad en Madrid, el personal de dicho Colegio ya no es
responsable ni de la digitalización ni de la tramitación de los expedientes, en contra de lo afirmado
por otro sindicato, que no echa la culpa de la
paralización actual de los expedientes al verdadero responsable, el Ministerio de Justicia.
Desde el 1.1.2014 es de nuevo el personal del Ministerio de Justicia,
compuesto por unas 70 personas, la que ha de tramitar y resolver todos los
expedientes, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que no se
repartieron para tramitarse durante el PIN, 20.000 recursos de reposición, un
alto porcentaje de expedientes de 2013, la totalidad de los expedientes de 2014
(que aún están todos ellos sin número de expediente)... así que a día de hoy
puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000 expedientes y
alrededor de 20.000 recursos. La
dotación de personal del Ministerio resulta claramente insuficiente,
haciendo una clara dejación de sus funciones el Ministerio de Justicia de no
dotarse con los medios personales y materiales necesarios para resolver en un
plazo razonable las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, lo
que abre la puerta a la justificación
para su externalización y, por tanto, para su
privatización.
El problema además se ve agravado porque el registro y digitalización de los
expedientes de nacionalidad, proceso que permite la petición de los
informes y propuesta de resolución del expediente, va tremendamente lento, y en
la actualidad se están registrando los expedientes remitidos en noviembre de
2013 al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid. Además,
CCOO
ha podido constatar que desde hace unos
4 meses se ha paralizado la digitalización de los expedientes, y desde
entonces la Policía Nacional
no recibe peticiones de informes sobre la conducta y antecedentes de los
solicitantes de la nacionalidad española. Los solicitantes de nacionalidad, que
al tiempo de registrarse su expediente en Madrid tienen que recibir una carta
informando sobre su número de expediente, lo que permite su seguimiento
telemático, han dejado de recibir dichas cartas, y llaman al teléfono de
información del Ministerio de Justicia donde les dicen que tienen que seguir
esperando, y que llamen de vez en cuando. Antes de la implantación del PIN esta
carta se recibía al mes de enviar el expediente a Madrid, hoy llevan un año de
retraso.
Ante el desastre que
está creando de nuevo el Ministerio de Justicia, el mismo que luego carga
contra los Registros Civiles por el elevado número de quejas que afirma hay
sobre su funcionamiento, a pesar de que sabe que esas afirmaciones o son
mentira o son debidas exclusivamente a la escasez de las plantillas, (ven la
paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio), sus responsables están negociando con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de Madrid (ahora están de nuevo bien avenidos) la implantación de un nuevo PIN,
para dar salida a los expedientes no resueltos en el PIN anterior.
Colectivos de inmigrantes y abogados en materia de extranjería así lo reclaman,
pues están hartos de la incompetencia del Ministerio de Justicia para resolver
en un plazo adecuado sus solicitudes de nacionalidad.
La implantación del primer PIN fue la punta de lanza de la privatización
del Registro Civil puesta en marcha en 2012 por los entonces
responsables del Ministerio de Justicia, con el Director General de Registros y
sus asesores que eran registradores a la cabeza, y del Colegio de Registradores
de la Propiedad
y Mercantiles. Al efecto, debe reseñarse que la privatización del Registro
Civil y su asunción por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles
es una vieja aspiración oculta de dirigentes del Partido Popular comandados por
Mariano Rajoy: ya en el año 2003, siendo
el actual Ministro de Justicia Secretario de Estado de Justicia, se solicitaron
informes a Colegios Profesionales sobre qué les parecía que fuesen los
Registradores de la
Propiedad quienes asumieran el Registro Civil.
Afortunadamente el PP perdió las elecciones generales en marzo de 2003 y no
pudo entonces llevar adelante su privatización.
La negociación de un nuevo PIN es confirmada por el
actual Director General de Registros y del Notariado Francisco Javier Gómez
Gálligo, en un reciente artículo publicado en el diario La Ley , en que afirma que “ en los dos primeros años de experiencia de
tales encomiendas de gestión se despacharon más de 400.000 expedientes de
nacionalidad, lo que ha demostrado la eficiencia en la gestión llevada a cabo
por los registradores”, buscando
justificar la privatización del Registro Civil mediante su asunción por
los Registradores. El actual Director General también es Registrador.
CCOO
rechazó, desde el primer momento, la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) porque a nuestro
juicio suponía externalizar la tramitación y propuesta de resolución de los
expedientes de nacionalidad, y que el mismo o mejor resultado se habría
obtenido si mediante la modificación del art. 222 del Reglamento del Registro
Civil se permitía a los Registros Civiles instructores del expediente la
petición de los informes a Policía Nacional y demás, elevando propuesta de
resolución para su firma digital por el Director General de los Registros y del
Notariado. De esta forma los expedientes no habrían salido de los Registros Civiles
y no habría habido la gran cantidad de problemas derivados de la tramitación
del PIN por personas desconocedoras de esta materia. Además, y
desgraciadamente, se utiliza también el PIN para justificar la privatización
del Registro Civil y su asunción por los Registradores Mercantiles, cuando es
obvio que el Ministerio de Justicia no dota de medios para esta tarea con la clara
intención de provocar esa privatización (es inaceptable, y de una hipocresía
insoportable, la dotación que pone el Ministerio de Justicia para hacer ahora
todo el trabajo de los expedientes de nacionalidad, tan solo 70 funcionarios
del Ministerio).
Pero es que además el Ministerio de Justicia está trabajando en una tramitación completamente novedosa de
los Expedientes de Nacionalidad, de forma electrónica y que excluye a los
Registros Civiles de su tramitación, pues se hará ante los Notarios incluida la
jura de nacionalidad.
Compartiendo que se modernice y mejore la tramitación de los expedientes de
nacionalidad, para CCOO resulta paradójico y constituye un claro ejemplo de privatización de servicios públicos que
sean los Notarios, a los que habrá que pagar el correspondiente arancel por
cada actuación, quienes se hagan cargo de la tramitación de los expedientes de
nacionalidad a través de una plataforma electrónica y de las juras de
nacionalidad. Esta nueva forma de tramitación de los expedientes de
nacionalidad, que el Ministerio de Justicia quiere meter con calzador en el
proyecto de ley de concesión a la nacionalidad española a los serfardíes,
empezaría en abril de 2015.
Todo lo anterior demuestra claramente la incompetencia del
Ministerio de Justicia para hacer frente a sus responsabilidades, y que la
única solución que encuentran a los problemas de los expedientes de
nacionalidad creados por su desidia y falta de dotación de los medios adecuados
para su tramitación es la externalización y privatización de estos trámites.
Los actuales Registros Civiles, con la misma plataforma electrónica que se va a
poner a disposición de operadores privados como son los Notarios, podríamos
realizar el trabajo de forma más barata y más eficaz para los ciudadanos, pero el Ministerio de Justicia se quiere quitar
de encima a los actuales Registros Civiles y buscará
cualquier justificación para entregárselo a los Registradores, a pesar de que
sabe que al hacerlo está actuando en claro conflicto de intereses y
adoptando decisiones que huelen a
presunta corrupción política.
