El
Ministro de Justicia Rafael Catalá ha entrado en la campaña
electoral para las elecciones municipales que se celebrarán en el
mes de mayo de este año. Ante
la lógica preocupación de los representantes de los municipios
españoles, agrupados en la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), sobre el posible desmantelamiento de la justicia
municipal, la pérdida de competencias de los partidos judiciales y
la privatización del Registro Civil, el Ministro,
acompañado por la Secretaria de Estado de Justicia y el Director
General de Registros y del Notariado, mantuvo el pasado día 12 de
enero una reunión con los responsables de la FEMP en que afirmó,
según nota de prensa del propio Ministerio de Justicia, que “en
cuanto al Registro Civil, el compromiso del Ministerio pasará por
mantener su tejido actual, al establecerse que los juzgados de paz
actúen como oficinas del Registro Civil”.
El
Ministro de Justicia trató de engañar a los representantes de la
FEMP con estas declaraciones, y con ello desmovilizar
lo que podría ser una fuente de enfrentamiento y debate durante la
campaña electoral, como es la desaparición de un servicio público
básico, el Registro Civil, que desde 1871 ha tenido una fuerte
implantación municipal.
En
las informaciones publicadas hasta ahora relativas a la privatización
del Registro Civil, el Ministerio de Justicia ha avanzado que “allá
donde no exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas
de los juzgados de paz que con la modificación de la LOPJ quedarán
integradas en los ayuntamientos desarrollarán labores del Registro”
(nota de prensa de 24.06.2014) y que “también
habrá colaboración con las oficinas consulares y con las oficinas
colaboradoras, que pueden ser los registros de la propiedad o los
juzgados de paz”
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11/12/2014),
pero esta colaboración, a la espera de la nueva modificación de la
Ley 20/2011 de Registro Civil que tendrá que realizarse, se
limitará a la presentación de escritos dirigidos a las futuras
Oficinas Generales de Registro Civil.
La pérdida de competencias de los Juzgados de Paz en materia de
Registro Civil será evidente,
lo que comportará pérdida de un servicio público hoy y siempre muy
cercano a los ciudadanos, tal y como resulta del siguiente cuadro:
COMPETENCIAS
DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL
|
EN LA
ACTUALIDAD
|
TRAS LA
PRIVATIZACIÓN
|
Práctica
de nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidas en el
municipio
|
Sí
|
No
|
Práctica
de inscripciones marginales respecto de los hechos anteriores
|
Sí
|
No
|
Expedición
de certificados de las anteriores inscripciones
|
Sí
|
No
|
Tramitación
de expedientes de matrimonio
|
Sí
|
No
|
Expedición
de Fes de vida y estado
|
Sí
|
No
|
Presentación
de escritos dirigidos a otros Registros Civiles
|
Sí
|
Sí
|
Y
es que la
posibilidad anunciada por el Sr. Ministro de que los Juzgados de Paz
actúen como oficinas de Registro Civil no vale de nada si carecen
prácticamente de más competencia
que la de recibir y remitir los escritos que los ciudadanos presenten
dirigidos a las verdaderas Oficinas de Registro Civil, gestionadas
por los Registradores Mercantiles y su personal, que no es
funcionario público.
El
Ministerio de Justicia no ha adelantado qué sucederá con las
poblaciones que hoy tienen Registro civiles principales,
integrados en Juzgados de 1ª Instancia sede de partido judicial,
y que en el futuro no cuenten con Oficinas Generales de Registro
Civil,
que según el Ministro se ubicarán en “todas
las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más
de 100.000 habitantes”
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11/12/2014). En
estos supuestos, al parecer por las afirmaciones del Ministerio de
Justicia, serán los Notarios o los Registradores de la Propiedad
quienes asuman la función de “oficinas
colaboradoras”,
es decir, simplemente para presentar y remitir escritos.
Esto
supone, en la práctica, el desmantelamiento de todo el servicio
público de Registro Civil existente en España desde 1871,
que ningún régimen ni gobierno había querido modificar por ser un
servicio cercano a la ciudadanía, historia de la población del
municipio. Los ciudadanos y ciudadanas que viven en poblaciones que
no sean capitales de provincia deben saber que
los libros que contienen su historia legal y la de sus antepasados
saldrán de los Ayuntamientos y de los Juzgados
de cada municipio, para ser guardados en otros sitios a disposición
de los Registradores Mercantiles; deben saber que cuando acudan a su
Juzgado o Ayuntamiento ya
no podrán obtener inmediatamente el certificado de nacimiento,
matrimonio o defunción
que necesite, sino que habrá que pedirlo por correo o por internet.
Los ciudadanos/as deben saber que para
contraer matrimonio habrá que acudir a un Notario a tramitar un
expediente de matrimonio, a quien habrá que pagar por sus servicios
(incumpliendo la supuesta gratuidad futura de todo lo que hoy es
gratuito),
y que su posterior matrimonio ya no se registrará en su municipio,
sino que habrá que enviarlo a la Oficina General que corresponda
para su inscripción y expedición del libro de familia. Deben saber
que cuando
fallezca un familiar la licencia de defunción ya no la expedirá el
Juzgado de Paz,
sino que habrá que solicitar la licencia a las Oficinas Generales de
Registro Civil, allá donde estén ubicadas.
Catalá
sabe esto y mucho más, pero trata de engañar a la ciudadanía y a
los representantes de los miles y miles de municipios
que van a perder su competencia en materia de Registro Civil
diciéndoles que los Juzgados de Paz actuarán como oficinas de
Registro Civil, intentando evitar con ello la posible movilización
ciudadana ante esta pérdida de un servicio público de cara a las
elecciones municipales. Por todo ello, CCOO,
además
de seguir adelante con la ILP contra la privatización
del Registro civil y demás acciones y movilizaciones contra la
privatización del Registro, mantendrá
en
los meses siguientes nuevas reuniones con los representantes de los
municipios y provincias de todas las Comunidades autónomas y con los
partidos políticos que concurran a las elecciones, para explicarles
que, dos meses después de las elecciones municipales, el Gobierno
privatizará este servicio público. Entre todos y todas debemos
evitar que desaparezca el servicio público del Registro Civil de
miles y miles de municipios, pues constituye un servicio público
esencial y ejemplar. La
lucha detendrá esta privatización
que solo responde al
capricho
del Presidente del Gobierno y Registrador de la Propiedad, Mariano
Rajoy.
Imprimir artículo
