En el texto, existen al menos varias cuestiones profundamente peligrosas que afectarán al Estado de Derecho y a las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia.
No es de recibo la fijación de unos plazos concretos de seis meses para la instrucción, en los que llama el gobierno procedimientos sencillos, mientras que para los llamados complejos por el ministro de Justicia,el plazo que fija el anteproyecto será de dieciocho meses.
Es como mínimo absolutamente tendencioso esta fijación de plazos, salvo lo que se pretenda es que muchos de los procedimientos en los que estén afectados, como en la actualidad, personas que han ocupado u ocupan puestos de responsabilidad política o en grandes grupos financieros, sean sobreseídos, por lo que las palabras del gobierno anunciando que reforzarán con todas las medidas necesarias su lucha contra la corrupción, de la que es como mínimo cómplice, son de una tremenda hipocresía.
Porque la fijación de esos plazos tasados tan cortos va contra la correcta investigación de los hechos, puede poner en riesgo los resultados de las actuaciones judiciales, además de no tener en cuenta que la aceleración forzada para la finalización de la instrucción de los procedimientos, exige no solo un incremento de la plantilla de Jueces sino la del personal de la Administración de Justicia, porque esta aceleración va a comportar un incremento sustancial de la carga de trabajo en los Juzgados y Tribunales. Y advertimos al ministro de Justicia, que exigiremos un incremento sustancial de las plantillas si pretende llevar a cabo la aprobación de este anteproyecto.
2.- El gobierno también ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
Si bien, se rebajan ligeramente las retenciones de las rentas de trabajo de los millones de personas que perciben retribuciones inferiores a 30.000 euros, esta rebaja no alcanza ni de lejos los incrementos en el impuesto sobre la renta que el gobierno ha venido realizando en esta legislatura desde 2012, por lo que en términos absolutos, los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena con esos salarios, seguiremos pagando impuestos más altos que cuando comenzó esta legislatura.
Sin embargo, las rebajas fiscales para rentas más altas, la reforma rebaja los impuestos sobre la renta de forma muy considerable, por lo que sí se verán beneficiadas de largo sobre las rentas más bajas de los trabajadores/as, pues en esos casos, la rebaja fiscal es considerable.