El 11 de diciembre se ha votado en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, con una amplia oposición de las instituciones que velan por los Derechos Humanos. Y como tampoco nosotros queremos un futuro con personas más grises, obedientes, tristes y llenas de miedo, destripamos en este artículo la brutal criminalización a la que el Gobierno quiere someternos con esta Ley y la reforma del Código Penal.
Autor: Aitor Fernández, DateCuenta.org
Imágenes: José Manuel Salmerón, DateCuenta.org
El Partido Popular pisó el acelerador y aprobó unilateralmente, el pasado 25 de noviembre, el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, mediante la cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispondrán de una tabla tipificada para imponer sanciones económicas principalmente a quien ejerza sus derechos fundamentales. El PP también tiene como prioridad la reforma de nuestro Código Penal, el texto legal que define los delitos y su castigo.
Dice el Gobierno que esta Ley responde a la demanda creciente de la ciudadanía en torno a la inseguridad, como aquello que dicen en el metro de Barcelona de que si hay cámaras grabándonos es por nuestra seguridad -como si nos hicieran un favor- o cuando nos tratan de ignorantes en los anuncios de alarmas por no tener una en nuestra casa. Sin embargo, el Balance de Criminalidad 2013 del mismo Ministerio del Interior dice que los delitos han disminuido acusadamente y las estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas afirman que la seguridad no es una principal preocupación (el 1,7%, frente al 77% del paro) de los ciudadanos del Estado español.
“Los Estados deben no sólo proteger el derecho de reunión pacífica sino también de abstenerse de aportar restricciones indirectas abusivas contra este derecho”, sentenció en 2005 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Ley Mordaza se opone frontalmente a la jurisprudencia establecida por este tribunal, así como a derechos humanos (Reunión, Manifestación e Información) ratificados por España en numerosos documentos legales, desde la Declaración Universal hasta la Constitución. “La Ley Mordaza es una forma que usa el Gobierno”, sostienen desde el colectivo No Somos Delito, “para blindarse de la protesta social ante los recortes y protegerse de la corrupción.” Son precisamente colectivos como éste o Defender a quien Defiende y otras entidades como Amnistía Internacionalquienes han alertado a la ciudadanía y a los medios de comunicación de la que se nos viene encima si se aprueban estas reformas.
La aprobación de la Ley Mordaza pondría en el ámbito administrativo sanciones que hasta ahora debía imponer un juez, esto es, una persona que conoce las leyes y parte del principio de inocencia de una persona y no al revés. Es temible que la Ley no concrete los términos citados, dejando mucho margen a la interpretación, lo que aumentaría, según estas organizaciones, las actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad, que podrían limitar la circulación, las reuniones y manifestaciones, realizar registros corporales o incluso violar un domicilio privado si lo consideraran oportuno (para “garantizar la seguridad”, dice siempre la Ley). El Gobierno también deja atado y bien atado en estas reformas su constante privatizadora, equiparando al personal de seguridad privada al público –sin la misma cualificación que este último- y abre la puerta a la privatización del sistema penitenciario, supeditando la libertad de las personas a los intereses del mercado.
Es escalofriante pensar que, si se aprueba la Ley Mordaza, la policía podría disolver una concentración poniendo como excusa que el mástil de una pancarta se podría haber utilizado como un objeto peligroso. De igual manera, nos multarían por desplegar una pancarta en un edificio público. ¿Cuán indefensos quedarían casos como el de Esther Quintana o Juan Andrés Benítez cuando la Ley Mordaza condenara a la persona que publicara la imagen de un policía agrediendo a otra persona?
Si se aprueba la Ley Mordaza, todos los espectáculos deberían reservar una posible “fila cero” para que los agentes del orden vigilaran el espectáculo, y lo podrían suspender en cualquier momento si lo consideraran oportuno. Tampoco podríamos ir con un megáfono a denunciar al alcalde corrupto de nuestro pueblo mientras inaugurara el nuevo polideportivo o negarnos a identificar a un activista del que la policía pensara que ha infringido la Ley. Todos estos actos conllevarían sanciones de entre 601 y 30.000 euros. Concentrarse delante del Congreso o de los gobiernos autonómicos o tratar de parar un desahucio serían consecuencia de idéntica sanción. ¿Ocupar una sucursal bancaria para protestar contra las Preferentes, acudir a una actividad en un Centro Social Okupado o injuriar a un policía porque nos ha agredido? ¡De 100 a 600 euros de multa! Las protestas del pasado mes de los trabajadores de RTVE serían un claro ejemplo de sanción muy grave por reunión o manifestación no comunicada en una instalación en la que se presta un servicio básico para el comunicado. Esos empleados podrían haber sido sancionados con más de 30.000 euros si la Ley Mordaza hubiera sido aprobada, a pesar de que este tipo de protesta está avalada por la legislación internacional en materia de Derechos Humanos.
La Ley Mordaza es un documento que calca y penaliza las últimas protestas de éxito social de organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (que recuperaron la legítima protesta de los escraches y concentran cada día a decenas de personas para tratar de parar y visibilizar los desahucios), Greenpeace (quienes están afrontando su juicio más duro por pintar ‘Peligro Nuclear’ en la Central de Cofrentes), la Plataforma para la Desobediencia Civil (quienes iniciaron una campaña para decir no a las identificaciones en la vía pública), los Iaioflautas (quienes con sus ‘travesuras’ de ocupación visibilizan recortes sociales), Yo Sí Sanidad Universal (trabajadores del Sistema Nacional de Salud que siguen atendiendo a personas en situación irregular a pesar de la reforma sanitaria que los excluye) y otras organizaciones en defensa de los derechos humanos y sociales. “Quieren limitar la protesta pacífica criminalizándola”, sentencia Amnistía Internacional.
En el caso del proyecto de nuevo Código Penal, las posibles reformas son mucho más estremecedoras, pues acciones que ahora se consideran faltas pasarían a ser delitos, con la consecuencia de la posible detención, la imposición de antecedentes penales y el incremento que suponen los costes de la defensa. En pleno siglo XXI seríamos testigos, si esta reforma se llevara a cabo, de la legalización de la Cadena Perpetua (con el eufemismo “Prisión Permanente Revisable”), a pesar de que contradice directamente dos de nuestros artículos constitucionales. Si se reforma el Código Penal, los manteros pasarían a ser delincuentes y los propietarios de las webs de enlaces se enfrentarían a la idéntica pena con la que se castigan delitos de abusos sexuales a menores. La solidaridad y el hambre también podrían ser un delito: ayudar a una persona en situación irregular a entrar o quedarse en el Estado español -salvo “por razones humanitarias” pero, ¿no es la emigración una razón humanitaria?-, alquilarle un piso, desplazarlo en nuestro coche o prestarle asistencia jurídica o –incluso- médica, podría estar castigado penalmente. Y ante la desprotección de macroempresas como Mercadona o El Corte Inglés, el gobierno actuaría: robar un litro de leche en el supermercado supondría también un delito y antecedentes penales.
