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La oposición ve imposible abordar con rigor la revisión del Código Penal en enero
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| El ministro de Justicia, el pasado 2 de diciembre en el Senado. / ULY MARTÍN |
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiere acelerar la tramitación parlamentaria y la aprobación de la veintena de reformas judiciales pendientes antes de que termine la legislatura. La intención del Gobierno consiste en aprovechar los primeros meses de 2015 para tratar de desbloquear esos proyectos en el Congreso antes de que la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de mayo frene la actividad legislativa. El titular de Justicia ya ha comunicado a los grupos de la oposición parte de ese calendario, que, por ejemplo, prevé aprobar en enero la reforma del Código Penal.
Se trata de una circunstancia que el PSOE considera “inadmisible” al tratarse de un cambio legal que abarca 300 artículos e incluye la polémica prisión permanente revisable. “Nosotros no estamos dispuestos a que el Código Penal se tramite con esas prisas; es irresponsable”, señalan fuentes del principal partido de la oposición. Esta reforma, que lleva embarrancada en el Parlamento desde septiembre de 2013 y cuyo plazo de enmiendas ha sufrido 41 ampliaciones, se reactivó el pasado 27 de noviembre después de la comparecencia sobre corrupción del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Además de esa reforma, Catalá pretende impulsar las normas pendientes a lo largo del próximo período de sesiones, de febrero a junio, el último semestre completo de actividad parlamentaria antes de la convocatoria de las elecciones generales. Entre ellas figuran la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Jurisdicción Voluntaria, la Ley Hipotecaria y el Catastro Inmobiliario, del Registro Civil, del Estatuto de la Víctima y la ley de tasas judiciales, por la que el ministro tenía la intención de empezar su enmienda a la totalidad del trabajo de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. “La voluntad es la de intentar llegar a final de legislatura con la mayoría de proyectos aprobados o por lo menos con la tramitación avanzada”, apuntan fuentes del ministerio.
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Catalá anunció en octubre durante su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara baja que centraría su revisión en dos proyectos de Gallardón: la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El actual ministro volvió a empezar el trámite de la norma, que renuncia a eliminar los partidos judiciales, y se limitará a cambios organizativos para redistribuir la carga de trabajo entre juzgados. “Mantener la demarcación, confirmar los partidos judiciales con proximidad al ciudadano, introducir mejoras necesarias para que la demarcación funcione de forma eficaz, racionalizar la organización ante las salas de Gobierno y retoques en la oficina judicial”, prometió entonces el ministro.
Catalá también enterró el borrador de Código Penal Procesal incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemplaba la instrucción por parte de los fiscales. La norma que impulsa Justicia ahora, y para la que espera en enero los dictámenes del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, introduce la doble instancia penal y reduce el tiempo de instrucción a seis meses prorrogables a 18 en casos excepcionales. Esta medida fue criticada de forma casi unánime por la oposición, que considera que sin más medios y jueces sería imposible cumplir los plazos.
Pese a dejar en el aire, al principio de su mandato, una revisión de la prisión permanente revisable, Catalá ya ha comunicado a los grupos parlamentarios que no aparcará esa medida ya contemplada por la reforma del Código Penal de Gallardón y recogida por el programa electoral del Partido Popular. Esta figura prevé una revisión de la pena después de un determinado número de años en la cárcel —entre 25 y 35 años, según los delitos—. Si el tribunal encargado de decidir dictamina que el preso está rehabilitado, este quedará en libertad condicional. Si el tribunal no aprecia rehabilitación en sus revisiones periódicas, la condena se prolonga como si se tratara de una cadena perpetua.
El calendario apremia y el Congreso decidió empezar esta misma semana con la tramitación de esta reforma. La ponencia sobre el Código Penal arranca mañana, martes, para comenzar el análisis y debate de las casi 900 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, según informa la agencia Europa Press.
La ponencia volverá a reunirse a principios de enero para que a mediados de mes la Comisión de Justicia pueda tratar el informe emitido.
La oposición en bloque rechaza estos plazos de tramitación. Además del PSOE, el grupo de la Izquierda Plural y UPyD ven imposible culminar el trabajo con rigor en ese mes. El PP la defiende. “A los ciudadanos les importa más que las mejoras estén en vigor cuanto antes”, declaró el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada.
De forma paralela, el Consejo de Ministros tiene previsto abordar en sus próximas reuniones la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo principal objetivo consiste en redistribuir la carga de trabajo entre los juzgados.
De la prisión permanente a los partidos judiciales
- La reforma del Código Penal, el primer gran cambio legal que el Gobierno quiere aprobar antes de que finalice el próximo mes de enero, supone la modificación de unos 300 artículos. Una de las medidas que más polémica ha suscitado ha sido la regulación de la prisión permanente revisable, que fija una revisión periódica del preso condenado a esa pena tras pasar un determinado número de años en la cárcel —entre 25 y 35, según el tipo de delito—. Si el tribunal dictamina que el recluso está rehabilitado, saldrá en libertad condicional. En caso contrario, permanecerá en prisión y seguirá sometiéndose a la misma revisión de forma periódica.
- La reforma de la Ley del Poder Judicial impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, supone una de las mayores rectificaciones de la gestión de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. Esta norma, que previsiblemente será aprobada en una de las próximas reuniones del Consejo de Ministros, renuncia finalmente a eliminar los partidos judiciales y se limitará a cambios organizativos para redistribuir la carga de trabajo entre los juzgados. El objetivo, según Catalá, es “mantener la demarcación, confirmar los partidos judiciales con proximidad al ciudadano, introducir mejoras necesarias para que la demarcación funcione de forma eficaz, racionalizar la organización ante las salas de Gobierno y retoques en la oficina judicial”.
- La Ley de Enjuiciamiento Criminal que impulsa Justicia, para la que espera los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, reduce la instrucción a seis meses prorrogables a 18 en casos excepcionales. Esta medida ha provocado las críticas de la oposición, que cree que todo se quedará en agua de borrajas si no aumenta el número de jueces.
