Reunión de la Mesa Sectorial estatal: Catalá reafirma que echa abajo la reforma de Gallardón pero insiste en la privatización del Registro Civil y mantiene las tasas judiciales

• El ministro presentará un nuevo proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las próximas semanas, pero únicamente de los libros V y VI. Catalá compromete que negociará "hasta el último día antes de la aprobación en el parlamento", como le exigió CCOO
• El Ministro de Justicia reafirma su compromiso de no llevar adelante la modificación de la planta judicial actualmente existente y garantiza todos los partidos judiciales, todos los órganos judiciales y todos los juzgados de paz y sus agrupaciones
• El ministro propone la creación inmediata de cuatro grupos de trabajo, cuyos resultados se irán llevando a las mesas sectoriales que se convoquen

A diferencia de su antecesor, Gallardón, y del equipo de éste en la negociación producida en julio, Catalá se compromete, tal y como ha exigido CCOO, a que la negociación de todas las cuestiones que afectan a los derechos del personal de la Administración de Justicia esté abierta hasta el último día en que las modificaciones legislativas se vayan a aprobar en las Cortes Generales.

En ese sentido, Catalá vuelve a expresar su compromiso de que no implantará los Tribunales Provinciales de Instancia, mantendrá todos los partidos judiciales y todos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz y  no eliminará las Audiencias Provinciales.

Catalá anunció que en el nuevo proyecto de la LOPJ relativa a los libros V y VI intentará mantener algunos de los aspectos negociados con Gallardón y su equipo, cuestiones que, para CCOO, al estar recogidas en la vigente LOPJ y legislación actual, son un punto de partida para la negociación que ahora abre, y debe concluir, si el nuevo ministro cumple con su palabra, con sustanciales avances para los derechos del personal de la Administración de Justicia.

Porque considerar como aspectos que mejoran las condiciones de trabajo, por ejemplo, la antigüedad mínima de dos años para promocionar o la creación de un escalafón propio (aspectos recogidos en la actual legislación) o, otro ejemplo,  el reconocimiento a los gestores de funciones de asistencia a las víctimas, destinos a los que actualmente puede acceder el personal del Cuerpo de gestión, para CCOO son sólo avances, pero no importantes, sobre la regulación actual, y no pueden ser un punto final de una negociación, sino sólo un punto de partida. Por el contrario para CCOO  no es un avance, sino todo lo contrario, que el ministro hable por escrito del “reconocimiento de una lista de centros de trabajo vinculados al municipio” (expresando tácitamente el ministro que no todos los centros de destino lo serán en el municipio, lo que CCOO no va a permitir). Por tanto, para CCOO, Catalá debe abrir la negociación para lograr la mejora de muchos aspectos que a día de hoy no están garantizados.

Porque nada contesta el ministro de Justicia a la demanda de CCOO (que, al parecer, carece de importancia para otros sindicatos) de garantizar la reserva de la realización de los actos de comunicación y ejecución de forma exclusiva al personal de la Administración de Justicia, y de eliminar la entrega a los notarios y registradores de materias y procedimientos judiciales hasta ahora competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales, como prevé la reforma de la Ley de Jurisdicción voluntaria.

Estas son algunas de las cuestiones fundamentales que ha reclamado CCOO de nuevo al ministro de Justicia en la reunión (manteniendo las restantes que ya han sido planteadas en la reunión bilateral que mantuvimos con Catalá el pasado 23 de octubre y en sendas cartas, y de las que dimos amplia información en la nota que remitimos ese día).

REGISTRO CIVIL

CCOO le ha entregado a Catalá la extensa carta que hemos enviado al presidente del Gobierno en la que rebatimos los motivos que aduce el Gobierno para privatizar el Registro Civil y su entrega a los registradores mercantiles, que insistimos, según la UE, no son funcionarios públicos. CCOO ha manifestado que no vamos a aceptar jamás esa decisión, y le hemos anunciado que seguiremos luchando con todos nuestros medios para revertir esta decisión del Gobierno, además de las denuncias ante la Fiscalía General del Estado  y ante la Oficina de Incompatibilidades del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no descartamos otras acciones jurídicas, y además impulsaremos una iniciativa (ILP) en el Parlamento y todas las acciones sindicales que los trabajadores/as estén dispuestos a realizar.

CCOO ha advertido al ministro que no permitirá  la supresión de ningún puesto de trabajo de los Registros Civiles de cualquier ámbito, sea transferido o no transferido. Nos preocupa seriamente que el ministro solo se haya comprometido con el empleo del ámbito no transferido.

OFERTA DE EMPLEO 2015

Catalá no ha contestado a nuestra reclamación de que se convoquen en la OEP todas las plazas vacantes (más de 10.000 en toda España) y para todos los cuerpos sin excepción, venciendo la resistencia de Hacienda y superar ese insuficiente, ridículo y exiguo 50% de la tasa de reposición. Solo ha aceptado expresamente que el sistema de acceso sea el concurso oposición que CCOO viene reclamando, posición que ha sido apoyada por varios sindicatos (UGT y ELA)

Las contestaciones de la secretaria de Estado de que “esto debe ser un proceso lento y gradual” no nos ha convencido en absoluto, porque, ante nuestra demanda de que se comprometa al menos de que en dos o tres años se garantizara lo exigido por CCOO, solo hemos obtenido una respuesta vaga y sin compromiso alguno.

NUEVA OFICINA JUDICIAL (NOJ)

CCOO ha vuelto a exigir su paralización (a pesar de ser acusados de irresponsables por algún sindicato) en aquellas ciudades en la que ya está en marcha su próxima implantación (Ponferrada y Murcia) o donde se ha presentado un proyecto (Palma de Mallorca), hasta que discutamos sobre los errores que existen, sobre todo por el SCOP en alguna de las ciudades del ámbito Ministerio. El Ministerio, pese a ello, se ha negado a paralizar dicha implantación. Esa decisión sí que es irresponsable por la cantidad de problemas que siguen generándose

RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS HAN SIDO ROBADOS DESDE 2010

CCOO ha vuelto a exigir reuniones específicas para establecer un calendario de devolución de todos los derechos hurtados (recuperación del salario de 2010, abono de 100% de la paga de 2012 – ese 24% que el Gobierno ha llevado al proyecto de LGPE es una tomadura de pelo-, el abono del 100% del salario en los casos de Incapacidad Temporal, la recuperación de todos los días de asuntos particulares, días de vacaciones por antigüedad…)  La respuesta de la secretaria de Estado ha sido echar balones fuera con el débil argumento de que estas reclamaciones deben tener respuesta para todos los empleados públicos, o lo que es lo mismo, nunca

PERSONAL LABORAL

CCOO ha vuelto a exigir al ministro que exista el compromiso del Ministerio de que se van a negociar todas las propuestas que hemos hecho llegar para mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral (productividad para todo el personal laboral, las demandas de reclasificación con la trasposición de las directivas europeas de obligado cumplimiento, la garantía de cobertura de todas las vacantes, entre otras)

TASAS JUDICIALES, COSTAS Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

CCOO ha vuelto a exigir la derogación de la Ley de Tasas Judiciales y la eliminación de la condena en costas en los procedimientos de reclamación de derechos laborales, así como que entre en vigor la eliminación de la postulación para el personal funcionario (esta cuestión se encuentra incluida en el proyecto de la ley de asistencia jurídica gratuita en trámite) cuando deba acudir a defender sus derechos ante la jurisdicción contencioso -  administrativa. Catalá solo ha comprometido el estudio de la modificación de la ley de tasas y a estudiar la repercusión de las costas en el acceso a la tutela judicial efectiva

CATALÁ COMPROMETE LA CREACIÓN DE CUATRO GRUPOS DE TRABAJO LA SEMANA PRÓXIMA

Catalá ha propuesto la creación de cuatro grupos de trabajo a partir del 11 de noviembre: uno sobre la Reforma de los libros V y VI de la LOPJ, otro sobre el Empleo (ha aceptado la propuesta de CCOO de que este grupo incorpore la convocatoria de las plazas de la OEP, la regulación de las bolsas de personal interino, la norma de sustituciones, la regulación de las comisiones de servicio….), un tercero sobre el Registro Civil y el último sobre la NOJ

Respecto a esta creación de los grupos de trabajo, CCOO ha exigido que la negociación que se vaya produciendo en los grupos de trabajo se traslade a la mesa sectorial y que el ministro adquiera el compromiso de que la negociación no se cerrará hasta el último día en que los proyectos de ley se vayan a aprobar por las Cortes Generales. Catalá ha afirmado con rotundidad que acepta la posición de CCOO y la negociación estará abierta hasta el último día.

CCOO ha reiterado su rechazo a falsas negociaciones, como lo sucedido en el mes de julio, cuando el equipo de Gallardón cerró, en una única reunión de la mesa sectorial, la negociación de toda la reforma de la LOPJ que pretendía, tal y como consta en el acta de dicha mesa (tras varias reuniones del grupo de trabajo, donde solo hubo intercambio de posiciones sin respuesta por los negociadores del Ministerio)

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