CCOO INFORMA SOBRE LA ENMIENDAS INTRODUCIDAS
POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL PROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA
2010/64/UE RELATIVA AL DERECHO A LA INTERPETACIÓN Y TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y DIRECTIVA 2012/13/UE RELATIVA AL
DERECHO A LA
INFORMACIÓN PROCESOS PENALES
Madrid, 13 de
noviembre de 2014.
Por medio del
Boletín Oficial de la Cortes del Congreso de los
Diputados, hemos tenido conocimiento de las distintas enmiendas que los grupos
parlamentarios han presentado al Proyecto de Ley Orgánica por el cual se
modifica la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para transponer así la Directiva 2010/64/UE (derecho
a interpretación y traducción en procesos penales) y la Directiva 2012/13/EU
(derecho de las víctimas a la información en procesos penales). En CCOO estamos realizando un seguimiento exhaustivo
del proceso legislativo de esta transposición por las consecuencias que
potencialmente puede tener para los traductores/intérpretes que actualmente son
personal laboral de la
Administración de Justicia.
Destacamos a
continuación las enmiendas relativas a la creación del Registro de Traductores
e Intérpretes. Izquierda Unida, el grupo que más enmiendas ha efectuado, ha
planteado en la primera enmienda que se redacte así el apartado III de la
exposición de motivos: “Los intérpretes o traductores judiciales serán designados
de entre aquellos incluidos en el Registro Oficial de Traductores e Intérpretes”.
En la enmienda octava proponen “establecer un mecanismo adecuado para la
inscripción de los traductores-intérpretes que, como parte de la plantilla de
las Administraciones Públicas, intervengan en cualquiera de las diligencias
a las que hace referencia esta ley.”
El Gobierno tiene que
presentar, en el plazo máximo de un año desde la publicación de esta ley, un
Proyecto de Ley de creación de un Registro Oficial de Traductores Intérpretes
Judiciales para regular la inscripción en el mismo de todos aquellos
profesionales que cuente con la debida habilitación y cualificación con arreglo
a lo establecido en artículo 124 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde CCOO entendemos que la modificación
legislativa propuesta afecta directamente a los traductores/intérpretes de
plantilla puesto que tendrán que establecerse mecanismos de incorporación de
oficio al registro, diferenciándolos de los profesionales que lo hagan a título
personal. Sin embargo, los responsables en el Ministerio del desarrollo
normativo de dicho registro han manifestado que a los actuales
traductores/intérpretes de plantilla no se les va a exigir estar en dicho
registro, algo que parece absolutamente contradictorio con lo que se pretende
regular en los nuevos artículos de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. CCOO exigirá estar puntualmente informados de la
redacción de este proyecto de ley.
Por otro lado, también
plantea el grupo parlamentario de Izquierda Unida en sus enmiendas que “el
acceso se hará previa superación de una pruebas diseñadas conforme a criterios
objetivos y fiables que garanticen que todos los profesionales reúnan unas
competencias mínimas en interpretación y/o traducción jurídica que le permita
el correcto desempeño de sus funciones.” Entendemos que los
traductores/intérpretes de plantilla cumplen los requisitos necesarios de
garantía profesional y cualificación que se recogen tanto en las enmiendas
presentadas como a lo largo del nuevo articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
propuesto en el Proyecto de Ley. Creemos además que su actual encuadramiento
profesional como Técnicos Superiores de Gestión y Servicios Comunes, sin
especialidad formal asignada en aplicación del artículo 18 del Convenio, y
teniendo las lenguas de trabajo solo como observaciones en las plazas, puede
entrar en total contradicción con las condiciones que eventualmente se exijan,
bien mediante pruebas o bien reconocimiento de titulaciones, a los
traductores/intérpretes que actúen a título privado. En base a esto, volveremos
a insistir desde CCOO en elevar a la
CIVEA la petición de encuadramiento de los traductores/intérpretes
de la Administración
de Justicia en el Grupo Profesional 1, algo que consideramos imprescindible
para que el personal de plantilla se ajuste totalmente a la nueva legislación. Recientemente,
así se lo hemos planteado al nuevo Ministro de Justicia.
Por otra parte desde CCOO ya
advertimos que el Proyecto de Ley Orgánica
recoge expresamente “que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de
dotaciones de personal ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”.
Todos los grupos parlamentarios han propuesto la derogación de esta disposición
final por la evidente contradicción que supone con toda la nueva regulación que
se pretende aprobar. Recordamos que, por ejemplo, el artículo 123.1 a ) del Proyecto de
Ley establece que “deberán ser traducidas, en todo caso, las resoluciones
que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia”, y el artículo 123.4 “La traducción se deberá
llevar a cabo en un plazo razonable”; solo en esta materia, el incremento de
carga de trabajo puede ser realmente importante, por lo que CCOO
solicitará el necesario refuerzo de la plantilla para que se pueda dar
cumplimiento a dichos artículos.
CCOO ha podido recabar información desde el Ministerio de
Justicia de la intención es que en dicho
registro figuren, no solo personas físicas, sino también por personas
jurídicas, cuestión al parecer impuesta por el Ministerio de Hacienda, lo cual
nos parece inadmisible ya que las habilitaciones para el ejercicio de una
profesión se conceden a personas individuales, no a empresas privadas. Además,
la experiencia pone de manifiesto la explotación que dichas empresas realizan
sobre los trabajadores, lo que ha supuesto una precarización constante de las
condiciones laborales de estos profesionales en el ámbito externo.
Desde CCOO
exigiremos que el Ministerio de instrucciones a los juzgados para que se acuda
siempre en primer lugar a los traductores/intérpretes que actualmente forman la
plantilla de personal laboral para la prestación del servicio. Además se
deben cubrir todas las plazas vacantes y que salgan plazas
a ofertas de empleo público para cubrir las necesidades que tienen fundamentalmente la Administración de
Justicia y el Ministerio de Interior.
CCOO SE REÚNE CON LOS PORTAVOCES DE JUSTICIA EN EL CONGRESO DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y SOLICITA SU APOYO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL
PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE
En la reunión con la portavoz socialista
de la comisión de Justicia en el Congreso (Rosa Aguilar), nos ha manifestado
que la transposición de la directiva europea se va a aprobar antes de final de
año en el Congreso y Senado.
Respecto al contenido, el grupo
socialista es favorable a que se realice un examen solo para los que no están
trabajando actualmente como traductores, o son externos, ya que el personal de
plantilla ha superado un riguroso proceso selectivo.
Por tanto, en sus enmiendas plantean esta
modificación.
Además,
la portavoz socialista ha aceptado apoyar nuestra reclamación de la reclasificación
al grupo 1 de los traductores del Convenio Único de personal laboral, pues de
la trasposición se deduce claramente que si deben tener la máxima cualificación
profesional para poder ejercer legalmente de traductores e intérpretes ante los
Juzgados y Tribunales, es evidente que nuestros traductores tienen que
reclasificarse en el nivel 1.
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