Hoy se ha publicado en el BOE la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio), que establece en sus disposiciones adicionales vigésima a vigésimo quinta la privatización del Registro Civil mediante su entrega a los registradores mercantiles.
La Ley 18/2014 es reproducción exacta del RD 8/2014, lo que demuestra la desvergüenza del Gobierno y del Ministerio de Justicia que, pese a la oposición de todos los grupos parlamentarios, de todos las organizaciones profesionales del ámbito de la Justicia, de cientos de organizaciones ciudadanas y de cientos de Ayuntamientos e incluso de algún Parlamento Autonómico, mantiene su decisión.
Además la Ley mantiene, a pesar de las manifestaciones del nuevo ministro, la disposición adicional relativa a la Corporación de Derecho Público para la contratación del sistema informático y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización, a pesar de que el Consejo de Estado, en su dictamen de fecha de 25 de septiembre, pone en cuestión esta disposición y la tacha de oscura y confusa, rechazando partes del texto por posible inconstitucionalidad, y reclama al Gobierno que lo rehaga en profundidad
CCOO mantiene su oposición a la privatización del Registro Civil y, como venimos informando, tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado presentada por CCOO en solitario, que tras los trámites legales debería ser remitida próximamente al Tribunal Supremo, daremos un paso más e impulsaremos una iniciativa legislativa popular (ILP) implicando a todas las organizaciones profesionales del ámbito de la Administración de Justicia y las distintas organizaciones sociales y ciudadanas que rechazan la privatización del Registro Civil para lograr que llegue al Parlamento español esta ILP, y así parar este desastre
Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
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CCOO mantiene su oposición a la privatización del Registro Civil y, como venimos informando, tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado presentada por CCOO en solitario, que tras los trámites legales debería ser remitida próximamente al Tribunal Supremo, daremos un paso más e impulsaremos una iniciativa legislativa popular (ILP) implicando a todas las organizaciones profesionales del ámbito de la Administración de Justicia y las distintas organizaciones sociales y ciudadanas que rechazan la privatización del Registro Civil para lograr que llegue al Parlamento español esta ILP, y así parar este desastre
Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
