Artículo de Prensa publicado en www.infolibre.es
- El contrato ha sido licitado por una empresa pública del Ministerio de Defensa, Isdefe, en un procedimiento cerrado
- Los registradores advierten de que el concurso opaco ha sido diseñado para que lo gane la empresa Futuver
- Denuncian que una minoría dentro del gremio, en cuya órbita sitúan al hermano del presidente Rajoy, maniobra para crear un Colegio paralelo
- Futuver dice que no se presenta a la licitación, pero que se asociará con la adjudicataria
Actualizada 27/09/2014 a las 18:22
Enrique Rajoy es el primero por la izda.; Mariano Rajoy, el tercero por la derecha.DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto un paréntesis en el pulso que los registradores de la Propiedad llevan meses sosteniendo con el Ministerio de Justicia por culpa de la reforma de los registros y la integración del Registro Civil. Un pulso que amenaza con terminar en cisma dentro del Colegio Oficial de Registradores, al tiempo que en una auténtica batalla judicial para detener los cambios ya en marcha.
Antes del próximo día 4 de octubre debería aprobar el Consejo de Ministros los estatutos de la nueva Corporación de Derecho Públicodonde el Gobierno quiere integrar a los registradores mercantiles que se encargarán de gestionar el Registro Civil desde el 15 de julio de 2015. Al menos ése fue el plazo que se puso a sí mismo el Ministerio de Justicia cuando el pasado 4 de julio aprobó la cesión: tres meses.
La nueva corporación es también la que debe formalizar –y pagar– el contrato del sistema electrónico integrado que compartirán todos los registros de la Propiedad y Mercantiles a partir del 15 de julio de 2015. Pero, antes, la aplicación informática habrá sido licitada y adjudicada por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa.
Según las fuentes consultadas por infoLibre, el reglamento que incluye los estatutos de la nueva corporación se encuentra pendiente del preceptivo, aunque no vinculante, dictamen del Consejo de Estado, ante el que 150 registradores han presentado alegaciones. “Estamos en condiciones de cumplir el plazo”, se limita a decir, por su parte, una portavoz de Justicia. Menos aún se sabe de la licitación del Isdefe: se trata de un procedimiento cerrado, del que se encarga Defensa por razones de “máxima seguridad” y confidencialidad, la de los millones de datos que manejará ese sistema integrado. Las fuentes consultadas cifran en cerca de 80 millones de euros el importe del contrato, aunque algunos especialistas consideran que esa cantidad es “disparatada” respecto al “valor de mercado de un software similar”.
Arancel sí, sueldo no
Si ambos trámites se cierran tal y como fueron diseñados antes de marcharse Ruiz-Gallardón, se consumará una reforma que la mayoría de los registradores consideran un atentando contra su “independencia”. No sólo temen que se les someta a la “estructura jerárquica de la Administración”, sino que además, se les convierta en los “paganos” del Registro Civil, toda vez que éste dejará de sufragarse a cargo de los Presupuestos del Estado pero seguirá siendo gratuito para el ciudadano.
Según el proyecto de Justicia, los trámites del Registro Civil los abonarán los registradores mercantiles de los aranceles que cobren por sus servicios. También serán los registradores quienes paguen el nuevo sistema informático integrado. Para el gremio, el arancel, además de la fuente de sus cuantiosos ingresos, es la garantía de su independencia.“Si me ponen a sueldo [de la Administración], me voy a [el Tribunal Internacional de] La Haya”, advierte un registrador consultado por este periódico. A su juicio, la “sueldización”, como lo llaman estos profesionales, “expropia las condiciones del contrato” que firmaron tras aprobar la oposición.
Del Registro Civil se van a encargar finalmente los registradores mercantiles, unos 100 en toda España, porque los de la Propiedad, un millar, se han negado. Alegan que el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha dejado muy tocados –“Vivimos de inscribir inmuebles”, explican– y que muchos de ellos han tenido que ejecutar ERE temporales porque no podían sostener sus plantillas, después de haber sufrido más de 100 rebajas del arancel desde los años 80.
La memoria económica, sin una sola cifra
Además, critican que se les haya endosado una tarea de considerable envergadura –un millón de trámites al año– sin haber hecho un estudio previo de costes. El real decreto de 4 de julio que cede la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles cuenta con una breve “memoria del análisis de impacto normativo” –como es preceptivo–. De sus 10 páginas, sólo dos están dedicadas a analizar el impacto económico y presupuestario de la reforma. Y no contienen ni una sola cifra. El texto se limita a glosar el “evidente ahorro de costes”que supondrán los cambios en los registros. “Los costes de explotación del Registro Civil dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado y para los de las comunidades autónomas”, explica la memoria, porque esos gastos “pasarán a ser sufragados por los registradores”, que poseen “recursos humanos e infraestructuras suficientes”. Pero no precisa cuáles son esos costes de explotación ni con qué recursos e infraestructuras cuenta el gremio.
Los registradores creen también que el Gobierno va a utilizar la Corporación de Derecho Público para crear un “colegio paralelo” con el que soslayar la oposición del gremio. De hecho, aunque en principio sólo la integrarán los registradores mercantiles, el proyecto de estatutos elaborado por el ministerio establece que también los de la Propiedad deberán sumarse. Los opositores a la reforma advierten, además, que la intención de Justicia es “absorber” el cuantioso patrimonio del Colegio de Registradores. Así, el proyecto de estatutos cita entre los recursos económicos que tendrá la nueva corporación las “cesiones, ordinarias y extraordinarias, de fondos que le haga el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”.
Para poner en marcha la reforma, la corporación se regirá por unConsejo Ejecutivo Provisional, hasta el 15 de julio de 2015, cuyossiete miembros, registradores mercantiles, serán nombrados por el Ministerio de Justicia. Otro detalle fundamental que despierta los recelos en el gremio: será el Consejo Provisional el encargado de firmar el contrato del sistema electrónico. Y ese contrato se ha convertido en el ojo del huracán de todas las críticas.
Un contrato a la medida de Futuver Consulting
Los registradores con los que ha hablado este periódico coinciden en interpretar todos los cambios preparados por el Ministerio de Justicia como una maniobra para adjudicar el sistema informático integrado a una empresa muy concreta: Futuver Consulting.
Empresa asturiana cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira, Futuver se dedica desde 1997 a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Tiene su sede madrileña en el mismo edificio propiedad de IICRE –una empresa del Colegio de Registradores–, donde están situados los registrosmercantiles y de la propiedad de la capital. Su aplicación Futuregfunciona en una buena parte de los registros de España. Además, fue elegida por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, para acabar con el atasco que sufrían los expedientes de nacionalidad. También ha informatizado los registros de México DF yPanamá.
Hace dos semanas, CCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al director general del Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Lleida y el segundo, mercantil en Zaragoza. Angulo, además, era administrador solidario de Futuver Rumania SRL –que fue filial de Futuver Consulting SL–, cuando resultó designado para trabajar en la Dirección General del Notariado del Ministerio de Justicia.
El sindicato reproduce la información que reveló el pasado mes de julio el diario digital 20minutos.es, según la cual el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación, que pretendía resolver un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la publicación, Javier Angulo envió una carta al Colegiopara que éste rectificara el relato del digital. En ella, el registrador de Lleida niega haber simultaneado su cargo en Futuver Rumania y su puesto en la Dirección General de Registros. Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en comisión de servicios. También asegura que su trabajo se limita a “proponer medidas para modernizar los registros”. Y que Futuver Rumanía ya no es filial de Futuver Consulting:“Sólo ostentó una participación minoritaria en su constitución”. Además rebaja el precio de la aplicación hasta los 600.000 euros.
Informe a favor de Futuver
Según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Javier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. El documento data denoviembre de 2011, cuando el Ejecutivo del PSOE ya había aprobado la creación de ese registro electrónico y el PP aún no había llegado al Gobierno. Entonces, según asegura el propio Angulo en su carta de rectificación al Colegio, únicamente era administrador de Futuver Rumanía, una empresa que “sólo se dedica desde su constitución a proyectos en materia de turismo y energías renovables” y que, dice, no tenía relación accionarial con Futuver Consulting. El actual administrador de Futuver Rumanía es Antonio Otero, el consejero delegado de Futuver Consulting.
Las fuentes consultadas apuntan que el informe lo presentó Javier Angulo como registrador de Estepona (Málaga). Durante años ha ocupado cargos relacionados con la informática y trabajado en proyectos tecnológicos para el Colegio Oficial. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalca en el documento. “Para tomar decisiones sobre este asunto no tiene sentido encargar un análisis a una gran empresa tipo Price & Waterhouse [sic], Ernst & Young, Deloitte, Indra, Corte Inglés, etcétera. No tienen experiencia sobre lo nuestro”, abunda.
“En conclusión, antes, más tarde, después y ahora, he defendido que la solución en España pasa por Futuver, pero desde el momento en que he conocido internamente cómo se trabaja y me he hecho una idea clara de las posibilidades que un acuerdo estratégico global entre el Colegio y Futuver significaría para ambos interlocutores, no puedo más que insistir nuevamente en que tenemos la solución a nuestro alcance para dar un salto de gran magnitud para los Registros en España y fuera de España”, concluye.
No se presentará al concurso pero se asociará al ganador
Javier Angulo no ha contestado a las llamadas de infoLibre. Tampoco el Colegio de Registradores ha querido responder, a la espera de lo que ocurra en los próximos días y sujeto a la confidencialidad exigida en el concurso sobre la adjudicación de la plataforma tecnológica. Por el contrario, un portavoz de Futuver explica que la empresa ni se ha presentado ni se va a presentar al concurso de Isdefe. “No tiene capacidad para un contrato de tal volumen”, admite. Pero sí espera “asociarse o ser subcontratada” por alguna de las “grandes compañías” que sí participarán en la licitación, a fin de “ejecutar” el contrato. Casi lo que Javier Angulo explicaba al Colegio de Registradores si elegía a una gran compañía de consultoría o informática, que carecerá de la solución tecnológica requerida: “Caso de ser adjudicatarios, se dirigirán a Futuver para hacerse con su solución y, previo lavado de cara, la colocarán al cliente, el Colegio, en el doble de precio que hayan pagado”.
Por el breve plazo de tiempo que Justicia ha previsto para poner en marcha el registro electrónico integrado, el portavoz de la empresa asturiana mostró su seguridad en que la adjudicataria “recurrirá a Futuver porque ya tiene el trabajo adelantado”. “Son la empresa con mayor especialización en este campo”, destaca.
El representante de Futuver atribuye lo que tacha de “intoxicaciones” a un “intento de desprestigiar” a la empresa: “Hay muchos interesados enfrentados para conseguir el concurso”, señala. También niega que Futuver esté haciendo lobby para hacerse con el contrato. “Por su especialización se la señala continuamente”, concluye.
Enrique Rajoy y Arbo
Los últimos meses han sido agitados dentro del gremio de los registradores. La mayoría se opone a las reformas y adivina oscuros intereses tras ellas. Responsabiliza de la iniciativa a una minoría de sus colegas, reunidos en la asociación Arbo y algunos aupados a la Dirección General de los Registros. Dicen que nunca ha habido tantos registradores como ahora ocupando cargos en el Ministerio de Justicia, pero les acusan de haberse arrogado la representación de todos sus compañeros para lanzar los “más duros ataques” que jamás ha sufrido el gremio. Además, ven el hecho de que tanto el presidente del Gobierno como dos de sus hermanos sean registradores, y de que el ya exministro Ruiz-Gallardón tenga, a su vez, una nuera y un cuñado en el gremio, como un claro perjuicio para la profesión. Ambos, Rajoy y Gallardón, han sido igualmente denunciados por CCOO ante la Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma.
En efecto, el hermano pequeño de Mariano Rajoy, Enrique, es registrador de la Propiedad en Cáceres desde febrero de 2009. En 2005 ocupó el cargo de secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (Cinder), una suerte de lobby internacional de los registradores. Creado en 1972, tiene su sede en Madrid y su área original de influencia era América Latina. Enrique Rajoy también ha sido director de Relaciones Internacionales del Colegio.
Los registradores consultados sitúan al hermano del presidente en el entorno de la asociación que congrega a los defensores de la reforma. Éstos, a su vez, acusan al Colegio Oficial de sostener una “táctica suicida” enfrentándose al Gobierno. También le culpan de que, gracias a sus continuas negativas al ministro, la cesión del Registro Civil sea finalmente “gratis total” y de que se haya excluido al gremio del diseño de la reforma integral. En su página web defienden a Javier Angulo, a los hermanos de Rajoy y a los responsables de la Dirección General de los Registros de las críticas vertidas en los últimos meses por sus compañeros.
La próxima batalla la quieren dar los opositores en los tribunales, impugnando todas las decisiones del Gobierno, desde decretos hasta adjudicaciones. Para ello ya han creado una nueva asociación, bautizada con el nombre de Francisco Cárdenas. Mientras, las espadas siguen en alto en el Colegio de Registradores, donde algunos ven incluso la amenaza de una moción de censura para descabalgar a la actual junta de gobierno. Para conseguir apoyos suficientes, éstos denuncian los intentos de la minoría de “captar voluntades de los registradores más jóvenes”. Aún es una incógnita cuál será la política del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, al respecto. Tomará posesión esta misma semana.
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Antes del próximo día 4 de octubre debería aprobar el Consejo de Ministros los estatutos de la nueva Corporación de Derecho Públicodonde el Gobierno quiere integrar a los registradores mercantiles que se encargarán de gestionar el Registro Civil desde el 15 de julio de 2015. Al menos ése fue el plazo que se puso a sí mismo el Ministerio de Justicia cuando el pasado 4 de julio aprobó la cesión: tres meses.
La nueva corporación es también la que debe formalizar –y pagar– el contrato del sistema electrónico integrado que compartirán todos los registros de la Propiedad y Mercantiles a partir del 15 de julio de 2015. Pero, antes, la aplicación informática habrá sido licitada y adjudicada por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa.
Según las fuentes consultadas por infoLibre, el reglamento que incluye los estatutos de la nueva corporación se encuentra pendiente del preceptivo, aunque no vinculante, dictamen del Consejo de Estado, ante el que 150 registradores han presentado alegaciones. “Estamos en condiciones de cumplir el plazo”, se limita a decir, por su parte, una portavoz de Justicia. Menos aún se sabe de la licitación del Isdefe: se trata de un procedimiento cerrado, del que se encarga Defensa por razones de “máxima seguridad” y confidencialidad, la de los millones de datos que manejará ese sistema integrado. Las fuentes consultadas cifran en cerca de 80 millones de euros el importe del contrato, aunque algunos especialistas consideran que esa cantidad es “disparatada” respecto al “valor de mercado de un software similar”.
Arancel sí, sueldo no
Si ambos trámites se cierran tal y como fueron diseñados antes de marcharse Ruiz-Gallardón, se consumará una reforma que la mayoría de los registradores consideran un atentando contra su “independencia”. No sólo temen que se les someta a la “estructura jerárquica de la Administración”, sino que además, se les convierta en los “paganos” del Registro Civil, toda vez que éste dejará de sufragarse a cargo de los Presupuestos del Estado pero seguirá siendo gratuito para el ciudadano.
Según el proyecto de Justicia, los trámites del Registro Civil los abonarán los registradores mercantiles de los aranceles que cobren por sus servicios. También serán los registradores quienes paguen el nuevo sistema informático integrado. Para el gremio, el arancel, además de la fuente de sus cuantiosos ingresos, es la garantía de su independencia.“Si me ponen a sueldo [de la Administración], me voy a [el Tribunal Internacional de] La Haya”, advierte un registrador consultado por este periódico. A su juicio, la “sueldización”, como lo llaman estos profesionales, “expropia las condiciones del contrato” que firmaron tras aprobar la oposición.
Del Registro Civil se van a encargar finalmente los registradores mercantiles, unos 100 en toda España, porque los de la Propiedad, un millar, se han negado. Alegan que el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha dejado muy tocados –“Vivimos de inscribir inmuebles”, explican– y que muchos de ellos han tenido que ejecutar ERE temporales porque no podían sostener sus plantillas, después de haber sufrido más de 100 rebajas del arancel desde los años 80.
La memoria económica, sin una sola cifra
Además, critican que se les haya endosado una tarea de considerable envergadura –un millón de trámites al año– sin haber hecho un estudio previo de costes. El real decreto de 4 de julio que cede la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles cuenta con una breve “memoria del análisis de impacto normativo” –como es preceptivo–. De sus 10 páginas, sólo dos están dedicadas a analizar el impacto económico y presupuestario de la reforma. Y no contienen ni una sola cifra. El texto se limita a glosar el “evidente ahorro de costes”que supondrán los cambios en los registros. “Los costes de explotación del Registro Civil dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado y para los de las comunidades autónomas”, explica la memoria, porque esos gastos “pasarán a ser sufragados por los registradores”, que poseen “recursos humanos e infraestructuras suficientes”. Pero no precisa cuáles son esos costes de explotación ni con qué recursos e infraestructuras cuenta el gremio.
Los registradores creen también que el Gobierno va a utilizar la Corporación de Derecho Público para crear un “colegio paralelo” con el que soslayar la oposición del gremio. De hecho, aunque en principio sólo la integrarán los registradores mercantiles, el proyecto de estatutos elaborado por el ministerio establece que también los de la Propiedad deberán sumarse. Los opositores a la reforma advierten, además, que la intención de Justicia es “absorber” el cuantioso patrimonio del Colegio de Registradores. Así, el proyecto de estatutos cita entre los recursos económicos que tendrá la nueva corporación las “cesiones, ordinarias y extraordinarias, de fondos que le haga el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”.
Para poner en marcha la reforma, la corporación se regirá por unConsejo Ejecutivo Provisional, hasta el 15 de julio de 2015, cuyossiete miembros, registradores mercantiles, serán nombrados por el Ministerio de Justicia. Otro detalle fundamental que despierta los recelos en el gremio: será el Consejo Provisional el encargado de firmar el contrato del sistema electrónico. Y ese contrato se ha convertido en el ojo del huracán de todas las críticas.
Un contrato a la medida de Futuver Consulting
Los registradores con los que ha hablado este periódico coinciden en interpretar todos los cambios preparados por el Ministerio de Justicia como una maniobra para adjudicar el sistema informático integrado a una empresa muy concreta: Futuver Consulting.
Empresa asturiana cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira, Futuver se dedica desde 1997 a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Tiene su sede madrileña en el mismo edificio propiedad de IICRE –una empresa del Colegio de Registradores–, donde están situados los registrosmercantiles y de la propiedad de la capital. Su aplicación Futuregfunciona en una buena parte de los registros de España. Además, fue elegida por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, para acabar con el atasco que sufrían los expedientes de nacionalidad. También ha informatizado los registros de México DF yPanamá.
Hace dos semanas, CCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al director general del Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Lleida y el segundo, mercantil en Zaragoza. Angulo, además, era administrador solidario de Futuver Rumania SRL –que fue filial de Futuver Consulting SL–, cuando resultó designado para trabajar en la Dirección General del Notariado del Ministerio de Justicia.
El sindicato reproduce la información que reveló el pasado mes de julio el diario digital 20minutos.es, según la cual el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación, que pretendía resolver un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la publicación, Javier Angulo envió una carta al Colegiopara que éste rectificara el relato del digital. En ella, el registrador de Lleida niega haber simultaneado su cargo en Futuver Rumania y su puesto en la Dirección General de Registros. Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en comisión de servicios. También asegura que su trabajo se limita a “proponer medidas para modernizar los registros”. Y que Futuver Rumanía ya no es filial de Futuver Consulting:“Sólo ostentó una participación minoritaria en su constitución”. Además rebaja el precio de la aplicación hasta los 600.000 euros.
Informe a favor de Futuver
Según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Javier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. El documento data denoviembre de 2011, cuando el Ejecutivo del PSOE ya había aprobado la creación de ese registro electrónico y el PP aún no había llegado al Gobierno. Entonces, según asegura el propio Angulo en su carta de rectificación al Colegio, únicamente era administrador de Futuver Rumanía, una empresa que “sólo se dedica desde su constitución a proyectos en materia de turismo y energías renovables” y que, dice, no tenía relación accionarial con Futuver Consulting. El actual administrador de Futuver Rumanía es Antonio Otero, el consejero delegado de Futuver Consulting.
Las fuentes consultadas apuntan que el informe lo presentó Javier Angulo como registrador de Estepona (Málaga). Durante años ha ocupado cargos relacionados con la informática y trabajado en proyectos tecnológicos para el Colegio Oficial. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalca en el documento. “Para tomar decisiones sobre este asunto no tiene sentido encargar un análisis a una gran empresa tipo Price & Waterhouse [sic], Ernst & Young, Deloitte, Indra, Corte Inglés, etcétera. No tienen experiencia sobre lo nuestro”, abunda.
“En conclusión, antes, más tarde, después y ahora, he defendido que la solución en España pasa por Futuver, pero desde el momento en que he conocido internamente cómo se trabaja y me he hecho una idea clara de las posibilidades que un acuerdo estratégico global entre el Colegio y Futuver significaría para ambos interlocutores, no puedo más que insistir nuevamente en que tenemos la solución a nuestro alcance para dar un salto de gran magnitud para los Registros en España y fuera de España”, concluye.
No se presentará al concurso pero se asociará al ganador
Javier Angulo no ha contestado a las llamadas de infoLibre. Tampoco el Colegio de Registradores ha querido responder, a la espera de lo que ocurra en los próximos días y sujeto a la confidencialidad exigida en el concurso sobre la adjudicación de la plataforma tecnológica. Por el contrario, un portavoz de Futuver explica que la empresa ni se ha presentado ni se va a presentar al concurso de Isdefe. “No tiene capacidad para un contrato de tal volumen”, admite. Pero sí espera “asociarse o ser subcontratada” por alguna de las “grandes compañías” que sí participarán en la licitación, a fin de “ejecutar” el contrato. Casi lo que Javier Angulo explicaba al Colegio de Registradores si elegía a una gran compañía de consultoría o informática, que carecerá de la solución tecnológica requerida: “Caso de ser adjudicatarios, se dirigirán a Futuver para hacerse con su solución y, previo lavado de cara, la colocarán al cliente, el Colegio, en el doble de precio que hayan pagado”.
Por el breve plazo de tiempo que Justicia ha previsto para poner en marcha el registro electrónico integrado, el portavoz de la empresa asturiana mostró su seguridad en que la adjudicataria “recurrirá a Futuver porque ya tiene el trabajo adelantado”. “Son la empresa con mayor especialización en este campo”, destaca.
El representante de Futuver atribuye lo que tacha de “intoxicaciones” a un “intento de desprestigiar” a la empresa: “Hay muchos interesados enfrentados para conseguir el concurso”, señala. También niega que Futuver esté haciendo lobby para hacerse con el contrato. “Por su especialización se la señala continuamente”, concluye.
Enrique Rajoy y Arbo
Los últimos meses han sido agitados dentro del gremio de los registradores. La mayoría se opone a las reformas y adivina oscuros intereses tras ellas. Responsabiliza de la iniciativa a una minoría de sus colegas, reunidos en la asociación Arbo y algunos aupados a la Dirección General de los Registros. Dicen que nunca ha habido tantos registradores como ahora ocupando cargos en el Ministerio de Justicia, pero les acusan de haberse arrogado la representación de todos sus compañeros para lanzar los “más duros ataques” que jamás ha sufrido el gremio. Además, ven el hecho de que tanto el presidente del Gobierno como dos de sus hermanos sean registradores, y de que el ya exministro Ruiz-Gallardón tenga, a su vez, una nuera y un cuñado en el gremio, como un claro perjuicio para la profesión. Ambos, Rajoy y Gallardón, han sido igualmente denunciados por CCOO ante la Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma.
En efecto, el hermano pequeño de Mariano Rajoy, Enrique, es registrador de la Propiedad en Cáceres desde febrero de 2009. En 2005 ocupó el cargo de secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (Cinder), una suerte de lobby internacional de los registradores. Creado en 1972, tiene su sede en Madrid y su área original de influencia era América Latina. Enrique Rajoy también ha sido director de Relaciones Internacionales del Colegio.
Los registradores consultados sitúan al hermano del presidente en el entorno de la asociación que congrega a los defensores de la reforma. Éstos, a su vez, acusan al Colegio Oficial de sostener una “táctica suicida” enfrentándose al Gobierno. También le culpan de que, gracias a sus continuas negativas al ministro, la cesión del Registro Civil sea finalmente “gratis total” y de que se haya excluido al gremio del diseño de la reforma integral. En su página web defienden a Javier Angulo, a los hermanos de Rajoy y a los responsables de la Dirección General de los Registros de las críticas vertidas en los últimos meses por sus compañeros.
La próxima batalla la quieren dar los opositores en los tribunales, impugnando todas las decisiones del Gobierno, desde decretos hasta adjudicaciones. Para ello ya han creado una nueva asociación, bautizada con el nombre de Francisco Cárdenas. Mientras, las espadas siguen en alto en el Colegio de Registradores, donde algunos ven incluso la amenaza de una moción de censura para descabalgar a la actual junta de gobierno. Para conseguir apoyos suficientes, éstos denuncian los intentos de la minoría de “captar voluntades de los registradores más jóvenes”. Aún es una incógnita cuál será la política del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, al respecto. Tomará posesión esta misma semana.
