- CCOO no va a detener su acción y la presión hasta lograr que el Gobierno da marcha atrás en su decisión de proceder a la privatización de los Registros Civiles, y estamos seguros de que entre todos lo vamos a conseguir. Pues esta batalla no está ni mucho menos perdida.
En la página web del Congreso de los Diputados están publicadas las enmiendas que todos los grupos parlamentarios presentaron al texto del Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio), que en sus disposiciones adicionales decimonovena a vigésimo cuarta,contiene la privatización de los Registros Civiles.
Estas enmiendas fueron presentadas hasta el 19 de agosto, fin del plazo (que fue ampliado varias veces) de presentación de enmiendas en el Congreso.
El texto que ha aprobado el Congreso pasa ahora al Senado.
Como sabéis e informamos el mismo día, el debate del texto completo y de sus enmiendas tuvo lugar el pasado 28 de agosto, no aceptándose por el grupo mayoritario, el partido popular, ninguna de las que hacían referencia a la exigencia prácticamente unánime de la paralización de la privatización de los Registros Civiles.
Hemos de destacar, y agradecer, que algunos grupos, como el de la Izquierda Plural, defendieron de forma clara el contenido esencial de las enmiendas que les remitimos, con el objeto de impedir esta privatización, que si se lleva a cabo tendrá gravísimas consecuencias para el empleo y para los derechos de la ciudadanía.
El Gobierno, nuevamente sin dar la cara (no olvidemos que aprobar una iniciativa de tanta importancia para la sociedad en agosto y en plenas vacaciones, dice mucho del talante antidemocrático de este Gobierno, que sigue huyendo de la participación y del debate como de la peste) ha impedido en la Comisión de Economía del Congreso (que fue el órgano del Congreso, y no el Pleno, el que lo ha aprobado, dando paso ahora su trámite al Senado: menos debate, menos participación) que se aprobara el rechazo a la privatización de los Registros Civiles, que varios grupos parlamentarios (la gran mayoría de los grupos) habían planteado.
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