Fuentes del tribunal señalan que se ha dado prioridad a este asunto ante el fuerte rechazo social que existe contra las tasas judiciales. Por ahora, el ponente está redactando su texto, que después tiene que ir a pleno para su votación. Si este particular sigue el mismo camino que el resto de asuntos relevantes que ha visto el tribunal desde que lo preside Francisco Pérez de los Cobos, lo previsible es que se intente buscar el mayor consenso posible y evitar votos particulares. De ahí que el borrador que se presente inicialmente acabe necesitando algunas modificaciones.
Extrapolando este asunto a la carrera judicial, en el debate no va a primar que los magistrados sean conservadores o progresistas, porque hay voces críticas en ambos sectores. El tribunal que defiende la Carta Magna tendrá que decidir si las tasas afectan en sí mismas a la tutela judicial efectiva e impiden al ciudadano acceder a la Justicia. Otra de las opciones que se contempla es que se considere el concepto de tasa judicial constitucional pero las cuantías desproporcionadas.
Un gran clamor social
Desde el TC se entiende que el recurso planteado contra las tasas de Ruiz-Gallardón debe ser resuelto con prontitud principalmente por dos razones. La primera, porque el clamor social es muy elevado y la muestra es que cada vez se presentan menos recursos ante el Tribunal Supremo por las excesivas cuantías. Y la segunda porque hay muchos procesos judiciales paralizados al haber presentado jueces y tribunales cuestiones de inconstitucionalidad a las tasas judiciales –entre ellas la propia Audiencia Nacional– que no pueden resolverse hasta que el recurso principal quede decidido. De ahí que se espera que antes de que acabe el año haya una decisión tomada.
Dentro de la carrera judicial se critica que el Ministerio de Justicia no escuchara a los diversos colectivos antes de aprobar en el Boletín Oficial del Estado las tasas. Fue una medida que se hizo deprisa y corriendo desde el Departamento de Justicia y no se analizó con suficiente cautela las cantidades que se fijaban, tal y como reconocieron en su momento fuentes gubernamentales.
Menos recursos en el Supremo
El eje principal de las críticas gira en torno a algunas tasas, principalmente las de lo contencioso-administrativo en el Supremo que asciende a los 1.200 euros, y que están pensadas para las grandes empresas, para las que esas cantidades son irrisorias, pero no para el ciudadano de a pie o para el pequeño empresario que no puede hacer frente a ese pago para recurrir una decisión que considera contraria a sus intereses.
Un magistrado del Supremo reconocía recientemente que “la crisis económica que sufre España ha afectado a la tutela judicial efectiva y un claro ejemplo son las tasas judiciales”. Otro magistrado asegura que desde su aprobación se ha notado que han disminuido el número de recursos ante el Alto Tribunal. Por un lado, se consigue lo que perseguía el Ministerio, reducir la litigiosidad, pero la gran pregunta es si la manera de hacerlo, impidiendo al ciudadano el acceso a la Justicia, es constitucional o no.
Uno de los grandes combatientes contra las tasas ha sido el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer. En un manifiesto aprobado por este órgano tras la entrada en vigor, las calificaba de “experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia”.
El euro por receta como antecedente
No es la primera vez que el TC se enfrenta a unas tasas. Primero en mayo, y luego en junio, resolvió la inconstitucionalidad del euro por receta en Cataluña y Madrid. En el caso catalán, explicaba la sentencia que al tratarse la financiación de la Sanidad de una competencia básica del Estado, no cabe “el establecimiento de una tasa como la controvertida, que altera, haciéndolo más gravoso para los beneficiarios, el régimen de participación en el coste previsto” por la ley. De hecho, el euro por receta recae directamente en la prestación farmacéutica, haciendo más gravosa para los ciudadanos de Cataluña la adquisición de medicamentos con receta, pues el pago de la tasa es una condición para su dispensación.
En esa misma sentencia, se avalaba la tasa judicial implantada por la Generalitat, pero hacía una matización importante. A diferencia de las tasas judiciales impuestas por el Estado, “la autonómica no está enlazada con el acceso a la jurisdicción o a los recursos, ya que el pago de la misma no constituye condición de admisibilidad de los actos procesales cuya vertiente administrativa pretende financiar”. Es decir, el tribunal ya explicaba que la tasa autonómica no afecta a la tutela judicial efectiva, al contrario de lo que le puede pasar a la tasa implantada por Ruiz-Gallardón.
“Mientras que la conexión de las tasas estatales con la potestad jurisdiccional es directa y resulta patente, toda vez que su impago lleva ineludiblemente aparejada la inadmisión del acto procesal al que la misma se anuda, siendo asíconditio sine qua non para el propio ejercicio de la tutela judicial efectiva, el abono de la tasa autonómica carece, como no puede ser constitucionalmente de otro modo, de toda consecuencia impeditiva o retardataria del acceso a la jurisdicción”, añadía la sentencia.
Aborto y LOPJ, reformas poco electorales
Las tasas judiciales del ministro de Justicia han tenido algo positivo: unir a la carrera judicial, abogacía y demás trabajadores de la Administración de Justicia. Algo similar ha ocurrido con la reforma al anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que todavía no ha sido aprobada y son muchas las voces dentro del Poder Judicial que aseguran que esta legislatura no verá la luz. La razón principal es que el Ministerio pretende eliminar los partidos judiciales, es decir, los juzgados de los pueblos, y centralizarlos en las capitales de provincia. Con unas elecciones municipales y autonómicas para la primavera que viene, muchos candidatos del Partido Popular se pueden encontrar con graves consecuencias electorales si esta medida llega a aprobarse.
Fuentes jurídicas explican que la reforma que plantea Justicia está pensada para provincias como Madrid, donde el transporte público es numeroso y ágil, pero no para muchos otros pueblos de España donde llegar a la capital sin coche no es trabajo sencillo. De ahí, que se critique desde la carrera judicial porque esta medida que pretende aprobar el ministro no está pensada para la realidad española.
Lo mismo ocurre con la reforma de la Ley del Aborto, para la que el tiempo electoral se le echa encima. Ruiz-Gallardón apostó fuerte por hacer una reforma integral a la norma que rige actualmente y que contempla la interrupción del embarazo por plazos y no por supuestos. El gabinete del ministro elaboró una reforma más restrictiva incluso que la de 1985 y que no gusta dentro de las filas del PP. Con la cuenta atrás para empezar con la campaña electoral, el Gobierno intenta que el tema del aborto no entre de lleno en el debate político. El ministro aseguró que antes de verano estaría aprobada, algo que no ocurrió y que evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y su ministro de Justicia por este asunto.
Artículo publicado en www.elconfidencial.com el 21/09/2014
