La convocatoria de la concentración
por CCOO
el día de la apertura del año judicial es el primer gran acto de movilización
contra las reformas de Gallardón tras las vacaciones de agosto
CIENTOS
DE TRABAJADORES/AS Y DELEGADOS/AS DE CCOO EXIGEN
LA DIMISIÓN DE
GALLARDÓN POR SUS INFAMES REFORMAS QUE, DENTRO DEL PLAN IDEADO POR EL GOBIERNO
PARA ACABAR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PRETENDEN EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
La concentración convocada por CCOO en solitario ante el Tribunal
Supremo (a pesar del llamamiento que venimos realizando al resto de
organizaciones sindicales para formar un gran frente unitario contra las
gravísimas reformas de Gallardón de la Administración de
Justicia) ha tenido dos objetivos fundamentales:
Mantener la presión
para que el Gobierno dé marcha atrás en la privatización de los Registros
Civiles, decisión
consumada por el Gobierno tras la aprobación el pasado 4 de julio por el
consejo de ministros del RDL 8/2014 que los entrega a los registradores
mercantiles. Como venimos informando, entre otras múltiples actuaciones llevadas a
cabo contra esta decisión, CCOO ha presentado denuncia ante la Fiscalía General
del Estado contra el presidente del Gobierno y el
ministro de Justicia por su actuación en esta decisión que podría vulnerar
presuntamente, la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, ya
que no consta inhibición o abstención de los mismos en la votación y la
decisión afecta a intereses directos y a
los de familiares muy próximos.
Paralizar la reforma
de la LOPJ que pretende aprobar el Gobierno en
un próximo consejo de ministros (para el inicio inmediato de su trámite
parlamentario), que crea un instrumento para permitir a la Administración eliminar
cientos de partidos judiciales y de órganos judiciales cuando lo consideren
necesario, la dota de una herramienta
legal que permitirá amortizar miles de puestos de trabajo, no garantiza las
retribuciones actuales, elimina lo establecido en el vigente artículo 523 de la LOPJ de 2003 -que
imposibilita la movilidad forzosa fuera del municipio-, privatiza de los actos
de comunicación y ejecución con su entrega a los procuradores y, en definitiva,
supondrán un inmenso retroceso de los derechos y condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia además de alejar la
justicia de la ciudadanía lo que implica un nuevo impedimento para el acceso a
los servicios públicos básicos en un estado de derecho.
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Gallardón comenzó sus políticas encaminadas a adoptar
incalificables medidas de ataque a los derechos de las personas con la
imposición de la Ley de Tasas Judiciales, que ha dejado a una
inmensa mayoría de la población sin posibilidades para acudir ante los Juzgados
a defender sus derechos, continuó con la ley
de justicia gratuita que ahonda más en esta indefensión y siguió con la ley
de jurisdicción voluntaria que privatiza otra parte de la Administración de
Justicia al poner en manos de
registradores y notarios muchos de los procedimientos que hasta ahora eran
competencia exclusiva de Juzgados y Tribunales y ha dado la mayor vuelta de
tuerca hasta el momento con la privatización de los Registros Civiles y la
reforma de la LOPJ.
Desde CCOO estamos convencidos que es posible ganar la batalla
contra las reformas de Gallardón si unimos nuestras fuerzas en un gran frente
unitario con todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración de
Justicia. Solo aquellas organizaciones que tengan otros intereses distintos a la
defensa de los derechos y condiciones laborales del personal de la Administración de
Justicia, pueden no querer la unidad contra estas gravísimas reformas.
CCOO va a mantener e incrementar las
movilizaciones, y va a seguir llamando a la creación de ese gran frente común, mientras
no logremos revertir la privatización de los Registros Civiles y que la reforma
de la LOPJ
recoja sin ambigüedades, o redacciones imprecisas, todos los derechos del
personal de la
Administración de Justicia, el mantenimiento de todos los
partidos judiciales y órganos judiciales, incluidos los Juzgados de Paz, la
garantía de las retribuciones actuales y de todos los puestos de trabajo y la
prohibición expresa a la movilidad forzosa.
Al final del acto de la apertura del año judicial y a
su salida, los delegados y delegadas de CCOO reclamaron al nuevo secretario general del
PSOE un compromiso expreso de que su partido derogaría la privatización de los
Registros Civiles si gobiernan, que su
grupo parlamentario votará en contra de la reforma de la LOPJ mientras no se garanticen,
con una redacción que no admitan
interpretaciones, todos nuestros derechos. Pedro Sánchez, ante los medios de
comunicación se ha comprometido a todo ello así como a reunirse en los próximos
días con una delegación de CCOO, reunión en la que la exigiremos que estos
compromisos sean recogidos de forma efectiva.
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