- Decenas de miles de trabajadores, 1.500 de forma inmediata, despedidos antes del 1 de abril de 2013 y que tienen suscrito un convenio especial con la Seguridad Social podrán jubilarse anticipadamente
CCOO y UGT, durante la reunión mantenida en el día de hoy, junto con CEOE y Cepyme, con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, han conseguido extraer el compromiso del Gobierno de revisar y modificar el criterio aprobado el pasado de mes de junio por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, en la mayoría de los casos, denegaba el acceso a la jubilación a aquellos trabajadores que habiendo visto extinguida involuntariamente su relación laboral antes del 1 de abril de 2013 acreditasen cotizaciones posteriores a dicha fecha, como consecuencia de haber suscrito un convenio especial con la Seguridad Social y, en otros, reducía las cuantías de las pensiones a las que se tenía derecho.
En dicha reunión, el Gobierno se ha comprometido a respetar los derechos de los trabajadores que se hayan podido ver perjudicados por este criterio, revisando y resolviendo todas las solicitudes conforme a la interpretación pacífica que se ha venido dando hasta junio de este año. Es decir, respetando el derecho de estos trabajadores a acceder a la jubilación en los términos y condiciones vigentes en el momento en que fueron despedidos. Con ello, se garantiza el cumplimiento de la finalidad de la Ley y el principio de confianza legítima.
Además, el Ejecutivo se compromete a revisar de oficio todos los expedientes que han sido denegados y las solicitudes de jubilación anticipada aceptadas pero cuya cuantía se haya calculado teniendo en cuenta dicho criterio, y a estimar favorablemente todas aquellas reclamaciones previas en vía administrativa que se encuentren en tramitación por este motivo.
Por ello, UGT y CCOO valoran esta rectificación y la celeridad que, desde la propia Secretaria de Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se ha anunciado que se va a dar al proceso de revisión de oficio, con la finalidad de mitigar los perjuicios causados a los 1.500 trabajadores que, en poco más de dos meses, se han visto ya afectados por la vigencia temporal de este criterio administrativo que había sido contestado desde el primer momento por CCOO y UGT que lo han considerado injusto y no ajustado a derecho.
Esta celeridad en la corrección de las situaciones generadas en este periodo es valorada además, por UGT y CCOO, como un comportamiento coherente con los compromisos que el Gobierno ha asumido en la Declaración del 29 de julio pasado y que deben concretarse en los próximos meses, especialmente en el caso de mayor protección para los parados de larga duración.
