CCOO continúa llevando a cabo multitud de iniciativas para intentar revocar la decisión del Gobierno
y del ministro de Justicia de privatizar el Registro Civil.
CCOO DENUNCIA ANTE
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y AL MINISTRO DE
JUSTICIA POR LA COMISION DE UN PRESUNTO DELITO DERIVADO DE SU ACTUACIÓN EN LA
DECISIÓN DE ENTREGAR LA GESTIÓN DEL REGISTRO CIVIL A LOS REGISTRADORES MERCANTILES.
Además CCOO presenta una denuncia ante la Oficina de
Conflictos de Intereses solicitando que se inicien diligencias de investigación
por si dicha actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción.
Desde
que se aprobó, en el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio, el Real
Decreto Ley 8/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, cuya disposición adicional vigésima privatiza
los Registros Civiles mediante el traspaso de su Gestión a los registradores
Mercantiles, CCOO
llevó a cabo nuevas y numerosas iniciativas y medidas de presión para lograr
revocar esta incalificable decisión. Entre otras hemos solicitado a los
distintos grupos parlamentarios la presentación del recurso de
inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto que, como
venimos informando, finalmente ha sido presentado por los grupos parlamentarios
de IU, PSOE y UPyD ante el Tribunal Constitucional el pasado 31 de julio.
También hemos presentado a los
grupos parlamentarios, incluido al Partido Popular que sustenta al Gobierno,
una propuesta de enmienda solicitando la derogación de las disposiciones
adicionales del proyecto de ley relativas al Registro Civil y,
subsidiariamente, propuesta de enmiendas alternativas a las citadas
disposiciones adicionales. Dicho debate tuvo lugar el pasado 28 de agosto y nos
consta que algún grupo parlamentario, como Izquierda Plural, ha defendido el
contenido completo de las enmiendas de CCOO, si bien, finalmente el Partido Popular, en
otro alarde de prepotencia y utilizando su mayoría absoluta, no ha aceptado
ninguna de las enmiendas. El proyecto de ley ahora pasará al Senado.
Y ahora CCOO, continuando con las distintas
iniciativas llevadas a cabo para intentar revocar la decisión de privatizar el
Registro Civil, ha presentado esta misma mañana, una denuncia ante la Fiscalía General del
Estado contra el Presidente del Gobierno y contra el ministro de Justicia
porque para CCOO
la actuación del ministro de Justicia (suegro y cuñado de registradores) y del
Presidente del Gobierno (registrador y hermano de registradores) en la decisión
de privatizar el Registro Civil, sin que conste inhibición o abstención previa
de los mismos en la votación llevada a cabo en el Consejo de Ministros, podría
ser constitutivo de un presunto delito por vulneración del deber de inhibición
y abstención que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos
de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del
Estado, impone a los miembros del
Gobierno de la Nación ,
secretarios de Estado y demás altos cargos.
Asimismo hemos presentado un escrito
dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses para que se
inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación
pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria.
JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DENUNCIA
NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA DE LA DENUNCIA
10 DE SEPTIEMBRE CONCENTRACION ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO
PAREMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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