- El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de ayer el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que remite a las Cortes Generales.
Como viene denunciando CCOO el Gobierno, y el ministro Gallardón, tienen como objetivo privatizar los servicios públicos. Sanidad, educación, justicia y ahora, también los servicios públicos de empleo, pues el Gobierno otorgará a las agencias privadas de colocación la gestión de la inserción laboral y los programas de recualificación.
Y así el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria aprobado ayer privatiza procedimientos que hasta ahora eran competencia exclusiva de la Administración de Justicia, otorgando la tramitación de los mismos a Notarios y a Registradores de la Propiedad y Mercantiles, que si bien acceden a sus puestos mediante oposición, su actividad se gestiona como si de una empresa privada se tratara, y así lo ha dictaminado también la UE.
A los Notarios se les atribuye la competencia para la tramitación de testamentarias, subastas voluntarias, ofrecimientos de pago y consignaciones de deudas pecuniarias, reclamaciones de deudas dinerarias y la posibilidad de tramitar expedientes matrimoniales civiles y la celebración el matrimonio. También podrán acordar la separación o divorcio de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores o discapaces.
Los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán de los expedientes registrales, entre los que figurará la convocatoria de junta general de las sociedades, que hasta ahora realizan los jueces de lo Mercantil, la constitución del sindicato de obligacionistas cuando las entidades no lo hagan y el nombramiento de auditores para el examen de las cuentas anuales.
El proyecto contiene una Disposición adicional segunda. Aranceles notariales y registrales. El Gobierno aprobará en el plazo de tres meses a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» los aranceles correspondientes a la intervención de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles respecto de los asuntos, actas y escrituras públicas para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta ley.
Además, el consejo de ministros ha aprobado entre otros asuntos:
PROYECTO DE LEY por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
Para CCOO la pérdida de competencias de la Administración de Justicia supone claramente privatizar servicios públicos que además de repercutir en los derechos de la ciudadanía conllevará la destrucción de empleo público, e incidirá una vez más sobre los ya deterioradas condiciones de trabajo y derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores en forma de amortizaciones de plantillas, reordenación de efectivos, movilidad geográfica y funcional forzosa, cese de interinos, concurso de traslados etc.
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