En la apertura del Año Judicial en Aragón, CCOO demanda una "justicia universal y gratuita"


7 de octubre de 2013


Coincidiendo con la apertura del Año Judicial en Aragón, CCOO y el resto de organizaciones sindicales, se concentraron ante la Audiencia Provincial donde se celebraba el acto institucional, para protestar contra la privatización en los registros civiles, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Demarcación y Planta Judicial, las tasas judiciales y la reforma del Código Penal.
Protesta en la apertura del Año Judicial en Aragón.
Protesta en la apertura del Año Judicial en Aragón.
Trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de Aragón volvieron a concentrarse, el 4 de octubre, para protestar contra los continuos recortes que el ministro Gallardón está llevando a cabo y para manifestar su firme oposición a cualquier proceso de reforma que dificulte el acceso de la ciudadanía al servicio público de la Administración de Justicia, que debe ser universal y gratuito”

Son muchos los motivos de protesta de las organizaciones sindicales. José Ignacio Franco, secretario general del Sector de Justicia de CCOO en Aragón, ha enumerado algunas de ellas:

• La Ley de tasas judiciales e imposición de costas en contencioso administrativa que obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva a la ciudadanía.
• La privatización del registro civil que quedaría en manos de registradores y notarios y haría desaparecer un servicio público gratuito.
• La privatización de los actos de comunicación y de la ejecución que pasan a realizarse por procuradores y que provocará una importantísima amortización de plazas.
• La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial  que vacía de funciones a los cuerpos de la justicia a favor de las privatizaciones.
• La reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que suprime juzgados de paz, partidos judiciales, cetros de destino y llevará al alejamiento de la Justicia del ciudadano y a su encarecimiento.
• Y una reforma del Código Penal que únicamente busca "criminalizar la protesta ciudadana".

José Ignacio Franco también denunció a los recortes sufridos por empleadas y empleados públicos, "que han sido especialmente duros en la Administración de Justicia" y reclamó la garantía del mantenimiento de todos los puestos de trabajo, asegurar todas las retribuciones y la recuperación del poder adquisitivo perdido los últimos años.
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