El caos de las tasas judiciales
Publicado en www.canalsur.es
La falta de criterios unificados a la hora de aplicar la nueva Ley de Tasas Judiciales está teniendo consecuencias indeseadas para los ciudadanos. La mala factura técnica de la Ley y la precipitación en su aplicación, está dando lugar a desigualdades. Dependiendo del partido judicial, los usuarios de la Justicia pagarán, o no pagaran, la nueva tasa.
Supongamos que usted se divorció hace algún tiempo y decide solicitar ahora la liquidación de gananciales. Si esa solicitud la debe realizar usted a un juzgado de familia de Córdoba o Málaga, está de enhorabuena porque no le exigirán el pago de la tasa.
Si por el contrario usted solicita esa misma liquidación a un juzgado de Granada o Madrid, está de mala suerte: deberá pagar 150 euros de tasa fija más el 0,5 % del valor del patrimonio común que quiere dividir. Una cifra que en algunos casos será muy elevada.
A pesar de que pueda parecer una broma hablar de mala o buena suerte en la aplicación de la Justicia, en este caso está justificado.
Jueces y Secretarios Judiciales de cada partido judicial se están viendo obligados a interpretar la Ley ante su falta de concreción y grandes lagunas.
"Continuamente se están remitiendo por los Secretarios Judiciales de toda España, Consultas al Secretario General de la Administración de Justicia, para la aclaración y unificación de criterios en orden a la debida aplicación de las tasas judiciales establecidas. No obstante, hasta ahora, no nos consta la resolución de las mismas". Así se expresa ante un auditorio repleto de abogados y procuradores perplejos, Pedro Alejándrez, Secretario Coordinador Provincial de la Administración de Justicia en Córdoba y profesor asociado de Derecho Procesal.
"Lo peor de esta Ley es que no está bien hecha, le falta la regulación de muchos supuestos que se están planteando en la práctica y que el legislador, con tanta urgencia y sin consulta con los Cuerpos Jurídicos, no se los ha planteado", añade.
La consecuencia es que unos pagan y otros no, por una misma potestad jurisdiccional. Algo que a todos luces es injusto. Y más cuando se trata de Justicia.
Entre los grandes objetivos de la Ley estaba, y está, disminuir el número de litigios. El ciudadano ante el pago de la tasa se vería persuadido de interponer demandas "innecesarias" y "obligado a pactar" extrajudicialmente. Así se ha argumentado por sus defensores, entre ellos el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Sin embargo, no es esta la impresión que está dando en su primer mes de vigor pleno. Una impresión que se ve corroborada por los datos. Los abogados agudizan su ingenio para ahorrar la tasa a su cliente. Donde antes ponían un pleito, ahora, si es necesario, ponen dos o más. "Existen determinados Partidos Judiciales en los que han aumentado las demandas, precisamente porque las reclamaciones de cantidad se han dividido, limitándose hasta los 2.000 euros, para evitar el pago de la tasa", confirma Pedro Alejándrez.
Por si fuera poco, la polémica Ley esta dando lugar a resoluciones judiciales que niegan su aplicación de plano. Es el caso del Magistrado Juez de los Social 1 de Benidorm. Carlos Antonio Vegas Ronda ha dictado una Resolución en ese sentido por entender que la norma es contraria al Derecho de la Unión Europea.
El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados recoge una declaraciones del Sr. Ruiz Gallardón: "La primera matización que quiero hace es que es preocupación y ha sido preocupación de todos los Grupos Parlamentarios que este proyecto de ley viera la luz... Por consiguiente, felicitémonos todos, señor López Riaño. Estamos en el buen camino. Queremos una justicia gratuita....”. Pero eso era lo que defendía en 1986 el padre del actual ministro.
