Conocido el anteproyecto de reforma de la LOPJ, que incluye todos los recortes y modificaciones del real decreto ley de 13 de julio para la administración de justicia, y, por el contrario, no introduce ninguna de las reclamaciones demandadas en los últimos años
MINISTRO DE JUSTICIA
C/SAN BERNARDO Nº 45
MADRID
Madrid, a 24 de septiembre de 2012
Sr. Ministro:
Hemos conocido extraoficialmente una segunda versión, que parece ya definitiva, del anteproyecto de reforma de la LOPJ, y nos dirigimos nuevamente a Vd para expresarle el profundo malestar de nuestro sindicato con esta modificación que el ministerio de Justicia propone para, entre otros objetivos, aplicar el Real Decreto Ley 20/2012 en la Administración de Justicia.
No es desconocido para Vd., y para el conjunto del Gobierno, nuestro rechazo frontal a dicho Real Decreto Ley, tanto por las formas, como se ha aprobado, como por su contenido. Y como sabe, de esa misma forma frontal lo rechazan los trabajadores de la Administración de Justicia, como el conjunto de los empleados públicos y de la ciudadanía.
Su aplicación a la Administración de Justicia con la modificación de la LOPJ es otra nueva actuación de este Gobierno y del ministerio de Justicia de modificar normas legales sin mediar ni siquiera la comunicación previa de su contenido a los trabajadores ni a sus representantes legales. No nos extraña, porque desde que este Gobierno tomó posesión hace ya 9 meses, sus actuaciones se han caracterizado por el máximo oscurantismo en sus decisiones, en engaños reiterados a los trabajadores, y en el incumplimiento sistemático de todas las promesas que anunciaron en su programa electoral.
Entrando en el fondo de la reforma de la LOPJ que ese ministerio de Justicia propone, le recordamos que las modificaciones que contiene, en relación con el texto actual de la ley en vigor, se realizan sobre algunas de las cuestiones que fueron negociadas por los máximos responsables del ministerio de Justicia en los años 2002 y 2003 con los representantes de los trabajadores, en las que se alcanzaron algunos acuerdos que permitieron que muchas de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia se consolidaran, creíamos honestamente que de forma efectiva y definitiva.
Por tanto, este Gobierno y el ministerio de Justicia, del que Vd. es titular, actúa no sólo de forma antidemocrática, porque estas reformas se hacen sin consultar a nadie y pasando por encima de los que somos afectados por la misma, sino también con una inmensa falta de respeto, absolutamente intolerable, hacia los que en la Administración de Justicia prestamos servicio, pues Vd. rompe unilateralmente con acuerdos que costaron meses construir en su momento, demostrando, desde nuestro punto de vista, que poco le importan los esfuerzos y los pactos y acuerdos que permitieron garantizar derechos básicos de los trabajadores, en este caso de los que trabajamos en la Administración de Justicia.
Desde CCOO insistimos en que son decisiones gravísimas y dictatoriales, la eliminación de la paga extra de diciembre de 2012, la supresión de seis días, de los nueve que tenemos hasta estos momentos, de asuntos particulares (recuerde, el doble de días de los eliminados al resto de empleados públicos) y los adicionales de asuntos particulares y de vacaciones por antigüedad, que estableció el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, y que le recordamos también fueron producto de un acuerdo entre el gobierno de entonces y los sindicatos representativos de la función pública.
En este sentido le recordamos Sr. Ministro, que no es tolerable que el ministerio de Justicia pretenda la reforma de la LOPJ para seguir actuando la Administración unilateralmente contra los derechos de los trabajadores pero también para incluir otras modificaciones que afectan exclusivamente a Jueces y Fiscales (estableciendo una nueva regulación de las sustituciones, por la que se da preferencia en su cobertura a jueces y magistrados de carrera sobre jueces sustitutos y magistrados suplentes, la potenciación de los jueces de adscripción provisional, así como la posibilidad de ausentarse de la sede del órgano judicial hasta un máximo de 3d/mes y no más de 9d/año) y, en cambio, siga incumpliendo compromisos adquiridos con los trabajadores en acuerdos firmados ya en el año 2005 por ese ministerio y las organizaciones sindicales más representativas, además de continuar haciendo oídos sordos a reivindicaciones de los trabajadores, que CCOO le ha reclamado reiteradamente y que exigimos se incluyan en esta reforma ineludiblemente, como:
-La reforma del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración de Justicia para equipararlo al de Jueces y Fiscales
-La reserva del puesto de trabajo al cuerpo de Gestión cuando se reintegran a su cuerpo desde la sustitución en el cuerpo de Secretarios Judiciales
-La reserva durante 3 años a los trabajadores de la Administración de Justicia en el caso de excedencia por cuidado de hijo, familiar….., ya contemplada en Jueces y Fiscales, por ejemplo.
-Permitir que todos los trabajadores que obtengan la titulación de acceso al cuerpo en el que se encuentran en activo o excedencia puedan abandonar la escala e integrarse en el Cuerpo.
-La extensión de los permisos a las parejas de hecho iguales a los que disfrutan por matrimonio.
- O la modificación del art. 502.2 donde se debería suprimir la obligación de disfrutar las vacaciones en períodos mínimos de cinco días hábiles, por lo que, si se acepta esta reclamación, los trabajadores podrían solicitar las vacaciones a partir de un solo día hábil y su acumulación con los días de asuntos particulares.
CCOO, el resto de organizaciones sindicales y los trabajadores les hemos manifestado, y vamos a seguir haciéndolo mediante la movilización permanente y creciente, nuestro profundo rechazo a las medidas establecidas en el Real Decreto Ley, propias de un Gobierno que no hubiera surgido de las urnas en unas elecciones democráticas, que vulnera los derechos de los trabajadores conquistados en muchos años, que modifican unilateralmente sus condiciones de trabajo para convertirlas en deplorables, que engañan a los ciudadanos incumpliendo las promesas anunciadas a bombo y platillo, y, por el contrario, hacen lo opuesto a lo que se comprometieron, y estas actuaciones, indiscutiblemente, les pasará factura.
