El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha anunciado que
en septiembre se celebrarán juntas de jueces y fiscales en toda España
para decidir qué medidas de presión se adoptan ante el recorte salarial
en el sector público, entre las que no descartan la
convocatoria de una huelga. En una entrevista con Efe, Bosch considera
que las medidas emprendidas por el Gobierno para paliar el déficit
suponen "el desmantelamiento del Estado social" y hacen que las
consecuencias de la crisis financiera recaigan sobre los sectores más
vulnerables de la sociedad.
Un punto de vista compartido,
según el portavoz de JpD -de corte progresista-, por todas las
asociaciones de jueces y fiscales, que "de manera unitaria" han
rechazado los recortes en el sector público y por lo que el próximo 21
de septiembre está previsto que se celebren juntas de forma simultánea
en todo el país. "Es una medida no habitual que anuncia cierta presión", apunta Bosch,
que indica que entre las opciones que se están valorando -aún no
planteadas formalmente- estudian realizar concentraciones a las puertas
de los sedes judiciales, la suspensión de señalamientos de juicios,
paros parciales o la convocatoria de una huelga.
Considera que en
el contexto actual se dan las circunstancias para ejercer esos derechos
"con cierta firmeza", ya que "en muy pocos meses" el Ejecutivo ha puesto
en marcha medidas que limitan los derechos fundamentales "con una gravedad que no tiene precedente en las últimas décadas". Y
esto, a su juicio, supone estar pasando "de un sistema que refleja
cierto igualitarismo a un modelo de enormes desigualdades sociales", en
el que se rompe con criterios de protección social y se protegen los
intereses de "determinadas minorías, como pueden ser las entidades
bancarias y las grandes empresas".
Para Bosch, a estas minorías no
se les exigen los mismos sacrificios que se están reclamando a otras
capas de la población que ven recortados sus derechos reconocidos
legalmente. "Ante esto solo caben dos alternativas: aceptar
estos recortes de derechos de forma resignada o ejercer de forma crítica
una serie de derechos como el de manifestación, libertad
expresión y en última instancia el de huelga", defiende el portavoz de
JpD, que también censura que el Gobierno "no aporte alternativas a esta
situación".
El Gobierno acalla las protestas
Por otra
parte, Bosch ha criticado también las reformas legislativas del Código
Penal anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
como la cadena perpetua revisable, el endurecimiento del vandalismo
callejero, la multirreincidencia o la modificación de la ley del aborto. "Se trata de reformas propias del populismo punitivo que no atajan los problemas reales
y que lo que buscan realmente es distraer a la sociedad a través de
golpes de efecto y de titulares", ha opinado. El grado de dureza de la
legislación penal española es "más que suficiente" y lo demuestra, según
JpD, el hecho de que con una de las más bajas tasas de delincuencia de
la Unión Europea, España tiene uno de los mayores porcentaje de
población reclusa.
Como ejemplo, cita Bosch, los desórdenes
públicos que se puedan cometer en actos de protesta, que "ya tienen
respuesta" en el Código Penal, y cree que su endurecimiento y tipificar
como delito medidas pacíficas de protesta, muestra la intención del
Ejecutivo. "En vez de intentar convencer a la población sobre la
hipotética bondad de las medidas anunciadas, el Gobierno pretende
silenciar las formas críticas de protesta y endurecerlas para disuadir al ciudadano de que participen en determinadas manifestaciones", apunta.
Sin embargo, Bosch echa de menos que en casos como los de la delincuencia económica haya una "respuesta penal más clara" ya que generan graves daños a la sociedad, y
en cambio sí se actúe sobre otras acciones que requerirían una
intervención social para poder evitarlas, como los delitos contra la
propiedad intelectual. "El modelo genérico del Gobierno en estos asuntos
parece que es el paso del Estado social a un Estado penal de forma que
se criminaliza la pobreza", ha concluido.
Fuente: Publico.es
