Los planes del Gobierno con los funcionarios están lejos de
detenerse. A medidas como la congelación salarial, la supresión de la
paga extra de navidad y la eliminación de los “canosos” y la mitad de
los “moscosos” probablemente se sumen otras iniciativas quizá menos
rimbombantes pero sí trascendentales para los trabajadores de la función
pública. Se trata de cambios en la carrera funcionarial, que tienen que ver con la promoción,
con los ascensos y descensos, dentro de los diferentes departamentos de
la Administración. De momento, es la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, la
que estudia qué reformas introducir.
Concretamente, es el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), el que promueve estas reformas. Para empezar, el INAP ha
lanzado un “grupo de investigación sobre nuevos modelos de carrera
administrativa” encabezado por cuatro docentes universitarios. Según puede leerse en la web del instituto,
el grupo constituye un “marco de reflexión general sobre el futuro de
las AAPP”. Ese marco, explican a Vozpópuli fuentes del ministerio, puede
tener tres patas: una, dirigida exclusivamente a la promoción interna; otra, encargada de examinar de forma más estrecha la labor de los funcionarios; y una tercera, tendente a definir quién puede copar puestos de altos cargos en la Administración para evitar desmanes acaecidos en el pasado.
La reforma de la promoción interna, explican las mismas fuentes, persigue evitar que la excesiva movilidad inter-funcionarial perturbe las tareas laborales;
en otras palabras, muchos funcionarios cambian de departamento porque
su nuevo destino les augura un sobresueldo, ya que son los complementos
salariales los que permiten elevar una paga normalmente moderada.
Hacienda quiere reducir esa dinámica, que será objeto de estudio por
parte del grupo.
Examen a funcionarios, límite de altos cargos
La segunda pata, la de la revisión de la labor ejercida por los
funcionarios, se enmarca en el polémico anhelo esgrimido por el
secretario de Estado de las AAPP, Antonio Beteta, de
que los funcionarios sean “más productivos” (“Tienen que olvidarse del
cafelito y de leer el periódico”, llegó a declarar Beteta en abril). En
este punto, el examen al que se someterán los funcionarios puede
determinar su promoción interna, e incluso su despido.
Finalmente, la presentación del grupo de investigación habla de
“evaluación y formación por competencias, especialmente para el caso de
los directivos públicos”. Aquí, lo que se pretende es limitar el acceso a estos puestos a determinadas categorías funcionariales.
Aunque las conclusiones de este comité están por ver (también está por
ver qué decide Hacienda sobre las mismas), la creación de un cónclave
con el mero fin de estudiar tales aspectos es, cuando menos,
sintomática. Los miembros del grupo son la catedrática de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Sevilla María José Rodríguez Ramos, el
profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid
José Manuel Ruano De la Fuente, el profesor de Políticas de la Pompeu
Fabra Miquel Salvador Serna y el profesor de Derecho Administrativo de
la Universidad de Cádiz, Luis Miguel Arroyo Yanes.
Fuente: vozpopuli.com
