EL PLAN PREVÉ RECORTAR LOS GASTOS DE PERSONAL EN MÁS
DE 14.000 MILLONES HASTA 2014
El gobierno
de Rajoy ha aprobado y remitido Bruselas el llamado Plan Presupuestario
2013-2014, que prevé un ajuste de más de 100.000 de euros hasta 2014. Este
llamado ajuste de realizará sobre todo recortando el gasto y, en menor medida,
aumentando impuestos, fundamentalmente el IVA. De este modo, se disminuye
drásticamente el gasto público, recortando la protección a los desempleados, la
dependencia y el presupuesto general de las administraciones públicas.
En materia
de función pública la reducción prevista es de más de 14.000 millones de euros,
en lo que queda del presente año y
durante los años 2013 y 2014. En esta cantidad se incluyen la supresión de la
paga extra de Navidad de este año, la eliminación de días de asuntos
particulares (en nuestro caso, además de los adicionales por antigüedad,
perdemos 6 días), la reducción de la protección en situaciones de IT, la
disminución de créditos horarios sindicales y la congelación de la oferta de
empleo público.
Además el
Plan anuncia una reestructuración completa del sector público autonómico y la
redefinición de competencias de los ayuntamientos.
A pesar de
la falta de concreción de algunas medidas sí podemos afirmar ya que los planes
del Gobierno pasan por seguir ahondando en la destrucción del precario estado
del bienestar de nuestro país, por subir impuestos indirectos y, por tanto,
regresivos como el IVA, y al tiempo por aprobar nuevos regalos al sector
empresarial en forma de rebaja en las cotizaciones sociales. En cuanto a las
administraciones públicas se deja claro que no habrá oferta de empleo público
en los próximos dos años con lo que ya sumarían tres sin convocatoria. En este
sentido el ahorro que se anuncia en el sector público solo puede significar
nuevos recortes de derechos, consolidación, cuando menos, de las reducciones
salariales, disminución de las plantillas, y, en resumen, más trabajo con menos
derechos y retribución.
Como
empleados públicos y como ciudadanos es imprescindible rechazar este Plan que
solo puede empeorar aún más nuestras condiciones laborales y acabar con
derechos sociales básicos. Cada nueva medida del Gobierno es una nueva agresión
a la mayoría de la población y a sus condiciones de vida y un nuevo paso hacia
el empobrecimiento y la falta de derechos de la ciudadanía.
Frente a
estas acciones gubernamentales, las movilizaciones de rechazo tienen que seguir
y aumentar hasta donde sea necesario para detener el atropello al que estamos
siendo sometidos. Por todas estas razones en agosto se mantienen las
movilizaciones que en los próximos meses irán a más.
