Señorías, otra de las reformas necesarias es la que concierne a la Administración de Justicia. La Justicia es el poder que garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos, pero también es un factor esencial de competitividad y de confianza en las instituciones.
De acuerdo con el Informe Global de Competitividad del World Economic Forum, España ocupa el puesto 63 entre 142 países en eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias. Lisa y llanamente, esto no puede seguir así.
La Administración de Justicia ha de ser un servicio público moderno y de calidad. Debemos promover un uso eficiente y coordinado de las nuevas tecnologías, compatibilizando los ocho sistemas informáticos actuales, que son incompatibles entre sí. Y abordar los cambios en el modelo de la oficina judicial que aseguren la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales.
De la misma manera, hay que simplificar procedimientos, reforzar del principio de oralidad, revisar el sistema de recursos e incorporar los juicios rápidos al ámbito civil.
Para reducir la litigiosidad, debemos mejorar la seguridad jurídica a través de un marco normativo claro - ya lo he dicho antes, menos y mejores leyes- y una administración de justicia profesional, especializada y eficaz. Aprobaremos una nueva Ley de Mediación y Arbitraje como mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, así como una Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y propiciar el respeto a su independencia e imparcialidad, tanto en lo que afecta al órgano de gobierno de los jueces, como al Tribunal Constitucional.
Las reformas que vamos a acometer persiguen, tanto agilizar y mejorar su funcionamiento, como reformar el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad, así como dar mayores garantías de independencia en los nombramientos de sus miembros.
Les anuncio que me propongo abordar de manera inmediata, en diálogo con la oposición, el proceso de renovación pendiente en el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que otros igualmente abiertos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Radio Televisión Española, a fin de que puedan estar resueltos en el plazo de los próximos tres meses.
