15.12.2011.- Juan Rossell, presidente de la CEOE, ha realizado unas declaraciones sobre los dos informes presentados ayer sobre la eficiencia del sector público y del traspaso de competencias, en las que afirma que sobran empleados públicos y es adecuado que a ese excedente se le pueda despedir.
Estas declaraciones suponen el último de una larga y repetida serie de ataques a lo público y a sus empleados que el presidente de la CEOE viene encabezando desde que era presidente de la patronal catalana Fomento de Empleo.
La FSC-CCOO manifiesta la gravedad de este ataque a lo público a partir de informes con escasa fundamentación científica. Si se quiere comparar el número de personas empleadas en los servicios públicos en la Unión Europea hay que acudir al informe, "Administración and the Civil Service in the EU Member Status" -elaborado por el Ministerio de Presupuestos, Cuentas Públicas y Administración Pública Francesa- el único que arroja estos datos. Según el mismo, el 13% de la población activa española trabaja en el sector público, siendo éste porcentaje uno de los más bajos de la UE-15. La media europea es de 16%. Pero, además, si se atiende a la información de la OCDE, en los países europeos con las economías más competitivas y eficientes del mundo ese porcentaje aumenta hasta el 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
A tenor de esta comparación con nuestros países vecinos, en España, no sobran sino que falta personal funcionario. Y esto, principalmente, porque nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado. El gasto social es aquí, aproximadamente, el 72% de su media que en la Europa de los 15.
Nuestro país destina alrededor de 100 millones de euros al pago de los salarios de las empleadas y empleados públicos, actualmente algo menos del 10% del PIB. Si tenemos en cuenta el volumen del personal empleado en las Administraciones Públicas es, según el Registro Central de Personal de los Empleados Públicos, es de alrededor de 2.600.000. A partir de estas cifras se pude comprobar cómo los salarios están en la media del coste laboral de las empresas privadas.
Rosell, obvia que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó en 2010 más de 42.000 millones de euros, lo que representa más del 40% del total de las retribuciones de los empleados públicos, y casi la mitad de los 92.000 millones de déficit publico del ejercicio de 2010.
Es evidente que la patronal no solo quiere acabar con lo público y su personal, con la gravedad para la población española recortar en educación, salud, pensiones o en servicios a la dependencia.
Todas estas medidas, que presenta el presidente de la patronal española, en tiempos de crisis no suponen más que destruir empleo en tiempos de crisis. Propone reducir la capacidad de control de las Administraciones y obstaculizar la transparencia fiscal -ya que España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales-.
La conclusión final para la FSC-CCOO es que Rosell miente, que protege a los que defraudan, que pretende destruir empleo, que sus objetivos no son el crecimiento, ni la creación de empleo, sino aprovechar la crisis para introducirse en los servicios públicos, con la única finalidad de continuar obteniendo beneficios. Por contra la FSC-CCOO cree que es necesario mantener, y en algunos casos incrementar y mejorar los recursos públicos, para continuar creando riqueza y bienestar.
