En el BOE de hoy, 11 de octubre, se ha publicado la Ley de medidas de agilización procesal entre las que se encuentran medidas que CCOO denunciamos como un nuevo recorte de derechos de los ciudadanos pues atentan contra el derecho a la tutela judicial efectiva, tratando de disuadir a los mismos de acudir a los tribunales.
Medidas como la elevación de los límites cuantitativos de los asuntos para ser susceptibles de recurso de apelación o casación, o la supresión del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en aquellos juicios verbales que no superen los 3.000€, o el cambio en la regla general para la imposición de costas que supondrá la condena para aquella parte que vea desestimada totalmente su pretensión, aunque hubiera litigado con buena fe.
CCOO condenamos estas medidas, pues son regresivas, recortan derechos y no solucionan las graves carencias de la administración de Justicia
A continuación reproducimos la hoja informativa que hemos elaborado al respecto
Publicada en el BOE de hoy, 11 de octubre, la Ley de medidas de agilización procesal
Modernizar y agilizar la Justicia no puede ser la excusa para un nuevo recorte de derechos a los ciudadanos.
Con esta Ley se constata nuevamente que en todas las reformas procesales impulsadas por el Ministro Caamaño se han incluido medidas que atentan directamente contra el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos pues, ¿a qué otra cosa si no se refiere el propio Preámbulo de esta ley cuando habla de “medidas orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales”?
CCOO –al igual que muchas asociaciones de profesionales del ámbito de la Justicia- ya denunció el pasado mes de febrero el contenido del anteproyecto presentado y que ha dado lugar a esta ley y además hemos presentado ante el Parlamento enmiendas de supresión de los artículos encaminados a limitar el derecho de los ciudadanos de poder acceder a la Justicia.
Sin embargo, el gobierno primero y el Parlamento después han optado por poner más trabas al ciudadano para ejercitar su derecho a la tutela judicial efectiva, pues en definitiva reformas como elevar la cuantía de los procedimientos que se tramitan por el procedimiento abreviado en la jurisdicción contenciosa (aquella que resuelve los litigios entre el ciudadano, y los empleados públicos como tales, y las Administraciones Públicas) de 13.000€ a 30.000€ o elevar los límites cuantitativos para poder recurrir en apelación o en casación las sentencias que se dicten, o, que en la jurisdicción civil (aquella que resuelve los litigios que se suscitan entre ciudadanos) se excluya directamente la posibilidad de interponer recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los juicios verbales cuando éstos no superen los 3.000€, es dejar fuera de los juzgados numerosos asuntos que importan al ciudadano de a pie, pues los ciudadanos con importantes recursos económicos o con pleitos de grandes cuantías no se verán afectados.
Otra de las modificaciones importantes de esta ley se refiere a la Condena en Costas, pues invierte la regla general que imperaba hasta ahora de condenar en costas a aquel demandante que, habiendo sido desestimada su pretensión, hubiera actuado con temeridad o mala fe, por la del vencimiento puro y duro, esto es, a partir de ahora, se impondrán las costas a la parte que haya visto desestimada totalmente su pretensión, aunque hubiera litigado con buena fe.
¿Es esto agilizar la Justicia o más bien son medidas que van encaminadas a disuadir a los ciudadanos a no ejercitar su derecho a acudir a los tribunales o que, si acuden demandando Justicia y su pretensión es desestimada, tengan que pagar las costas procesales?
En un momento en el que los Servicios Públicos están en el punto de mira de los gobernantes, en el que los recortes sociales y de derechos se suceden aquí y allá, la Justicia, otro Servicio Público que aunque menos apreciado como tal por los políticos, medios de comunicación e incluso por los ciudadanos, es quizás el otro gran S.P. que, junto con la Educación y la Sanidad, debe ser protegido por un Estado que se denomina constitucionalmente “Social y Democrático de Derecho”, pues precisamente esto garantiza no solo el que cualquier ciudadano sea igual ante la ley sino que todos tengamos las mismas garantías para acceder a ella.
Estas medidas vienen a sumarse a otras aprobadas anteriormente en distintas reformas de leyes procesales y que CCOO ha venido denunciando desde hace ya algún tiempo que llevan implícita esta misma filosofía de recortar derechos a los ciudadanos y a los propios empleados públicos, por ejemplo
- la privatización de servicios netamente judiciales como es la notificación de resoluciones judiciales por los Procuradores, pagando previamente dicho servicio por la parte que así lo desee, cuando estas notificaciones son realizadas como parte integrante de este Servicio Público por los propios empleados públicos de la Administración de Justicia, o
- la obligatoriedad de constituir un depósito para recurrir en los asuntos derivados de las condiciones laborales de los empleados públicos
Con todas estas medidas aprobadas ya no sería necesario introducir el llamado “Copago judicial” que, aún tímidamente, vienen reclamando algunos gobernantes, como este pasado verano propuso el mismísimo Conseller de Justicia del País Valenciá o más recientemente la propia presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia partidaria de introducir el copago judicial para “evitar determinado tipo de abusos, descongestionar los juzgados y cofinanciar este servicio básico”
Para CCOO este tipo de medidas son regresivas, recortan derechos de los ciudadanos conseguidos históricamente y no van a solucionar las graves carencias de la justicia. Los ciudadanos ya pagan con sus impuestos para recibir una serie de servicios que son y deberían seguir siendo públicos y no deben de pagar doblemente por culpa de una mala gestión de los gobernantes. La Justicia es un derecho universal y no puede limitarse el acceso a ella a través de medidas que implican privatizaciones encubiertas o repagos, que harían inaccesible este servicio público de la justicia a los más desfavorecidos.
Si verdaderamente se pretende agilizar la administración de Justicia todo pasa por incrementar la inversión pública en la creación de juzgados, dotándolos de plantilla suficiente, en infraestructuras y en una verdadera modernización tecnológica que funcione.
A este paso a La Justicia, que se simboliza con una venda en los ojos y una balanza, habrá que añadirle una caja registradora y una máquina para cobrar con tarjeta.
