Publicado en www.europapress.es
La Abogacía pide un gran pacto de Estado sobre Justicia y critica las afirmaciones "brutales" de los políticos contra esta Administración
Carnicer y Toharia |
La confianza de los españoles en el Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia ha caído durante los tres últimos años coincidiendo con la crisis económica, al tiempo que ha crecido el número de ciudadanos que piensa que los jueces y magistrados están "fuera de onda" y que sus sentencias se convierten en "papel mojado" ya que "no se cumplen o se cumplen tarde y mal".
En total, el 54 por ciento de los ciudadanos considera que España está en este sentido en peor situación que el resto de países avanzados y otro gran porcentaje de ellos opina que los jueces están "fuera de onda", alejados de los problemas reales de la sociedad.
Así se desprende del IV Barómetro Externo de la Abogacía 'La imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española', elaborado por Metroscopia, que ha sido presentado este martes por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, en la sede del CGAE en Madrid.
El informe, que ha recogido la opinión de 4.000 entrevistados, desprende que se ha reducido el número de ciudadanos que valora positivamente la garantía y la protección de los derechos fundamentales. Así, el 55 por ciento cree que España se encuentra en un nivel intermedio dentro del grupo de los países más desarrollados, mientras que un 33 por ciento de la población considera que está en el furgón de cola (hace tres años sólo el 17 por ciento de los encuestados tenía esta opinión).
Para el presidente de los abogados españoles, Carlos Carnicer, el balance del barómetro arroja que "estamos en un momento extraordinario" para acometer "la gran reforma de la Justicia" a través de un pacto de Estado, más prolongado del suscrito en 2001. "Hace falta un grandísimo pacto de Estado que empiece por que el Ministerio de Justicia se llame Ministerio de relaciones con la Administración de Justicia, por que el Consejo General del Poder Judicial sea Consejo General de Magistratura y que las comunidades autónomas aclaren sus competencias para no liar a la ciudadanía", ha señalado.
En cuanto al diagnóstico que los sondeados hacen sobre la Administración de Justicia, la mayoría opina que ésta funciona mal y es lenta, anticuada y complicada. A este respecto, estima que es "tan lenta que más vale evitar acudir a ella", que su lenguaje y sus procedimientos son "excesivamente complicados y difíciles de entender" para el ciudadano medio y que, en muchas ocasiones, las sentencias se quedan en papel mojado ya que "no se cumplen o se cumplen tarde y mal".
Preguntado si declaraciones de dirigentes políticos negándose a cumplir resoluciones judiciales, como el auto sobre la inmersión lingüística del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, influyen en esta valoración, Carnicer ha afirmado que "manifestaciones a veces brutales contra la eficacia de la Justicia" afectan a que los ciudadanos piensen que las resoluciones son "papel mojado".
ABOGADOS Y NOTARIOS MEJOR VALORADOS
Tanto Carnicer como Toharia se han mostrado satisfechos por la notable valoración que tienen los entrevistados sobre la actuación de los abogados. Según el estudio, un 55 por ciento de los españoles reconoce haber acudido a un despacho de un letrado y puntúa la satisfacción con los servicios recibidos en un 6.9, valorando especialmente la atención y el trato prestado, su preparación técnica e interés por el asunto y el importe de los honorarios cobrado.
Según ha explicado Toharia, los abogados son junto a los notarios los operadores jurídicos mejor valorados. En concreto reciben una puntuación de 5.2, por debajo de los científicos (7.4), los Cuerpos de Seguridad (6.6), las Fuerzas Armadas (6.4), las ONG (6.2), la Seguridad Social (6.1), las emisoras de radio (5.8) y el Rey (5.6). Se encuentran así por encima de fiscales, magistrados, bancos o de instituciones como el Defensor del Pueblo.
El presidente de Metroscopia ha explicado que la crisis económica conlleva un clima de desánimo que daña la confianza en las instituciones. "La ciudadanía tiene la percepción de que en calidad de la democracia hemos perdido", ha precisado.
Los encuestados agradecen la capacidad de los abogados para buscar un acuerdo razonable que ponga fin a la disputa (lo valoran especialmente un 62 por ciento) y su experiencia en los juicios (35 por ciento). No obstante, un 85 por ciento ve necesario que las nuevas promociones cuenten con formación adicional para ejercer la Abogacía, lo que, para el CGAE, supone un amplio apoyo a la Ley de Acceso por la que se requerirá un master a los nuevos letrados.
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