10.06.2011.- La Secretaría de la Mujer de CCOO se adhiere al comunicado de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas sobre el derecho al aborto, ante la negativa a realizar una interrupción de embarazo a una niña de 12 años, embarazada como consecuencia de una violación.
Ante la noticia aparecida en prensa el pasado 3 de junio, sobre la negativa a realizar una interrupción de embarazo a una niña de 12 años, embarazada como consecuencia de una violación, obligándola a llevar a término su embarazo por estar de más de 22 semanas de gestación y no entrar dentro de los supuestos de la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la Secretaría de la Mujer de CCOO se adhiere al comunicado de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas sobre el derecho al aborto.
Las asociaciones feministas han expresado su máximo apoyo y solidaridad con la menor y manifestado su alarma y preocupación por la situación tan dramática e injusta que está viviendo, además de las secuelas físicas, psíquicas y el riesgo vital, que se le pueden causar a su vida y su futuro, si es obligada a una maternidad no deseada producto de una violación.
Consideran que "lamentablemente, esto ha sido posible por las restricciones existentes en una ley que permite que puedan darse casos tan graves como el ocurrido. Las graves deficiencias que presenta la nueva ley de aborto, en relación al reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su vida. En la actual ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo se ha producido un retroceso legislativo respecto a la anterior normativa, basado en la restricción del concepto integral de salud acuñado por la OMS."
En este sentido, como ya denunciaron en su día, "esta nueva ley no contempla la interrupción sin plazo cuando exista un pronóstico de grave riesgo para la salud física y psíquica de la mujer, dejando así desprotegidas a las mujeres en las situaciones más difíciles, cuando presentan más 22 semanas de gestación, sin tener en cuenta los riesgos que pueden causarlas la obligación de llevar a término un embarazo en dichas circunstancias. La desprotección de las mujeres frente a sectores profesionales que tratan de imponer las lecturas más restrictivas de la ya restrictiva ley recientemente aprobada."
Por todo ello exigen:
"Que el equipo médico reconsidere su postura y vuelva a realizar una evaluación reconociendo el riesgo vital que conlleva para la menor llevar a término un embarazo en estas circunstancias.
Que en la evaluación del juez, se priorice ante todo el interés de la menor gestante en todas sus dimensiones: físicas, psíquicas y sociales.
Que se esclarezcan si ha existido dejadez y/o dilación en el tiempo por parte de las administraciones correspondientes, que haya podido favorecer la superación de las 22 semanas de gestación, y por lo tanto no entrar dentro de los supuestos reconocidos en la ley.
De confirmarse esta situación, desde las organizaciones feministas exigimos que se diriman las responsabilidades jurídicas oportunas contra quien pueda proceder.
Una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo. Esta decisión puede venir motivada por muy distintas circunstancias: riesgo para su salud, malformación fetal, o muchas otras cuestiones que afectan a su bienestar físico y emocional y a su proyecto de vida. Cuestiones sobre las que sólo la mujer puede determinar su valor e importancia para su vida. Debiendo respetarse el carácter soberano de su decisión que no puede ser impuesta externamente por nadie.
Un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y por tanto regulado en el Código Penal, y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su maternidad.
El reconocimiento de este derecho preciso y claro, de forma que su práctica no se vea condicionada ni obstaculizada por la valoración y juicios morales de terceras personas o por la ausencia de servicios.
La cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en la red hospitalaria y extrahospitalaria pública de forma que se garantice el carácter universal de esta prestación y se normalice como prestación sanitaria.
Una regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites y que garantice que todos los centros públicos dispongan de los equipos de profesionales necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres, habiendo pública la relación del personal objetor y garantizando que el nuevo personal contratado no se acoge a esta figura."
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