Publicado en www.europapress.es
Piden también la interconexión informática de los órganos judiciales y suprimir la interinidad funcionarial
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Mariano Durán, ha propuesto este jueves despenalizar las faltas, incrementar el número de jueces y sedes judiciales, y potenciar las vías alternativas de resolución de conflictos a través del arbitraje y la mediación con el objetivo de reducir la litigiosidad en los juzgados.
Durán se ha pronunciado de esta manera en su primera rueda de prensa desde que tomó posesión de su cargo hace algo más de tres meses. En concreto, ha presentado un Plan de Choque de la Abogacía Valenciana para agilizar la Justicia y ha lanzado la idea de trabajar en el 'Libro Blanco de la Justicia Valenciana' para identificar y proponer alternativas reales a las necesidades en esta área.
El decano del Icav se ha referido en primer lugar a la "excesiva litigiosidad" que existe en los juzgados, lo que repercute en un "colapso judicial". Para hacer frente a este "problema", ha abogado por revisar la legislación en determinados puntos, como por ejemplo reabriendo el debate sobre la despenalización de las faltas, la simplificación de los procedimientos o el fomento de la virtualidad de la prueba pericial.
Sobre la despenalización de faltas, ha explicado que "hay juicios de faltas muy simples, como por ejemplo peleas de vecinos que acaban en un juicio de faltas con abogados, el juez de turno y el funcionario y, al final, con una multa". "Y no hemos solucionado nada", ha dicho, porque cuando termina el juicio, estos vecinos "siguen igual".
Además, ha apostado por potenciar las vías alternativas de resolución de conflictos a través del arbitraje y la mediación; y por exigir a las administraciones competentes un incremento realista del número de jueces y de sedes judiciales. También ha abogado por implantar definitivamente la nueva Oficina Judicial y mejorar su planteamiento con la puesta en marcha del expediente electrónico para no perder documentos.
Durán también se ha referido a la "escasez" de recursos del sistema y ha recordado que tan sólo el uno por ciento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España se dedican a Justicia, frente al tres o cuatro por ciento de otros países del entorno. En este sentido, ha dicho que "a veces es cuestión de cómo se gestionan las cosas y de un poco de imaginación".
Por ello, ha reclamado que las administraciones competentes --Generalitat valenciana y Ministerio de Justicia-- racionalicen el presupuesto y prioricen anualmente una reserva presupuestaria "realista", "de acuerdo con las necesidades del sistema", ha comentado.
Junto a ello, ha abogado por aprovechar las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para ahorrar costes y mejorar eficiencia; y fomentar el reciclaje de materiales en los juzgados.
Sobre las nuevas tecnologías, ha indicado que es "necesario" la interconexión informática de los juzgados; desarrollar y fomentar el expediente digital y el uso de la firma digital; e implantar el expediente electrónico de Justicia Gratuita, que optimizará la gestión del servicio reduciendo costes de tiempo y económicos.
Durán ha señalado asimismo que falta intervención de la Abogacía en la toma de decisiones sobre la Administración de Justicia; y adaptación a los estándares profesionales propuestos por la Unión Europea. En este punto, ha reclamado la supresión de la interinidad funcionarial en los juzgados; y un incremento de la formación de funcionarios interinos.
SISTEMA "CAÓTICO"
El decano también ha asegurado que existe un "caótico" sistema de gestión de la Justicia, repartida entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas. Por ello, ha recomendado que se refuerce la autonomía presupuestaria del Consejo y se cree un Centro Logístico en la Comunitat que pueda atender las necesidades materiales de los juzgados.
Respecto al Turno de Oficio ha indicado que la dotación es "escasa", ya que el presupuesto establecido para 2011 es de poco más de 16,5 millones de euros, cuando el coste real oscila entre 22-24 millones. Sobre este tema, al ser preguntado por si la Conselleria de Justicia está al corriente de los pagos, ha indicado que "en este momento sí".
Por otro lado, Durán ha manifestado su voluntad de promover la elaboración de un Libro Blanco de la Justicia en el que participen conjuntamente los distintos agentes e instituciones implicadas en la Administración para identificar las "necesidades" en esta materia y proponer alternativas de solución.
Al ser interpelado por cuándo estará listo este libro, ha respondido: "no depende tanto de nosotros como del resto de agentes implicados a los que queremos invitar: fiscales, el TSJ, procuradores, notarios, asociaciones de consumidores...". No obstante, ha mostrado su deseo de que se pueda presentar a lo largo de este año.
Por último, ha afirmado que es "necesario" un pacto de Estado en materia de justicia que, como servicio público, "debe de ser una prioridad". "Debe haber voluntad política y después es cuestión de identificar los problemas y poner soluciones", opina.
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